Este miércoles pasado, a bombo y platillo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presentó el llamado “repositorio sobre procedimientos judiciales de corrupción”. Un informe que recoge todos los procedimientos penales por este tipo de delitos sobre los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento. En los quince meses reflejados, por ahora, en este archivo, desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de septiembre, se dictaron 99 sentencias por corrupción, de las que el 72,7% fueron condenatorias. En cambio, Lesmes fue triunfalista y manipuló los datos al señalar que, durante ese periodo “1.378 personas habían sido procesadas por corrupción, 91 al mes, 3 al día”. El problema es que procesar no es lo mismo que condenar. La conclusión es evidente: los delitos en esta materia siguen sin ser perseguidos con contundencia.
Las cifras que contiene el informe abarcan los procedimientos instruidos en los juzgados de Instrucción, de lo Penal, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo tanto por casos de corrupción administrativa (protagonizada por funcionarios públicos o personas no funcionarias que prestan sus servicios en la administración pública) como por corrupción política (delitos cometidos por gobernantes y políticos en el ejercicio de su cargo).
Los delitos de corrupción siguen sin ser perseguidos con contundencia
Entre las conductas que recoge se sitúan la prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraude y exacciones legales, negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, abusos en el ejercicio de su función y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Los delitos más frecuentes que se contienen en las sentencias condenatorias son los de prevaricación administrativa, urbanística, y malversación. El archivo aporta también datos sobre las personas encarceladas por estos delitos. A 1 de enero de este año había en España 82 penados (47 con el delito de malversación como delito principal y 25, por cohecho) y cinco preventivos. Del total de los 1.378 procesados en el periodo recogido en el informe, el 77% son hombres, y 318 mujeres. También figura información sobre la nacionalidad de los implicados: 1.174 son españoles, 34 de Estados miembros de la UE y 170 extracomunitarios.
En la presentación de este “repositorio”, Carlos Lesmes alabó la labor de los jueces “para combatir estos delitos”. No obstante, los partidos políticos representados en el Congreso, consideran “insuficientes” estas cifras y creen necesario recrudecer su lucha, incluso si hace falta dotando con más medios materiales y humanos las instancias necesarias para combatirlos como son las policías judiciales, Udef y UCO, y la Fiscalía Anticorrupción.
Y a los que condenan, tienen penas que parecen una broma.