Uno de los problemas de la saturación de información es que nos anestesia respecto de las implicaciones que contienen las noticias sobre corrupción que nos llegan. Estamos tan acostumbrados a digerir las corruptelas de nuestras clases dirigentes que ya empiezan a convertirse en una pieza más del decorado de nuestra gravemente herida democracia. Desde Fiscales Jefe Anticorrupción maniobrando para evitar diligencias de investigación sin una razón creíble que no sea presuntamente beneficiar al partido gobernante; hasta el nombramiento como comisario honorario de la Policía a Francisco Marhuenda por parte del inefable ex Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz (en aquel momento en funciones), siendo Marhuenda noticia por estar imputado (ahora investigado) por presuntamente coaccionar y formar parte de una organización criminal, aunque resultando finalmente archivada su imputación por las benévolas declaraciones de Cristina Cifuentes al respecto. Esto es parte del panorama del estercolero del que cada vez vamos teniendo más información y que cómo no, afecta de manera muy directa a la Policía como institución. 

En las últimas fechas parece ser que las investigaciones de mayor relevancia contra la corrupción se están produciendo desde la Guardia Civil y que un diseño de nombramientos de las cúpulas policiales en los últimos años parece que ha hecho mella para que la UDEF se haya quedado un poco descolgada en esta lucha contra la corrupción.

Desde el sindicato al que yo pertenezco y represento, la Agrupación Reformista de Policías (ARP), tenemos una posición de la más enérgica repulsa cuando tenemos conocimiento de la concesión de medallas a vírgenes, de nombramientos como el del último jefe superior de Policía Nacional en Cantabria que al parecer fue indultado por torturas, de la existencia de investigaciones a través de informaciones reservadas a policías sindicalistas sin control de ningún tipo para reprimirles por denunciar conductas policiales contrarias al respeto a los derechos humanos o a la creación de unidades policiales contra adversarios políticos en una clara reminiscencia de la Brigada Político Social franquista.

Desde un amplio sector corporativista en la Policía no se hace autocrítica y se vive en una especie de “Mundos de Yupi” solo centrándose en las intervenciones policiales exitosas, o se traslada la imagen del impostado “heroísmo” y patriotismo del colectivo, o se apoya desde determinadas unidades contra la corrupción a mandos caracterizados por no ser adalides en esa lucha pero muy agradecidos y generosos por ese apoyo a través de concesión de medallas, o se ataca a aquellos funcionarios incómodos con el establishment y todo ello bajo el amparo de políticos sin escrúpulos que hacen uso torticero de nuestra función. Y mientras esto ocurre nos van alejando progresivamente cada vez más de la estima de la ciudadanía.

Y esto que digo ahora de la desvalorización progresiva de nuestra imagen social ya lo adelanté en el año 2013 en una ponencia de mi autoría titulada “La imagen de la Policía”, dentro del Congreso Nacional del sindicato policial mayoritario, en aquel momento sindicato policial progresista de referencia y al que yo pertenecía.

En aquella ponencia se argumentaba que a partir del año 2008 se había producido un aumento progresivo de las manifestaciones en el territorio nacional y del número de participantes debido a la crisis y los recortes gubernamentales. Y que en una herramienta fundamental para conocer dichos datos, como era el anuario estadístico del Ministerio del interior, se empezó a modificar su diseño metodológico a partir del año 2008, detrayendo parámetros y datos de gran importancia como el número de participantes. Impidiendo de esta forma el transparente y relevante conocimiento de los hechos. Y a su vez que este aumento produjo un descenso progresivo de la confianza en la Policía con respecto a otras instituciones, como así revelaban los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas que por primera vez en mucho tiempo dejaban en un segundo lugar a la institución policial por detrás de la de la Guardia Civil. Y dicho deterioro se sustentaba también en el uso político de la función policial en las manifestaciones.

Además ya adelantaba la ponencia lo que iba a ser el futuro desarrollo de la conocida como Ley Mordaza al instalarse un endurecimiento del trato a la ciudadanía con las masivas e indiscriminadas identificaciones en las manifestaciones y la desproporcionada utilización del procedimiento sancionador con la pretensión de vaciar de contenido el derecho de reunión y manifestación.

Pues una propuesta para mejorar esa imagen era la creación de una plataforma o foro contra la corrupción dentro del sindicato entre cuyos objetivos principales se podrían encontrar: 

“Reivindicar y promover ante los grupos parlamentarios la inclusión real y efectiva de los sindicatos y de todas las instituciones del Estado en la futura ley de transparencia y buen gobierno. Y en caso de hacerse realidad dicha inclusión, realizar un seguimiento para observar su efectivo cumplimiento.”

“Creación  de un “Observatorio de la corrupción”, que sea una suerte de “buzón” para recibir informaciones provenientes, tanto de los policías en clave interna o externa, como de los ciudadanos, ya sea a través de redes y medios sociales en línea o cualquier otra vía, donde de manera confidencial se estudien minuciosa e individualmente, al objeto de poder dar “efectivo” curso a dichas informaciones recibidas, de la forma que mejor proceda y en garantía de la legalidad.

“Impulso y realización de cursos formativos internos sobre la corrupción, pero enfocados más que a la operativa policial, a perfeccionar la formación ética de todo el colectivo policial en aras a una mejor identificación y eliminación de las conductas corruptas en cualquier nivel institucional o social.”

“Realización, colaboración y participación en foros, debates, jornadas, seminarios, etc., con objeto de intercambiar información con otras instituciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil al objeto de crear sinergias con el objeto de obtener  una mayor efectividad en la lucha contra la corrupción.”

Dicha propuesta aprobada por la totalidad de los representantes de dicho Congreso Nacional quedó intencionadamente sin desarrollo posterior. Si a eso se suma la retirada también de la causa de la denuncia del ático de Ignacio González, se puede entender el cambio de rumbo y la “salida” de allí de algunos sindicalistas.

Pues en la Agrupación Reformista de Policías (ARP) hemos recogido en nuestro proceder y estatutos la lucha denodada contra los abusos y la corrupción denunciando toda aquella conducta de la que tengamos conocimiento preferentemente en el ámbito profesional de nuestros afiliados. No se puede ser un colectivo, el policial, represor de la corrupción si no sabemos limpiar nuestra propia casa de conductas indignas y dejamos de mirar para otro lado.

Si no nos indignamos ante la concesión de medallas pensionadas a mandos por servicios prestados en una especie de pensión encubierta; o ante la vulneración de los Derechos Humanos por parte de elementos del colectivo que manchan el nombre del resto de policías; o ante la utilización política de nuestra función; o ante el enriquecimiento o condición privilegiada de determinadas cúpulas policiales sindicales a espaldas de su afiliación; o si exculpamos a determinados jefes policiales indultados por torturas argumentando dichas torturas como altercados de juventud; o miramos a otro lado ante el abuso de determinados policías en sus atribuciones nos convertiremos en un eslabón más del problema.

Por eso y para poder cambiar el signo de la mala imagen de nuestra labor que progresivamente unos elementos internos perniciosos han instalado de manera injusta en la opinión pública, debemos aislarles y denunciarles.

Hemos llegado a ese punto de no retorno en el que, o los policías nos consideramos también parte del problema y hacemos criba con aquellos que ensucian nuestro nombre, o sumidos en la complacencia y falta de capacidad de análisis introspectivo no recuperaremos esas cotas de aceptación que podríamos obtener como auténticos adalides de servicio a la ciudadanía.

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