Si en este país los que tienen o han tenido la responsabilidad de controlar y luchar contra la corrupción – políticos, funcionarios, policías, jueces, fiscales o periodistas – hubiésemos cumplido con más y mejor decencia profesional nuestra función, seguramente España no habría notado tanto el zarpazo de la crisis económica. Esa crisis que la derecha política ha solventando liquidando derechos sociales mientras acudía al auxilio del sistema financiero con cargo a nuestros impuestos. En definitiva, cargándose a la clase media, garantía de cierta estabilidad social de un país.

Fruto de la desesperación social que nos rodea, los ciudadanos que han ido viendo como el gobierno del PP, además de los recortes económicos que, visto lo visto, no han servido para nada y por eso Europa nos multa, la gente de la calle ha visto como se les recortaban derechos fundamentales como la libre expresión o manifestarse en libertad por la calle. Léase Ley Mordaza.

En este contexto político, millones de españoles se desayunan cada mañana con auténticos escándalos de corrupción que, por ser tan habituales y numerosos en los últimos años, han dejado de impresionar a los ciudadanos.

Los bajos fondos de este país han acumulado mucha mierda en estas cuatro  últimas décadas

Los bajos fondos de este país han acumulado mucha mierda en estas cuatro  últimas décadas, prácticamente desde que el Rey Juan Carlos heredó la Jefatura del Estado al morir Franco en su cama. Optar por la reforma política, nunca la ruptura, permitió que las cloacas siguieran canalizando basura hasta los grandes depósitos heredados del franquismo, bastante cargados por otra parte. Hasta que, pasados los años, con la gran crisis de 2008 encima y los depósitos a rebosar, empezaron a reventar las conducciones de la podredumbre. Lo sucedido con el gobierno del PP en esta legislatura ha superado para muchos todas las expectativas, generando una verdadera alarma social a la que los tribunales, algunos, están empezando a dar respuesta.

En un proceso lento, excesivamente lento, la sociedad acaba optando por castigar en las urnas al partido que permite o no controla la corrupción en sus filas.

Gracias a los Eres el PP ganó por vez primera las elecciones en Andalucia en 2012; siguió gobernando el PSOE (apoyado por IU), señal inequívoca de que se castigó al PSOE, sí, pero poco.

Hablando con algunos votantes socialistas, uno obtiene la impresión de que creen que la corrupción es como el colesterol. Que la hay buena y mala. Vamos, que unos hechos son pecados veniales y otros mortales.

lo que ha pasado en el caso de los Eres es considerado como cosa menor

Intentando descifrar qué nos quiere decir ese elector tipo del PSOE andaluz, llegamos a la conclusión de que lo que ha pasado en el caso de los Eres es considerado como cosa menor, cuestiones burocráticas o administrativas, amén de los típicos “cuatro golfos” que siempre aparecen merodeando por todos lados. Ningún paraíso fiscal sale mencionado en el abultado sumario de los Eres. Sobre todo porque se sabe que el dinero, los mil y pico de millones que dice el PP que “se han robado” en Andalucía, están en manos de miles de trabajadores  y trabajadoras prejubilados que tenían (y tienen) pleno y legítimo derecho a esas asignaciones de dinero público.

Lo peor, por lo que se oye, es cuando se sabe que el dinero robado está en un paraíso fiscal o depositado en una cuenta en Suiza. Que el PP haya remodelado su sede con dinero negro a los ciudadanos les importa un rábano, casi lo mismo que el pitufeo de Valencia, pero que un ministro mienta como Soria o se descubra que Arias Cañete está salpicado por la trama Acuamed donde se han enriquecido gentes del PP, eso es considerado como mortal de necesidad desde el punto de vista político y electoral por la inmensa mayoría de ciudadanos.

La benevolencia de cierto electorado con el Código Penal, distinguiendo a su manera entre lo malo y lo peor, subyace de alguna forma en esa moda reinante que hace distingos entre delitos políticamente buenos o malos, correctos o incorrectos. Estamos ante el gran hallazgo de los delitos de carácter administrativo, como si con un sello y una firma no se pudiese robar en la caja de todos. De tal forma que si un político, siempre dependiendo del grado de fidelidad al mando, resulta investigado judicialmente por una irregularidad administrativa es exonerado de la pena de pérdida del cargo y militancia. Chaves y Griñán quizás sean la excepción que confirma la regla, pero sus dimisiones era lo que costaba el sillón actual de Susana Díaz.

Quizás en esas consideraciones se oculte otra de las claves del momento político. Con todo descaro se comprueba como unos han estado robando para sí, llevándoselo a Suiza y otros han descuidado el control del dinero público a repartir, precisamente porque el beneficio a obtener no era monetario sino en votos, ‘votos cautivos’ o ‘red clientelar’ como siempre los denominó la derecha.

La presión de la crisis económica global, con una política de ajuste duro en España que están pagado los más débiles y una generación sin horizonte, fueron los ingredientes básicos para que estallase la olla exprés un 15M de hace cinco años.

Si en vez de leer los titulares de la prensa de entonces hubiesen asistido a algunas asambleas ciudadanas y, sobre todo, escuchar lo que allí decía gente anónima de la calle, la hoy considerada vieja política se habría dado cuenta de que los tiempos y las demandas sociales habían cambiado. No entendieron el coreado lema del “no nos representan”. Ese fue el error tanto del PSOE como del PP, incluso de algunos sectores del PCE, creer que los del 15M eran perroflautas, efímeros cabreados, flor de un día. Se equivocaron.

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