Desde 1812 varias han sido las constituciones que han regido los destinos del pueblo español y dispares han sido sus procesos constituyentes. Unos procesos se iniciaron por el hostigamiento del pueblo, otros por la voluntad de sus representantes y en otras ocasiones los reyes y gobiernos de turno para afianzarse en el poder. En todo caso, para reformar una constitución, se ha de abrir un proceso en el que el pueblo soberano participe activamente y finalmente lo ratifique o niegue en referéndum.

Los procesos que concibieron las constituciones de 1869 y 1931, fueron distintos al que se siguió para la de 1978, pero en todos los casos se produjeron ante situaciones políticas, institucionales, económicas y sociales insostenibles. En 1868, coincidió el reinado de Isabel II con las «catástrofes» coloniales en América y Norte de África. Los liberales, demócratas y republicanos, opositores a la monarquía, consiguieron su objetivo, expulsar del trono a Isabel y elaboración de una nueva constitución que superó a la de 1845. La Constitución de 1869, fue de las más avanzadas de su época y representó un cambio de tendencia en la política española.

En el preludio del proceso constituyente de 1931, se desarrolló la dictadura de Primo de Rivera, instigada por el rey Alfonso XIII. La unión de las fuerzas republicanas y socialistas, junto con los sindicatos de clase, posibilitaron que las elecciones municipales de abril de 1931 se conviertan en plebiscitarias. Las elecciones posteriores a la proclamación de la República fueron constituyentes (28 de junio de 1931) y surgió la Constitución de la Segunda República. La ruptura con el pasado fue total: se democratizó el Estado, se cambiaron los símbolos y el modelo político, se introdujeron derechos y se cambiaron estructuras políticas y normas de funcionamiento. Todo desapareció tras el golpe de estado y el régimen de la dictadura franquista.

Con la muerte del dictador en 1975, se abrió una nueva era, cuyo proceso constitucional se inició con la llamada Transición a la Democracia y la Ley para la Reforma Política. El proceso fue complicado. Salíamos de una oscura y cruenta dictadura y existían continuos peligros de involución. La crisis económica y el terrorismo dificultaron el proceso. Gobierno y oposición entendieron que era necesario redactar una constitución que fuese aceptada por la mayoría de las fuerzas políticas. El rey, heredero de Franco y el gobierno tenían el poder, la oposición la legitimidad democrática.

El consenso permitió resolver los temas más conflictivos de aquel momento: la forma de estado y de gobierno, el modo de elección, la cuestión religiosa, el modelo económico y la descentralización territorial. Pasados cuarenta años, siendo la situación distinta, los temas conflictivos tienen plena vigencia.

Hay propuestas para establecer un modelo federal del Estado, que sustituya al actual de las autonomías, que no desarrolló cuestiones fundamentales. Otras propuestas pasan por abrir un proceso constituyente que de respuestas a los retos actuales; cambiar el sistema electoral por otro auténticamente representativo, mejorar la calidad democrática y de las instituciones, incorporar mecanismos que garanticen el estado del bienestar, extender y garantizar los derechos fundamentales y las libertades, especialmente los derechos sociales en un estado Social y de Derecho fortalecido. Otro pretendemos cambiar el modelo político, de monarquía parlamentaria por una república federal.

Reformar la Constitución, no va a resolver ni la crisis económica ni va a quitar la angustia a la ciudadanía que la está sufriendo. Hoy no se va a dar el consenso que existió en 1978, pero hay que abrir el proceso para nueva Constitución que desarrolle, sin los miedos de entonces, los objetivos del Estado democrático y las exigencias de calidad democrática y participación que demanda la ciudadanía. Hay que ofrecer nuevas respuestas a las necesidades y anhelos de quienes están construyendo su futuro.

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