¿Hay que reformar la Constitución Española? Sí, sin duda, unos cuantos llevamos unos cuantos años defendiendo dicha reforma. Afortunadamente, ya no somos los únicos… el problema es que sobra vehemencia y falta claridad en las explicaciones de demasiados: seguramente porque muchos de los que plantean dicha reforma hablan de oídas o no saben lo que quieren. Ocurre también que los hay que se suman al reformismo porque se lo exigen los nacionalistas que pretenden romper España… y hay otros que quieren directamente derribarla.
Empezando por los procedimientos, cualquier Constitución prevé en su propio articulado los procedimientos concretos para su reforma. A partir de ahí, huelgan las discusiones metafísicas. No se puede reformar la Constitución Española, y menos aún derogarla, por medio de imposiciones unilaterales, decretos gubernamentales o decisiones arbitrarias. La reforma la decidiremos todos los españoles… les guste o no a los que hacen de la división y el enfrentamiento su modo de obtener privilegios económicos y ventajas políticas. Es decir, les guste o no a los que viven del cuento de ser nacionalistas.
Gracias a la Constitución Española de 1978 somos ciudadanos, es decir, tenemos derechos y obligaciones
Importa clarificar el para qué de cualquier reforma. La obsolescencia de un texto constitucional viene más bien determinada por lo añejo de las ideas que sustenta, y no tanto por el lapso temporal transcurrido desde su aprobación. Así, quienes ahora tratan de revestir de novedoso alguna vieja pulsión identitaria, como aquella que tiene por objeto desproveernos de la condición de ciudadanos libres e iguales para devolvernos a la condición de nativos aferrados a un determinado territorio, plantean una involución democrática. Es precisamente la fragmentación de nuestra ciudadanía el principal riesgo que enfrenta nuestra Carta Magna, y, por ende, el marco de convivencia en libertad que ésta garantiza. Gracias a la Constitución Española de 1978 somos ciudadanos, es decir, tenemos derechos y obligaciones. Tan simple como eso. No lo somos merced a leyendas históricas, derramamientos de sangre o héroes mitológicos. No lo somos por cuestiones étnicas o culturales, sino por la común pertenencia a la comunidad política constitucionalmente vigente. Es, por tanto, imprescindible delimitar la gran línea roja de cualquier reforma constitucional que se plantee: en modo alguno podrá acometer la reformulación, derogación o modificación de nuestra condición de ciudadanos. Esa fue la principal conquista de la Ilustración y la plasmación democrática principal que supone nuestra ley fundamental. A partir de ahí, reformémosla para ampliar derechos y lograr más igualdad y más bienestar para todos.
A nuestro juicio, es absolutamente inaplazable la reforma del título VIII que afecta al modelo de Estado y a la distribución competencial entre Gobierno de España, CCAA y Administraciones locales. En relación con el problema que todos tenemos en Cataluña, los hay que pretenden darles todo, casi todo, mucho o bastante a los independentistas; nosotros, sin embargo, y sin ningún complejo, abogamos por un Estado federal simétrico y cooperativo que incluya la recuperación para el Gobierno de España competencias legislativas clave como son la educación, la sanidad y la justicia. Esta pretensión no tiene nada que ver con una particular querencia o sentimiento, sino con una cuestión netamente política: entendemos que esta fórmula es la mejor para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos esenciales. Es inaceptable, y muy poco edificante para cualquier progresista, que en España pervivan graves diferencias en las prestaciones sanitarias, en los contenidos educativos o en las normas fiscales en función del lugar donde cada uno de nosotros vivamos.
Así mismo, creemos firmemente que de nuestra Carta Magna han de eliminarse todas las concesiones a la tribu identitaria: resulta necesario acometer la eliminación de los denominados derechos históricos. No puede haber derechos históricos de ningún tipo en democracia. La legitimidad democrática no hunde sus raíces en la Historia, y menos aún en un tiempo sin luces ahora blanqueado por prejuicios ideológicos de baja estofa. Y nada puede justificar un tratamiento fiscal o político diferenciado; en un texto constitucional que quiera ser moderno, no cabe privilegio fiscal alguno – concierto económico vasco y convenio navarro- ni ninguna pretensión anexionista de corte nacionalista – como la reconocida, en relación a Navarra, en la Disposición Transitoria Cuarta. Son éstas, entre otras, las reformas de nuestra Constitución Española que nosotros proponemos, pero hay otras: hay que reformarla para lograr una ley electoral más justa, para racionalizar nuestro Estado Autonómico, para impedir abusos lingüísticos, para blindar la independencia de la Justicia y para incorporar nuevos derechos sociales.
En aras a un ficticio derecho a decidir, lo que los nacionalista y disgregadores pretenden es privarnos a todos de la capacidad de decidir libremente y configurar la identidad que cada uno de nosotros queramos. Algunos propugnan hoy como quintaesencia de lo nuevo el viejo proyecto reaccionario que pretende acabar con el individuo soberano y con nuestro derecho a decidir sobre las cuestiones que nos afectan. Pretenden además, miren por dónde, que deleguemos nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro. Celebremos, en fin, nuestra Constitución como lo que es, un texto político democrático… que puede ser perfeccionado. Reformemos la Constitución Española para salvaguardar lo mejor de ella y para alcanzar más igualdad y más bienestar para todos.
Gorka Maneiro, portavoz nacional de UPYD.
Guillermo del Valle, miembro del CD de UPYD.
