La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha defendido que el Real Decreto-ley que modifica otro anterior por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo (PAE) evita una situación de “desigualdad” para casi 42.000 parados.
El objetivo de esta nueva norma, que se ha aprobado en el Congreso, es evitar que hasta un máximo de 42.000 beneficiarios “de los que alrededor de un 65% son mujeres queden desprotegidas y sin ayudas económicas por no poder reincorporarse al Programa, una vez finalizada su prorroga el 30 de abril de este año”.
La ministra de Trabajo defendió que el real decreto-ley para parados de larga duración “evita una situación de desigualdad entre quienes causaron baja en el programa” y quienes no y beneficiará a 41.910 personas.
Por su parte, la portavoz socialista de Empleo, Rocío de Frutos, pidió a los grupos parlamentarios que apoyen el Real Decreto-Ley que hoy finalmente se ha aprobado con el apoyo de la mayoría de la Cámara y que regula el Programa de Activación para el Empleo “para evitar que 41.000 personas queden desprotegidas y pierdan una ayuda que ya tienen reconocida. Son personas sin trabajo, sin recursos y sin ninguna prestación, subsidio o renta de inserción”.
De Frutos ha subrayado que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social “va a tener un duro trabajo para recuperar una protección por desempleo que quedó muy deteriorada en los años de gobierno del PP”
De Frutos ha subrayado que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social “va a tener un duro trabajo para recuperar una protección por desempleo que quedó muy deteriorada en los años de gobierno del PP”. “El PP recortó prestaciones, endureció los requisitos de acceso, disminuyó cuantías, eliminó subsidios y suprimió la inversión en políticas activas y ayudas para la reinserción”, denunció.
La diputada socialista explicó que el impacto económico de la medida, 50 millones de euros, está ya presupuestado. Aseguró que no se están reorganizando las competencias de las comunidades autónomas con este decreto ante las inquietudes de algunos grupos. De Frutos añadió que “somos conscientes de que la protección por desempleo no da cobertura a los parados de larga duración” pero que el Gobierno pretende cambiar esta situación.
El programa fue prorrogado en dos ocasiones, el 15 de abril de 2016 y el 28 de abril de 2017. Esta última ocasión permitió que las personas destinatarias pudieran presentar su solicitud de incorporación al programa hasta el 30 de abril de 2018.
Lo que el Gobierno ha pretendido con esta modificación normativa es solucionar el efecto indeseado producido por el cierre del programa en esa fecha: las personas que habían causado baja temporal en el programa por alguno de los motivos contemplados no podían incorporarse al mismo, a pesar de tener reconocido el derecho, ya que la reincorporación debería tener lugar necesariamente antes del 30 de abril.
“La no prórroga del Programa de Activación para el Empleo significaría dejar desprotegidos a los participantes en el programa que más han demostrado su implicación en el mismo de cara a su inserción”, ha apuntado Valerio durante su intervención. Así, la reincorporación al programa “supone evitar una situación de desigualdad entre aquellos que no han causado baja temporal y los que sí, dado que los derechos los tienen reconocidos por igual”, ha recordado la ministra.
La aprobación del Real Decreto-Ley, con carácter urgente, se justifica porque al haber finalizado la vigencia del Programa resultaba imposible la reincorporación de aquellas personas que habían causado baja temporal en el mismo por colocación por cuenta ajena o propia, o pérdida de requisito de rentas, o por responsabilidades familiares. La interrupción de la prestación impedía tanto la reincorporación al programa extinto como la percepción de la nueva ayuda sustitutoria del PAE, que excluye expresamente la solicitud de beneficiarios de aquel programa.
Hay que destacar que la medida cuenta con el apoyo tanto de los agentes sociales como de las comunidades autónomas y afecta a un colectivo muy necesitado de protección, al tratarse de personas que han agotado todo tipo de ayudas y que tienen responsabilidades familiares a su cargo. De este modo se evita que dichas personas queden desprotegidas al no poder reincorporarse al Programa, pese al reconocimiento inicial del derecho.
El impacto económico es de 53 millones de euros, dotación que ya está prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
