Compromiso para hacer justicia con los más desfavorecidos de la Cañada Real

La Comunidad y Ayuntamiento logran un acuerdo para trasladar a 150 familias del sector 6 de esta zona en exclusión de Madrid a distintos puntos de la ciudad

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Comunidad y Ayuntamiento logran un acuerdo para realojar a 150 familias del sector 6 de la Cañada Real, ambas administraciones señalan que el convenio estará listo para la firma a principios del próximo año. El coste se prevé los 18 millones que serán sufragados a partes iguales por la Comunidad y el Ayuntamiento.

El sector seis de la Cañada Real Empieza en la A-3 y llega hasta el término municipal de Getafe. Este es el sector más grande y un hipermercado de la droga que funciona dentro del tramo de unas cuarenta parcelas. Conocido como «Valdemingómez», (nombre de una incineradora que se encuentra en las inmediaciones, y en vía pecuaria) y de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, conocida por su trabajo social entre los drogadictos de la zona. Se montó hace unos cinco años, residuo de un campamento de la Cruz Roja en la zona.

Desde el año 2009, se acordó la desafección de este tramo de la Cañada Real por considerarlo no apto para el tránsito de ganado. Por eso en la actualidad se considera un terreno urbanizado ilegalmente y no una Cañada protegida. La Comunidad de Madrid ha cedido la potestad sobre la administración de estos terrenos a los ayuntamientos afectados.

En la reunión han asistido el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, y la consejera de Transportes y Vivienda, Rosalía Gonzalo, el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, y la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.

Tras la reunión, tanto Garrido como Murgui han expresado su satisfacción por lograr este acuerdo que permitirá realojar a cerca de 500 personas del sector 6, el ubicado entre la incineradora de Valdemingómez y el final del término de Madrid con Getafe. “Queremos solucionar un problema importante para Madrid y hemos cerrado los temas pendientes”, ha señalado Garrido.

“Queremos compartir al 50 por ciento los trabajos previos con las familias, después el seguimiento de las mismas, una vez que estén realojadas, y luego están los costes de desmantelamiento así como los de la compra de las viviendas, pero lo importante es que tenemos la voluntad de colaborar y luego la fórmula será la que establezcan los servicios jurídicos”, ha subrayado Garrido.

Además, el consejero de Presidencia ha señalado que, si bien el plazo máximo para el realojo es de dos años, se intentará hacer en “el plazo más breve posible”.

Los pisos en los que se reubicará a estas familias estarán en distintas zonas de la Comunidad de Madrid, “intentando que haya un reequilibrio en la llegada de las personas que hay que ir realojando”, afirmo Garrido.

El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, ha insistido en la importancia de lograr un acuerdo y ha añadido que “ahora queda el informe jurídico que consolide este acuerdo político que nos permita proceder a la firma del convenio”. Ha destacado además “el compromiso de ambas administraciones por dar una solución a la Cañada Real y a las situaciones de vulnerabilidad que se están dando en este ámbito”.

El pasado 26 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad la adhesión al Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. En su elaboración participó el consistorio madrileño, sus homólogos de Rivas-Vaciamadrid y Coslada, el Gobierno regional, asociaciones vecinales de todos los sectores y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la zona.

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