Gracias al esfuerzo de la mayoría de españoles, en el último trimestre de 2016 la economía española ha vuelto al nivel más alto, conseguido en 2008. Sin embargo, esta recuperación que muestran las estadísticas no llega a las personas. Un ejemplo es que el desempleo aún está en cifras de recesión. En 2017 habrá 3,7 millones de parados. Mientras las prestaciones sociales y demás derechos que sociales siguen en estado de crisis. Estamos en un crecimiento sin desarrollo. Este modelo es profundamente injusto y, en una sociedad marcada por la corrupción y los negociados, se atisba un horizonte de empeoramiento en la vida de las personas. Como ejemplo, van algunos.

Dos años después del último acuerdo marco, los precios que paga España por las vacunas no solo no han bajado, sino que las administraciones públicas pagarán más por cada dosis. Esto supone un aumento injustificado que repercutirá en los castigados bolsillos de los españoles. Los lobbies farmacéuticos se mueven bien por las moquetas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Carter que aprobó el acuerdo marco de vacunas de calendario que regirá durante los próximos cuatro años. En él se y establece a qué precios y a qué farmacéuticas comprarán 14 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Además, quedan comprendidos dos ministerios, Defensa y Hacienda.

¿Existe un gobierno capaz de negociar de igual a igual con el lobby farmacéutico? ¿Las decisiones del gobierno favorecen a las proveedoras o a los ciudadanos? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Porque el libre mercado supone que el acordar precios bajo la modalidad de cartel, acuerdos entre empresas del lobby, no existe. Ergo, un gobierno honesto y leal con sus ciudadanos intervendría para corregir esa competencia imperfecta. Lo que supondría una baja en el coste y un control en los fondos que se pierden entre las hendijas de este opaco proceso.

Pero estas desviaciones no son exclusivas de la Sanidad. Por el bien de España, un ministro de Defensa, que dejó en cargo sin explicar debidamente sus relaciones con la industria armamentística, nos deja una desviación presupuestaria que tendría que despertar la alarma social en una democracia madura. Así, el presupuesto inicial aprobado por Las Cortes para 2016, de 5.788 millones de euros, se incrementó hasta los 1.395 millones para alcanzar los 7.183. Este aumento de los créditos no es nuevo. Lo que lo hace diferente es que en esta ocasión el Gobierno no ha podido echar mano del también tradicional crédito extraordinario de verano destinado al pago de Programas Especiales de Armamento – PEAs. Este suele justificar el desfase anual y que en julio fue puesto en duda por el Tribunal Constitucional. En 2016 el Constitucional considera que el uso del Real decreto-ley para aprobar estos pagos no está justificado.

Además de estas pequeñas muestras de un modo de gestión de dudosa transparencia, se comienzan a consolidar las prácticas preconstitucionales de homenajear a unos y reprimir a los otros. Las libertades civiles están siendo vulneradas en todos los frentes. La política comunicativa parece dictada por el ala más radical de la Conferencia Episcopal y a la necesaria discrepancia en democracia se la amenaza desde juzgados con un definido sesgo religioso. La bandera a media asta en un Estado aconfesional es un ejemplo de distorsión de los valores de una Constitución que así lo definen.

La educación, que ha perdido desde 2008 más de 614 millones, cerca de un 80% de la dotación de 2008, y la cultura, un 41% menos en términos reales, de lo que se invertía en 2008, han sido las primeras víctimas de este modelo que nos prefiere ignorantes antes que críticos con las camarillas religiosas, políticas y empresariales. Luego, con la complicidad de sectores vinculados con los centros económicos, se llevó a cabo la entrega del poder al partido más sospechado de corrupción de la Historia de España. Les gusta jugar con las cartas marcadas y lograr beneficios para su grupo en lugar de hacerlo para el bien general.

Proclaman el libre mercado y la competencia, pero serían incapaces de someterse a esas condiciones. Es la característica más destacada de la mediocracia, parapetada tras normas a medida y aforamientos oportunos, que nos gobierna. Pareciera que le temen a la maravillosa creatividad que subyace en las personas comunes. Me recuerda a un pensamiento de Stendhal:

“No existe nada que odien más los mediocres que la superioridad de talento: ésta es, en nuestros días, la verdadera fuente del odio.”

Creo que odian el talento que supondría otro modo de gestionar los recursos de todos. También el competir libremente. Por ello gobiernan con el 30% de los votos ¿No creen?

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