CONFEDETEL intervino ante la Comisión del Pacto de Toledo en el año 2010.

En noviembre del año 2016 solicitamos de nuevo comparecer en la mencionada Comisión y para ello, procedimos durante el mes de enero de 2017 a reunirnos con los 7 Diputados/as portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios que componen la Comisión, para obtener su apoyo a nuestra solicitud de comparecencia, la cual resultó avalada por los mencionados 7 Grupos Parlamentarios.

Hemos revisado las comparecencias que se han producido desde septiembre del año 2016 hasta abril del año 2017 y observamos que no se ha llamado para comparecer a ninguna Confederación, Federación, Plataforma, etc., que represente directamente a los jubilados que son parte de los principales colectivos afectados. Tan solo pudieron comparecer los que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (con el anterior Gobierno del PP) denomina Agentes Sociales, entre ellos, CCOO y UGT, que representan únicamente a sus jubilados afiliados. El resto, una gran parte de jubilados de todo el país, no nos hemos sentido representados por los diferentes comparecientes a lo largo de las 25 sesiones efectuadas en la Comisión.

Es difícil aceptar que a organizaciones genuinamente formadas y en representación de jubilados, se les excluya de sus aportaciones en una cuestión tan crucial para este colectivo.

CONFEDETEL estaba preparada para comparecer como la vez anterior y para ello ya hacía año y medio que redactó un Documento para exponerlo ante la Comisión. Ha transcurrido también más de un año desde la primera comparecencia y sabemos que en estos momentos se están ya llevando a cabo las conclusiones para poder presentarlas ante el Gobierno.

Consecuentemente, no habrá más comparecencias. A pesar de ello decidimos enviar dicho Documento que teníamos previsto exponer ante la Comisión, a cada uno de los 7 Diputados/as portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios y a la Señora Presidenta de la Comisión.

Les pedimos a todos los componentes de la Comisión del Pacto de Toledo que no desaprovechen la oportunidad de valorar nuestras aportaciones, que resumimos seguidamente:

  1. Defensa del Sistema Público de Pensiones con la garantía del Estado para el cálculo de la pensión y su actualización periódica de acuerdo con el IPC.
  2. Corregir la tremenda discriminación de las penalizaciones disparatadas y vitalicias por jubilación anticipada y se tenga en cuenta los períodos de contributividad.
  3. Dar cumplimiento a las Leyes aprobadas en cuanto afectan a las jubilaciones anticipadas y a las pensiones de viudedad (27/2011 de 1 de agosto).
  4. Facilitar a este gran colectivo la presencia de sus órganos representativos en cualquiera de los entes de consulta en los ámbitos institucionales que corresponda, como exige un Estado de Derecho y con plenas garantías jurídicas para los mismos.

Debe quedar claro que, en nuestros planteamientos, contemplamos a todos los afectados, prejubilados, jubilados, pensionistas y perceptores de viudedad. En este sentido, las modificaciones de una futura Ley, que mejoren las condiciones de la actual, deben afectar a todos y no sólo a los que accedan a la jubilación a partir de su entrada en vigor.

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