El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Padrón (A Coruña) ha abierto juicio oral por malversación en la Fundación Cela contra cuatro personas, entre ellas la viuda del escritor Marina Castaño.

La jueza dirige la causa contra Castaño, el expatrono y exmiembro del Consello de Contas Dositeo Rodríguez, su hija Covandonga Rodríguez y el exgerente de la entidad Tomás Cavanna, por el abono de una indemnización de 150.000 euros por el despido de este último, según TVE.

Los hechos serán juzgados por un tribunal con jurado, al tratarse de un delito de malversación de caudales públicos, tal y como solicitaban el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación particular, ejercida por el abogado Xosé María Rodríguez, que representa a Lola Ramos, la vecina de Padrón que advirtió de la existencia de presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Cela.

Según el auto divulgado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, “todos ellos, de común acuerdo” y para beneficiar al director de la fundación, simularon el despido de éste y acordaron que la indemnización que le correspondía por los servicios prestados era de 150.000 euros brutos, con todo, “a pesar de ser conscientes” de “que no se trataba de un despido, sino que el gerente quería abandonar voluntariamente la Fundación”.

En el momento de la comisión de los hechos investigados, la Fundación Camilo José Cela era una fundación del sector público de Galicia, aspecto que según la jueza era conocido por los encausados.

El “carácter público de la Fundación” era “conocido por los acusados, puesto que desde el año 2007 más del 50% de sus ingresos provenían de subvenciones públicas”, se indica en la resolución judicial.

Marina Castaño, viuda del premio nobel Camilo José Cela, deberá responder así en un juicio, que se dirimirá con jurado popular, su gestión en la Fundación Cela, en calidad de investigada por la presunta comisión de un delito de malversación de fondos públicos.

La periodista, y los otros tres investigados en una causa abierta por supuestas irregularidades, se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel.

Además, la jueza también impone a las cuatro personas investigadas la obligación de prestar fianza solidaria por importe de 200.000 euros.

La resolución no es recurrible y emplaza a las partes a que se personen en el término de quince días ante el tribunal competente para el enjuiciamiento, que en este caso es la Audiencia Provincial de A Coruña.

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