La Audiencia Provincial celebra a partir de mañana martes el juicio por el denominado Caso Guateque, una trama de corrupción en la concesión de licencias municipales a locales de ocio, durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón en el que están imputados 34 empresarios y funcionarios cerca de 20 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid pertenecientes a la Gerencia de Urbanismo, concejalía de Medio Ambiente y varias juntas de distrito.
El Fiscal pide entre 31 años y seis meses de prisión para los procesados por delitos de cohecho, prevaricación ambiental, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento oficial, contra patrimonio histórico y prevaricación urbanística.
La trama se destapó en noviembre de 2007. Los empleados municipales presuntamente percibían, a través de empresas dedicadas a obras y tramitación de licencias, sobornos de los promotores que oscilaban entre los 1.000 y los 150.000 euros, a cambio de otorgar un tratamiento «favorable» a los expedientes. Su labor consistía en agilizar los expedientes adelantando su turno sobre otros y asumir un control menos riguroso para obtener un informe favorable al proyecto solicitado, de forma que pudieran lucrarse «desviándose del interés público que debían defender», según reza el Auto de la apertura de Juicio Oral.
La celebración del juicio se ha retrasado 10 años
Sobornos
La trama que desencadenó la operación Guateque estaba encabezada por Antonio Sanz Escribano, cuya empresa fue denunciada por un testigo protegido que regentaba un bar al que la Junta de Chamberí denegó la licencia de funcionamiento. El dueño del bar pidió a Sanz Escribano un nuevo proyecto para superar la evaluación ambiental. Fue entonces cuando el acusado pidió al dueño del local 15.000 euros a cambio de que otro funcionario, el también procesado Victoriano Ceballos, diera un tratamiento «favorable» y «acelerado» al expediente, pero el empresario lo rechazó y denunció los hechos. Dado que no era viable desde el punto de vista medioambiental le pidieron al promotor el abono de 150.000 euros «a funcionarios no identificados de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento como única forma de pasar el trámite medioambiental previo a la licencia». El dueño del bar se negó a pagar y se quedó sin licencia.
Ni Gallardón ni Botella
La celebración del juicio se ha retrasado 10 años. Dos han sido los motivos. Por un lado, la gran cantidad de documentos investigados en la Instrucción y la gran cantidad de imputados. Y por otro, la ralentización manifiesta del caso que estaba llevando a cabo el anterior instructor, el juez Santiago Torres, quien tuvo que ser sancionado por el CGPJ con una multa de 1.000 euros y apartarlo de la causa por “retraso injustificado”.
La Vista se ha señalado con 60 sesiones y está previsto que se prolongue hasta mayo. La petición de cárcel más elevada, 31 años, recae sobre Eduardo Agustino Carrasco, que era administrador de «Augusto Proyectos e Instalaciones S.L», una sociedad dedicada a promocionar, ejecutar y proyectar obras e instalaciones, a la que en 2003 el propietario de un bar de copas encargó un proyecto para transformar el local.
De este caso salieron indemnes: Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid y Ana Botella, entonces concejala de Medio Ambiente.
Buahhh! Menudo cuarteto.