Comienza el macroproceso judicial que más ha temido el Partido Popular en los últimos años, el caso Gürtel. Más temido porque es el propio Partido Popular el que también será directamente enjuiciado como entidad por una trama corrupta que afectó a numerosos altos dirigentes del partido e incluso a la propia estructura orgánica y financiera de los populares.

El primer macroproceso por el caso Gürtel, epicentro del rifirrafe político desde hace más de un lustro, comienza este martes en la Audiencia Nacional. Es sin duda el juicio del año en España por los vínculos de buena parte de los 37 acusados con el Gobierno en funciones, por estar el PP o la exministra de Sanidad Ana Mato presentes en el procedimiento como partícipes a título lucrativo, y por los exdirigentes llamados a testificar (Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos o Esperanza Aguirre).

El juicio se inicia 7 años después de las primeras detenciones

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comienza a juzgar la pieza matriz de la trama ‘Gürtel’, denominada ‘Época I: 1999-2005’, en la que se sentarán en el banquillo de los acusados el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas y otras 35 personas, entre ellas una decena de ex altos cargos del PP.

El juicio de la primera época de la ‘Gürtel’ llega siete años después de que los principales responsables fueran detenidos por el juez Baltasar Garzón –que comenzó a instruir la causa y precisamente por ella fue desposeído en 2012 de su toga de magistrado al ser condenado por prevaricación en las escuchas de este caso–, será uno de los más mediáticos de este año, debido a que se analizará en profundidad los primeros años de una de las mayores trama de corrupción de España que ha marcado la agenda política.

Los magistrados que componen el tribunal, Ángel Hurtado –presidente y ponente–, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, juzgarán las operaciones que la red de Correa desarrolló entre los años 1999 y 2005 con ayuda de Crespo. Organizaron un entramado societario utilizando sus contactos con responsables del PP para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, el pago de comisiones y dádivas y ocultar al fisco las ganancias que ascienden a más de 40 millones de euros, según la Fiscalía.

Estas actividades se llevaron a cabo en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Por ello, el juez Pablo Ruz, decidió dividir la pieza en diversos apartados, que coinciden con estas administraciones más una introducción –subdividiendo la relativa a Madrid en Municipio y Comunidad de Madrid– para enmarcar las actividades que se llevaron a cabo durante esos seis años y quiénes intervinieron en cada uno de ellos.

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Precisamente, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional Pablo Ruz explicó en el auto con el que dio por concluida la instrucción, que la trama empleó los contactos en estas administraciones para obtener “adjudicaciones ilícitas para sus empresas mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pago a proveedores a través de un sistema de facturación falsa”.

El ex juez Garzón, que comenzó la instrucción, fue inhabilitado 11 años por prevaricación

Cuestiones previas

El primer macrojuicio de Gürtel arranca esta mañana del martes con la fase de cuestiones previas, en la que algunos de los 37 acusados expondrán la nulidad de las pruebas contra ellos, como la de la grabación que destapó la trama y de las escuchas que autorizó el exjuez Baltasar Garzón entre abogados e imputados en prisión.

El rechazo a la recusación planteada para apartar del tribunal al magistrado José Ricardo de Prada ha despejado ya todos los posibles obstáculos para permitir el comienzo hoy del juicio a la red de corrupción 7 años y medio después de ser desarticulada.

Las dos primeras jornadas del juicio –martes y miércoles- estarán enteramente dedicadas a las cuestiones previas, es decir, peticiones referidas al procedimiento que plantearán las partes.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, varios de los acusados, entre ellos el extesorero Luis Bárcenas, pedirán la nulidad de las grabaciones hechas por el delator de Gürtel, José Luis Peñas (también acusado), al presunto cabecilla, Francisco Correa, por considerarlas ilegales.

También plantearán esa nulidad de las escuchas en la cárcel entre imputados y letrados que ordenó Garzón y que le supusieron su inhabilitación por el Tribunal Supremo.

Otras de las cuestiones previas que levantarán interés serán las referidas a la autorización por parte de la justicia suiza a que la española use los datos que facilitó sobre cuentas bancarias de algunos acusados.

En Suiza fue adonde, según la Fiscalía, Bárcenas se llevó el dinero que acumuló de comisiones por interceder en adjudicaciones a la red mafiosa (al menos 1,2 millones) y el que sustrajo de la “caja B” del partido (unos 300.000 euros), y donde llegó a acumular 48,2 millones.

El país helvético autorizó en su día a España a usar la documentación que envió sobre Bárcenas, el líder de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y otros imputados, para acusarlos de delitos de “escroquerie” relacionados con delitos fiscales, lo que en la legislación española sería comparable con el delito de fraude.

Esta decisión la recurrieron algunos imputados y la justicia suiza decidió suspender la autorización a usar los datos hasta que se resuelva el recurso planteado ante el Tribunal Penal Federal, pendiente aún de respuesta.

De esta manera, las defensas alegarán que la justicia española no puede utilizar esos datos, ni para delitos de corrupción como el fraude ni para delito fiscal.

La anulación de esos documentos enviadas por Suiza supondría echar por tierra parte de la prueba de la Fiscalía Anticorrupción contra los defraudadores de la trama Gürtel.

Todas estas cuestiones se plantearán a partir de este martes en un juicio que se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), la única capaz de acoger macroprocesos como este, que coincidirá con la cuarta jornada del juicio de las tarjetas opacas de Caja Madrid con 64 acusados.

Se espera que unos 200 periodistas de 65 medios acreditados se congreguen en la Audiencia Nacional para ver desfilar a los acusados en ambos juicios (alrededor de un centenar) con sus respectivos abogados.

Los 37 acusados suman una petición de pena total de 732 años de cárcel por parte de la Fiscalía, la mayor para el presunto “capo” de Gürtel, Francisco Correa (125 años), que ha buscado en el último momento una atenuante de reparación del daño y ha dado autorización a su banco en Suiza para abonar la responsabilidad civil (2,2 millones de euros) que le reclama Anticorrupción.

Bárcenas se enfrenta también a una elevada petición de cárcel (42 años) en el que será su primer juicio por su actividad irregular en el PP y que le llevó a estar 19 meses en prisión preventiva.

Otro extesorero, Ángel Sanchís, se sentará con ellos por ayudarles supuestamente a repatriar el dinero de sus cuentas en Suiza, junto al exconsejero madrileño Alberto López Viejo, al que la Fiscalía pide 46 años de cárcel por cobrar al menos 448.870 euros de Gürtel; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que se enfrenta a 50 años, o el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, al que le piden 15 años.

La implicación de Sepúlveda en la trama corrupta ha arrastrado también a este juicio a su exmujer, que deberá responder como partícipe a título lucrativo por los regalos que recibió de la trama en forma de viajes o fiestas para sus hijos.

En la misma situación se encuentra el PP, que como persona jurídica también se le ha considerado partícipe a título lucrativo de los beneficios que obtuvo de la trama en Pozuelo y Majadahonda.

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