Es conocido que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor desigualdad, medida por el índice Gini. Lo podemos comprobar en el Informe sobre Justicia Social Europea 2016 elaborado por la Fundación Bertelsman Stiftung con datos Eurostat, en el que España ocupa el lugar 25 en un ránking de 28 países. En la presente edición del Informe destaca la caída de 4 puestos en 2 años, que hace pasar a nuestro país del lugar 21 en 2014 al 25 en 2016.
El índice de Bertelsman Stiftung combina 6 grupos de indicadores relacionados con la protección social, la situación laboral, la no discriminación y la justicia intergeneracional. Si tomamos el indicador de la diferencia de rentas, España está entre los tres países más desiguales.
Centrándonos en la perspectiva de futuro del país, la situación es aún más grave. El índice que mide oportunidades para niños y jóvenes nos sitúa en el lugar 26 de 28 países de la UE. El que mide el acceso al mercado laboral, más bajo todavía, en el puesto 27.
Nos encontramos por tanto ante una situación de grave injusticia social, que tiene implicaciones no solo sobre el presente, sino también sobre el futuro. Las situaciones de injusticia social descritas están lastrando las oportunidades para niños y jóvenes, nuestro principal activo para construir una sociedad cohesionada y que pueda competir en la economía global del conocimiento.
Ante este sombrío panorama sería de agradecer que el Gobierno mostrara algún tipo de preocupación, otorgando a estas cuestiones la preeminencia que se merecen en la agenda política. Sin embargo, por el contrario, hemos asistido los días pasados a un ejercicio de autocomplacencia ante la supuesta buena evolución de la economía española y las perspectivas de crecimiento en la presentación del Informe de la OCDE sobre la situación de España.
En realidad, si nos adentramos en el Informe, es muy fácil comprobar que no existe ningún motivo para la celebración; al contrario, los autores vienen a apuntar datos conocidos a partir de otras fuentes y a sugerir causas de la desigualdad ya discutidas muchas veces.
Sin duda el principal determinante de desigualdad es, como señalan, la situación laboral, tanto por las altas cifras de paro como también por la enorme precariedad, temporalidad y bajas retribuciones en nuestro mercado laboral, especialmente en el caso de los jóvenes que acceden solo a empleos de bajísima calidad. A pesar de los esfuerzos del informe por avalar la reforma laboral y sumarse al mantra gubernamental de que se está generando empleo, conviene recordar que sumadas el total de horas trabajadas y convertidas en jornada estándar de 35 horas, entre el 2011 y el 2016 se han perdido 597.774 puestos de trabajo a tiempo completo, con el impacto que esto tiene en la disponibilidad de rentas, en la cotización al sistema público de pensiones y para el cálculo de la pensión futura de los trabajadores. Los bajos salarios y la precariedad se materializan en el incremento del riesgo de pobreza en trabajadores con empleo, que alcanza ya casi al 15%. En el caso de los parados, casi la mitad (el 44,8%) está en situación de pobreza, debido a la caída de la cobertura de las prestaciones, que alcanza apenas a 1 de cada 3 parados.
Frente a esta situación, podemos comprobar en el propio informe de la OCDE que España es el segundo país (con un 25%), detrás de Polonia, con mayores tasas de empleo temporal y ocupa el último lugar en conversión de los empleos temporales a fijos (apenas un 10%). Paradójicamente, la inversión por desempleado en políticas activas de empleo es la más baja de la OCDE en porcentaje del PIB per cápita.
Otro de los grandes determinantes de la desigualdad es la fiscalidad, ya que mientras el 55 % de los ingresos públicos provienen de las rentas del trabajo y un 18,8 del IVA – que repercute regresivamente sobre toda la población– solo el 7,1% deriva de los beneficios empresariales. Cifras que hablan con claridad sobre la distribución de la carga fiscal. Por si esto fuera poco, las rentas bajas apenas acceden a los beneficios fiscales que disfrutan las medias y altas. Las familias desfavorecidas –sin obligación de declarar los pocos ingresos que tienen– no acceden al mínimo exento personal o familiar que disfrutan el resto de ciudadanos ni a las deducciones de cuota por hijo menor de 3 años, por hijo en familias numerosas o con hijo con discapacidad. Esto supone excluir de un beneficio fiscal a personas o familias sin ingresos, o limitarlo en el caso de trabajadores precarios con ingresos bajos, ya que estas deducciones tienen como tope las cotizaciones a la seguridad social.
Por su parte, las transferencias en efectivo benefician más a las capas con mayores niveles de renta, en una clara relación directa: a más renta, más transferencias, de forma que por cada Euro que recibe el decil más bajo de la renta, recibe 5 Euros el más alto, situando a España como el tercer país que menos transferencias destina al 10% de la población con menos renta.
El tercer determinante de la desigualdad tiene que ver con la red de protección social. En España, en general, las prestaciones sociales tienen una escasa capacidad para reducir la desigualdad y el riesgo de pobreza, especialmente en la infancia, debido a la inexistencia de garantía de ingresos y las escasísimas cuantías y alcance de las prestaciones por hijo a cargo.
Se puede concluir que la combinación de todas las lagunas en políticas determinantes del nivel de renta o su diseño injusto están repercutiendo de forma sinérgica sobre la población de rentas más bajas, que fueron quienes sufrieron las consecuencias del “equilibrio fiscal” promovido durante los años de austeridad, logrado a su costa.
La respuesta eficaz a esta situación requiere de un proyecto político alternativo a estas políticas generadoras de desigualdad que no son más que la concreción en España del modelo neoliberal imperante. Por eso es necesario un proyecto alternativo, socialdemócrata, que proponga un nuevo modelo inclusivo orientado a prevenir la desigualdad y la pobreza, promover la inversión social y fomentar así la justicia social.
En el documento Una Nueva Socialdemocracia presentado por Pedro Sánchez se plantea un proyecto alternativo, que promueve en primer lugar un nuevo marco de relaciones laborales. Como medida urgente se plantea la derogación de la reforma laboral vigente, generadora de precariedad y pérdida de la rentas del trabajo, en un marco más general, que plantea respuestas a retos de futuro derivados del cambio tecnológico y la robotización.
Se propone un sistema fiscal más justo, más progresivo, un nuevo modelo que grave la riqueza y reasigne los beneficios fiscales, de modo que también las rentas bajas y sin ingresos puedan acceder a estos últimos, mediante el llamado impuesto negativo.
También se dibujan las líneas estratégicas para la adaptación del Estado de Bienestar a los cambios de la sociedad actual, con objeto de dar respuesta a los nuevos situaciones sociales, incluyendo un sistema de garantía de ingresos para combatir la privación económica en los todos los hogares y erradicar la pobreza infantil severa mediante transferencias por hijo a cargo a los hogares más vulnerables con niños.
Urge ponerse manos a la obra. La complacencia y el inmovilismo del gobierno, pero también las componendas con la derecha de opciones progresistas endebles y timoratas en la cuestión social, nos abocan a un escenario de presente donde el malestar se extiende y amenaza la cohesión social, y un horizonte de futuro atravesado por enormes fracturas sociales donde no seamos capaces de ofrecer respuestas a los grandes retos que afrontamos para asegurar el bienestar y la igualdad de oportunidades. Esta vez, en estos tiempos de tribulación de la socialdemocracia, sí es necesaria la mudanza. Ambiciosa, decidida, valiente.
