El próximo 2 de octubre los colombianos han sido llamados para votar acerca de lo acordado en La Habana entre el ejecutivo que preside Juan Manuel Santos y la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin necesidad de ser un avezado analista, el presidente Santos conseguirá un resultado afirmativo a su propuesta de acuerdo con los antiguos guerrilleros y, en resumidas cuentas, la guerra que ya duraba más de medio siglo habrá terminado.

Con todos los medios a su favor, sin apenas disidencia política y en un país controlado de una forma férrea por un establecimiento que tradicionalmente apoya al gobierno de turno que en su momento situó en el vértice del sistema, nada induce a pensar que vaya a ver contratiempos y alguien vaya a aguar la fiesta a Santos.Tan sólo el  expresidente Alvaro Uribe, que lidera el Centro Democrático, ha llamado al voto negativo y sus seguidores siguen siendo la masa crítica más visible hacia el proceso de paz y los resultados obtenidos por el mismo.

Pese a que Uribe sigue teniendo su “tropa”, algo más del veinte por ciento en las últimas legislativas, no parece que el voto negativo vaya a ser determinante en la consulta y todas las encuestas señalan que lo tendrá realmente difícil para superar al voto afirmativo; incluso se habla de una diferencia de tres a uno a favor del presidente Santos. Uribe, que cultiva el hiperliderazgo activo y el caudillismo más ramplón, no ha logrado consolidar una verdadera opción de gobierno que sea alternativa, su partido carece de líderes verdaderamente identificables por los ciudadanos y muchos de los que le acompañaron  pagan penas de cárcel por sucesos acaecidos durante su mandato o están en búsqueda y captura por la justicia colombiana.

El 26 de septiembre se firmará en Cartagena de Indias el acuerdo definitivo entre el gobierno colombiano y las FARC, para gran satisfacción de la izquierda, el bloque político que apoya a Santos -conservadores, liberales, verdes y otros grupos- y la mayor parte de los medios de comunicación que han estado apoyando el proceso de una forma descarada y nada sutil. Así las cosas, y reinando la unanimidad, comienza una nueva era plagada de retos, incertidumbres y dudas, a pesar de que en los últimos años se han ido despejando muchos aspectos poco claros, como las actividad ilícita del narcotráfico por parte de las FARC, y la representación política de los antiguos terroristas, asunto ya resuelto con su futura presencia en las instituciones a través de lo acordado.

¿EL FIN DE LA VIOLENCIA?

En un conflicto que ha dejado ocho millones de víctimas, de los cuales seis millones son desplazados y casi 300.000 muertos, es difícil creer que las heridas puedan cerrarse tan fácilmente y de la noche a la mañana. Una de las grandes dudas que subsiste es si los negociadores de las FARC en estas negociaciones tienen el control total de la organización o si, por el contrario, algunos grupos o bloques guerrilleros todavía activos seguirán cometiendo delitos, tales como el secuestro, la extorsión, la colocación de minas y el asesinato de “objetivos políticos”. Todavía es pronto para asegurar que esa cúpula de La Habana, entre cuyos dirigentes se encuentran algunas de las caras más conocidas de las FARC, tiene las riendas de la organización y podrá asegurar que sus casi 10.000 miembros alzados en armas respeten el acuerdo.

Lo que no cabe duda es que la sociedad colombiana está cansada de guerra y violencia, con sus consiguientes secuelas en todos los ámbitos de la vida, y que la mayoría  está a favor del proceso de paz. Menos claro es el asunto del precio a pagar por la paz, ya que un importante sector social no está dispuesto a aceptar el triunfo de la impunidad y que aquellos que han cometido graves delitos queden libres sin pagar por sus crímenes. Incluso el Director de la División de las Américas de la organización Human Rights Match, José Miguel Vivanco, ha llegado a asegurar que la negociación está fundada en la “impunidad específicamente de aquellos que han cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad”, asegurándose así que aquellos que confiesen crímenes, sean del ejército o de las FARC, no paguen ni un solo día de cárcel ni sus deudas con la justicia.

No cabe duda que si este ha sido el precio a pagar por la paz, junto a otros capítulos todavía no muy conocidos, la sociedad colombiana tendrá que hacer un gran sacrificio y mirar para otro lado en esta ardua etapa. Pero parece que no hay vuelta atrás, que las negociaciones han dado los resultados obtenidos y que habrá aceptar los mismos como parte de un esfuerzo colectivo para que las FARC abandonen definitivamente la violencia. Los partidarios de Uribe, muy activos en las redes sociales y en las calles, han perdido la batalla política, y tampoco han sabido explicar las razones que les llevaron a abanderar la opción negativa ante la consulta sin tener una alternativa clara más allá de continuar una guerra perdida. Las FARC lleva cincuenta y dos alzadas años en armas sin que el Estado colombiano fuera capaz de derrotarlas militarmente, esa la realidad sobre el terreno y la guerra podría haber durado otros mil años.

El camino no va a ser fácil, surgirán problemas, malentendidos y seguramente algunos brotes de violencia, pero el proceso de paz ya es irreversible. Ya ninguna de las dos partes puede echarse a atrás porque perderían toda su legitimidad nacional e internacional. El proceso, además, ha sido avalado por la comunidad internacional, la Unión Europea (UE), los Estados Unidos y las Naciones Unidas, mientras que Uribe no cuenta con ningún apoyo serio y creíble en la escena internacional que le respalde. Ni siquiera los Estados Unidos, que por cierto van a extraditar a su exministro Andrés Felipe Arias (ahora en prisión), van a apoyarle en una apuesta tan arriesgada como dinamitar los acuerdos alcanzados. Ha comenzado un nuevo ciclo para Colombia, no exento de grandes riesgos, pero no se ve a nadie en la escena política capaz de torcer la naturaleza del acuerdo firmado y volver a las andadas, a la guerra.

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