La empresa pública Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima Unipersonal (Cogersa) deberá adecuar el pliego de condiciones de contratación de los servicios de auditoría y abrirlo a competencia, tras el recurso presentado por el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich Rosell, y el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Mario Alonso Ayala, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc).

En dicho recurso, Valentín Pich y Mario Alonso manifestaban el rechazo de las dos corporaciones a la exigencia de los pliegos de condiciones de dicho contrato, por la que los licitadores debían de acreditar una facturación anual superior a un millón de euros en al menos uno de los tres últimos ejercicios concluidos -cifra que superaba en 25 veces el presupuesto máximo de licitación anual, establecido en 40.000 euros-.

“Este requerimiento limita la competencia y la libre concurrencia de las firmas de auditoría, pues a dicho concurso si hubiese llegado a efecto sólo hubiese podido concurrir menos del 0,16% de las casi 1.300 firmas de auditoría que hay en España. Desde nuestra corporación, que tiene entre sus funciones principales velar por la defensa de los auditores españoles, hemos venido mostrando nuestra disconformidad con este tipo de prácticas colusorias con la competencia en diferentes organismos públicos”, destacó Mario Alonso.

Por su parte, Valentín Pich señaló que “en muchos de los procesos de licitación en nuestro país se está actuando en contra del Reglamento de la UE 537/2014, pilar de la Ley de Auditoría de Cuentas, que establece que debe existir la participación de entidades de menor tamaño en los procesos de licitación obligatoria, pública y periódica. Por ello, desde el Consejo General de Economistas velaremos para que no se discrimine a los auditores exigiéndoles un volumen de negocios desproporcionado con respecto al objeto del contrato”.

Principios de competencia, igualdad y no discriminación

En el recurso presentado por el Consejo General de Economistas y el ICJCE se exponía que la legislación de contratación del sector público recoge que las instrucciones de contratación han de atenerse, entre otros, a los principios de competencia, igualdad y no discriminación y estos principios podían verse afectados con cláusulas como éstas.

A este respecto, Carlos Puig de Travy, presidente del REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas, señaló que “es una buena noticia para la economía y para el sector de auditoría que esta Resolución haya rechazado las condiciones excesivas en materia económico-financiera que imponía esta licitación. Desde nuestra corporación siempre hemos abogado por eliminar los obstáculos injustificados a la participación de las pymes en la contratación pública que impiden la libre concurrencia a las licitaciones de la práctica totalidad de empresas del sector de la auditoría”.

“Ningún organismo público debe poner trabas a la libre competencia ni restringir la apertura a todos los operadores del mercado y segmentos de la auditoría. El Instituto seguirá mostrando su rechazo ante este tipo de prácticas, emprendiendo las acciones institucionales y legales necesarias para impedirlas y defender los derechos de los auditores de cuentas”, finalizó Mario Alonso.

 

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