Nuestros gobernantes han sido unos absolutos irresponsables con las cláusulas suelo. Unos títeres del auténtico poder, el económico, incapaces de mover un dedo para proteger a los consumidores por miedo a la reacción de los todopoderosos banqueros. Tras años y años desentendiéndose del mayor fraude sufrido por los consumidores en la historia de España, ni siquiera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha llevado al presidente del Gobierno y a sus homólogos en las diecisiete comunidades autónomas a actuar con la contundencia que el asunto requiere.

Resulta gravísima la irresponsabilidad de las comunidades autónomas al no haber multado a la banca. Han transcurrido casi cuatro años de las denuncias interpuestas por FACUA contra veinte bancos ante las autoridades de protección al consumidor autonómicas, sin que ninguna haya impuesto sanciones proporcionales a las dimensiones de este macrofraude.

Sólo la presión del Gobierno de España y las comunidades puede llevar a los banqueros a asumir vías de resolución extrajudicial de las reclamaciones de los usuarios, que van a producirse de forma masiva tras la sentencia del TJUE que determina la retroactividad total en la devolución de las cantidades cobradas de manera fraudulenta por la falta de transparencia de las cláusulas suelo. FACUA, que tiene cientos de causas judiciales abiertas, interpondrá nuevas demandas para reclamar la devolución de las cantidades cobradas por la cláusula suelo más los intereses legales en caso de que no se ponga en marcha un procedimiento extrajudicial para la resolución de los casos.

Hay que recordar la pasividad con la que los gobiernos de Zapatero y Rajoy permitieron que la banca cometiera el fraude. PSOE y PP se han cambiado los papeles a favor o en contra de la cláusula suelo según estuviesen en el Gobierno o la oposición. Desde 2009, FACUA ha pedido a los sucesivos gobiernos que adoptaran medidas. Pero durante las tres legislaturas en las que se ha venido cometido el fraude, el Ministerio de Sanidad, competente en las políticas de consumo, se ha desentendido del asunto y no ha hecho ni un amago de llevar a los tribunales a los bancos.

Y ahora, tras la sentencia del TJUE, el Ejecutivo de Mariano Rajoy sigue sin mover un dedo en defensa de los intereses de los hipotecados. En lugar de instar a la banca a devolver el dinero mediante un protocolo que no obligue a alargar el caso por la vía judicial, el Gobierno se ha limitado a anunciar que reforzará los tribunales ante la avalancha de demandas que se avecinan. Algo que resulta una auténtica tomadura de pelo y un grave incumplimiento del mandato constitucional del artículo 51 ante el mayor fraude de la historia.

Por otro lado, ningún presidente autonómico ha anunciado actuaciones sancionadoras contra los bancos, pese a que se trata de competencias exclusivas de sus autoridades de protección al consumidor. El anuncio de multas contundentes cuya cuantía se elevaría si no se devuelve el dinero supondría un acicate para que la banca diese el paso de asumir procedimientos extrajudiciales para reembolsar los miles de millones defraudados.

En marzo de 2013, FACUA inició una batería de denuncias contra una veintena de bancos ante las agencias, institutos, direcciones y secretarías generales de consumo de los diecisiete gobiernos autonómicos, que son los organismos con competencias para aplicar sanciones por este fraude masivo a los consumidores españoles.

Pero las autoridades de (des)protección al consumidor autonómicas han optado por desentenderse de sus competencias sancionadoras ante el mayor fraude de la historia. En casi todos los casos, eludieron actuar ante las denuncias inventando que sólo pueden actuar los tribunales, derivando las denuncias al Banco de España o rebotándolas a otras comunidades. Es una muestra más de la pasividad de los gobiernos autonómicos ante las graves irregularidades que sufren los usuarios, la cuál provoca una cada vez mayor impunidad.

Las leyes autonómicas de protección de los consumidores facultan a las comunidades a imponer multas que pueden llegar a alcanzar entre una y diez veces (según la comunidad) los beneficios obtenidos como consecuencia de un fraude. Algo que nunca han hecho, ni con la banca ni con ninguna empresa que haya cometido un fraude masivo en las últimas tres décadas. Las multas, en el reducido porcentaje de casos que se aplican, representan cantidades insignificantes en relación a las irregularidades cometidas, advierte la asociación.

 

Contundente correctivo para el Supremo 

Y no olvidemos que la sentencia del TJUE representa un contundente correctivo para el Tribunal Supremo tras su aberrante sentencia por la que determinó que los bancos podían quedarse con miles de millones de euros defraudados. La decisión del Supremo de mayo de 2013 estableció que la retroactividad de su sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, obviando los gravísimos trastornos sufridos por millones de consumidores al hincharse las cuotas de sus hipotecas de manera ilegal. Las cláusulas suelo contribuyeron a aumentar el índice de desahucios. Y los desahucios llevaron al suicidio a muchas personas, víctimas de la codicia desmedida de los banqueros y la pasividad de nuestros Gobiernos ante sus prácticas fraudulentas.

Repasemos cómo han actuado hasta la fecha las diecisiete comunidades autónomas ante las denuncias interpuestas por FACUA contra la banca por el fraude de las cláusulas suelo:

 

Andalucía

En la anterior legislatura, la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía anunció que tomaría medidas tras las denuncias presentadas por FACUA a comienzos de 2013. La autoridad de protección al consumidor, dependiente de Izquierda Unida, socio de Gobierno del PSOE, hizo público incluso un comunicado de prensa en el que anunció que aplicaría multas a los bancos por importes que alcanzarían el comiso de los beneficios obtenidos con el fraude de las cláusulas suelo. A fecha de hoy, los expedientes siguen en trámite y el nuevo Gobierno andaluz no ha vuelto a hacer público si sancionará a la banca y cuál sería en ese caso la cuantía de las multas. Y ello pese a que la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, aseguró en la campaña de las elecciones autonómicas que sería una de sus prioridades: «lucharé contra las cláusulas suelo con todas mis fuerzas», dijo.

 

Aragón

La Dirección General de Consumo del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón se desentendió de las denuncias de FACUA recurriendo a toda una colección de excusas en una respuesta remitida a FACUA el 11 de abril de 2013: en primer lugar, que los contratos aportados a modo de ejemplo se habían firmado hacía varios años, por lo que consideraba prescrito el plazo para reclamar.

Además, indicó que esos contratos no habían sido firmados en Aragón, por lo que no tenía competencias para actuar, obviando que había cientos de miles de aragonenses afectados por el fraude. También indicó que como las escrituras habían sido supervisadas por un notario y que ello le impedía tomar medidas. Por último, inventó que sólo los tribunales pueden declarar abusiva una cláusula contractual.

 

Asturias

En el Gobierno del Principado de Asturias, el organismo con las competencias en la protección de los consumidores, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, se quitó de enmedio las denuncias de FACUA rebotándolas a otros dos: al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que no tiene competencias para aplicar la legislación de consumo, y a las comunidades autónomas donde tenían sus domicilios los usuarios de los contratos aportados como prueba del fraude. Así lo comunicó la autoridad de consumo a la asociación en tres escritos fechados el 5 de abril, 29 y 30 de julio de 2013.

En 2014, trascendió públicamente que el Gobierno asturiano había impuesto pequeñas multas de entre 8.000 y 18.000 euros por cada contrato con cláusula suelo sobre el que había abierto expedientes sancionadores a raíz de denuncias de los usuarios. Es la única comunidad de la que han salido a la luz hasta la fecha la aplicación de sanciones, aunque su importe es insignificante dada la envergadura del fraude, advierte FACUA.

 

Baleares

En el Govern de les Illes Balears decidieron derivar una parte de las denuncias a las comunidades donde vivían los usuarios de los contratos aportados como ejemplo. En cuanto a los de consumidores con domicilio en Baleares, la Direcció General de Salut Pública i Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social comunicó a FACUA en junio de 2013 que abría un expediente, del que nunca más le facilitó información.

 

Cantabria 

La Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria archivó directamente todas las denuncias. Su excusa, expuesta en sendos escritos de fechas 21 de mayo y 20 de junio de 2013, fue que en los contratos aportados a modo de ejemplo de la existencia de un fraude masivo que afectaba a usuarios en todo el país, los domicilios de los hipotecados estaban en otras comunidades autónomas.

 

Canarias 

En el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio se quitó de enmedio las denuncias contra los veinte bancos: se inhibió trasladándoselas a las Junta de Andalucía, aunque no aclaró si el motivo es que FACUA tiene su sede nacional en Sevilla o que una parte de los usuarios de los contratos aportados como ejemplo vivían en Andalucía. El escrito está fechado el 18 de abril de 2013.

 

Castilla-La Mancha

La Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nunca contestó a ninguna de las denuncias de FACUA.

 

Castilla y León

En la Junta de Castilla y León, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Empleo también se recurrió a desentenderse de las denuncias derivándolas a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde vivían los firmantes de los contratos aportados como simple prueba de las características de la cláusula abusiva. Sus escritos están fechados el 19 de abril y el 15 de mayo de 2013.

 

Cataluña

La Agència Catalana del Consum, adscrita al Departament d’Empresa y Ocupació de la Generalitat de Catalunya, contestó inicialmente que iniciaría actuaciones para «esclarecer los hechos denunciados». En una segunda respuesta, recurrió a esta excusa para archivar las denuncias: «en

su escrito no hace referencia afectación alguna de los derechos e 

intereses de los consumidores y usuarios del ámbito territorial de 

Catalunya, ni existe ningún indicio que vincule las entidades 

financieras con dicho ámbito territorial». Las respuestas están fechadas entre mayo de 2013 y noviembre de 2014. En mayo de 2015, FACUA recibió nuevos escritos relativos a las denuncias contra varios de los bancos, en los que la Agència indicaba que había realizado inspecciones sin detectar que existiese ningún fraude: «se ha verificado el 

cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la actividad 

comercial en las relaciones de consumo llevada a cabo por las entidades 

del sector».

 

Comunidad Valenciana 

En la Generalitat Valenciana, la Direcció General de Comerç i Consum de la Conselleria d`Economia, Indústria, Turisme y Ocupació archivó también las denuncias. Su fórmula para hacer fue, como en la mayoría de los casos, derivar a las comunidades donde residían los usuarios que aparecían en los contratos aportados como prueba de la existencia de las cláusulas suelo. Sus escritos tienen fechas de 9 de abril y 12 de mayo de 2013.

 

Extremadura 

La Junta de Extremadura es otro de los gobiernos autonómicos que optó por no dar ni siquiera respuesta a las denuncias de FACUA, que fueron remitidas al Instituto de Consumo de Extremadura de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

 

Galicia

El Instituto Galego de Consumo, dependiente de Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, también recurrió al argumento de que los usuarios de los contratos anexos a las denuncias de FACUA como simple prueba de las características de las cláusulas abusivas no vivían en esa comunidad autónoma. El escrito desentendiéndose del fraude, como si no existiese ni un sólo gallego afectado por las cláusulas suelo, está fechado el 29 de abril de 2013.

 

La Rioja

En el Gobierno de La Rioja, desde la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sociales se limitaron a acusar recibo de las denuncias de FACUA. «Agradecemos su interés y le trasladamos el nuestro». Nunca contestaron qué hicieron con ellas.

 

Madrid

En la Comunidad de Madrid, la autoridad de consumo de la Consejería de Economía y Hacienda contestó a FACUA en un escrito de 20 de mayo 2013 que era incompetente. «La Dirección General de Consumo de la 

Comunidad de Madrid no tiene competencia para declarar la abusividad de 

las cláusulas que se plantean, ya que esta función está exclusivamente 

reservada a los tribunales de justicia».

 

Murcia

La Región de Murcia también recurrió a derivar las denuncias a las nueve comunidades autónomas donde vivían los usuarios de los contratos aportados a modo de ejemplo. Así lo señaló la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación en un escrito remitido a FACUA con fecha 8 de julio de 2013.

 

Navarra 

En sendas respuestas fechadas el 13 de mayo de 2013, la Dirección General de Política Social y Consumo de la Comunidad de Navarra indicó a FACUA que no actuaría porque los contratos incluidos como ejemplos en las denuncias no estaban firmados por consumidores navarros. El organismo archivó directamente, sin ni siquiera tomarse la molestia de derivarlas a otras comunidades y de indagar algo tan absolutamente obvio como que en Navarra también hay multitud de afectados por el fraude.

 

País Vasco 

En el País Vasco, el Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide) comunicó a FACUA en un escrito de 9 de abril de 2013 que derivaba las denuncias a las comunidades donde vivían los consumidores de los contratos aportados como ejemplos para que analizase las características de las cláusulas suelo. Como si en Euskadi no hubiese afectados por el fraude.

2 COMENTARIOS

  1. Facua u Ocu sí que han luchado por los afectados por suelos. No como otras asociaciones que se ponen el mérito y que solo han retrasado una solución para miles de familias con macrodemandas eternas que permiten cobrar muchos años muchas cuotas de socios. Apoyemos a las verdaderas asociaciones de consumidores y no demos dinero público a las que venden humo.

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