Los expresidentes andaluces socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán están citados este miércoles a declarar por segunda vez en el caso de los ERE, una diligencia judicial que el abogado de uno de ellos ha pedido suspender, sin éxito, porque considera que es «injusta e innecesaria» y «solo garantiza el paseíllo». Tanto Chaves como Griñán ya declararon en abril del 2015 ante el Tribunal Supremo cuando eran parlamentarios y aforados, y tras perder esa condición han sido citados por el juzgado de instrucción 6 de Sevilla «para garantizar suficientemente» su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso.
El pasado 14 de abril, Chaves declaró ante el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro que en todo el tiempo que había sido presidente de la Junta de Andalucía, durante 19 años entre 1990 y 2009, “nunca jamás” adoptó en el Consejo de Gobierno “ninguna decisión ilegal. Nunca”. Tras declarar durante tres horas, el ex presidente andaluz y ex presidente del PSOE dijo que “ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad”, una actuación, ha dicho, que siempre ha marcado su trayectoria política, dentro y fuera de Andalucía. “Cualquier decisión política o normativa que he tomado siempre ha estado basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios”, apuntó. Es decir, se sumó a la tesis de su compañero y sucesor en el cargo José Antonio Griñán, que llegó a afirmar días antes de su comparecencia ante el Supremo: “No creo que hubiera un gran plan pero sí un gran fraude”.
El fraude multimillonario de los supuestos ERE fraudulentos se cometió, según las argumentaciones de ambos expresidentes, sin ellos saber absolutamente nada de las irregularidades masivas que altos cargos de sus gobiernos cometían a sus espaldas.
José María Mohedano, abogado de Griñán, ha presentado un escrito para evitar que se citara al expresidente porque considera que esta diligencia «no garantiza ni el derecho de defensa ni el de igualdad. Solo garantiza el ‘paseíllo'».
El abogado destaca en su petición, que no ha sido atendida, que está «suficientemente colmado» el derecho de Griñán a ser oído por el juez natural tras su declaración en el Supremo, donde contestó a 119 preguntas, pero no lo hizo con las que formularon el PP y Manos Limpias, lo que tampoco hará hoy miércoles, según anuncia en su escrito.
Con la nueva citación, añade el defensor, se provoca al expresidente «un nuevo perjuicio injusto e innecesario como es el del famoso ‘paseíllo’ en una causa penal deliberadamente mediatizada y contaminada para obtener una repercusión pública que ha producido ya un daño enorme» en Griñán y a muchos investigados antes del juicio oral.
Como muestra de su afirmación, el abogado señala lo ocurrido con el auto de preimputación de la juez Mercedes Alaya, que nunca se le notificó pero «fue divulgado inmediatamente con grandes titulares por todos los medios de comunicación», abrió informativos de televisión y provocó debates públicos en radios y televisiones.
Para las comparecencias y debido al gran interés mediático que han suscitado, finalmente se han adoptado menores medidas de las previstas para compaginar la actividad judicial diaria y la presencia de ambos expresidentes, y solo se colocarán en las puertas de los juzgados algunas vallas más de las habituales en los días de mayor expectación.
Tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, Chaves, que fue presidente entre 1990 y 2009, ha sido citado a las 10.00 horas y una hora después a Griñán, que le sucedió al frente del Gobierno andaluz, en el que estuvo hasta el 2013.
El mismo día, el juez ha citado a las 12.00 horas al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que también compareció en el Supremo cuando era diputado.
El juez de refuerzo Álvaro Martín ha citado a los tres dentro de la pieza de los ERE denominada del procedimiento específico, que fue el creado por la Junta de Andalucía para ayudar a empresas en crisis y que supuso el desembolso de 855 millones de euros entre los años 2000 y 2012, según dijo la magistrada que abrió el caso, Mercedes Alaya.
En esta pieza del procedimiento específico, en la que se investigan los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se incluyen como investigados, antes imputados, a 51 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, aunque el juez no ha precisado aún los delitos que imputa a cada uno de ellos, informa Efe.
Esta pieza, la más avanzada en el caso y que el juez podría remitir a la Audiencia de Sevilla este año para que sea la primera que se enjuicie, se considera clave porque afectará al resto de la causa, en la que hay 275 imputados y se empezó a instruir hace cinco años.
