Exigir el apoyo sin condiciones del Partido Socialista a cambio de “aceptar” una eventual abstención de sus diputados -según se desprende del órdago lanzado por Mariano Rajoy el pasado domingo a través del diario El Mundo- esconde un acto de chantaje al Jefe del Estado, cuyas atribuciones constitucionales no pasan de valorar las posibilidades de cada candidato para ser investido y hacer una propuesta al Congreso de los Diputados en función de dicha valoración. Si fuera ese el caso, el PSOE no estaría, ni antes ni ahora, apoyando al Partido Popular, sino anunciando al Rey la abstención de su Grupo Parlamentario, lo que permitiría la investidura con una mayoría de síes frente a noes. Es más, el PSOE no estaría siquiera obligado a comunicar su decisión al Partido Popular, y muchos menos a “negociarla”, ya que el único destinatario de dicha información, a los efectos oportunos, es Felipe VI. Asimismo, la función del Rey debe limitarse a verificar si el candidato suma los síes suficientes para ser investido, y, en consecuencia, hacer la correspondiente propuesta a la Presidenta del Congreso.

Pretender del Rey que tenga en cuenta, además, las posibilidades del candidato para sacar adelante o no su programa político y sus proyectos de Ley, que contemple las debilidades que deberá sortear el Gobierno en su mandato, y que por ello llegara a aceptar una negativa de Rajoy a ser propuesto, excedería sobremanera las funciones del monarca, que no puede decidir en función de los acuerdos o controversias que puedan darse en el Parlamento. Rajoy estaría cometiendo un fraude constitucional y haciendo cómplice al Jefe del Estado, al reclamar de este una intervención directa sobre competencias que son exclusivas de Las Cortes. El Presidente en funciones no puede chantajear al Rey –y con él, a todos los españoles- pidiendo poco menos que ordene a los diputados socialistas integrarse en el Grupo Popular a cambio de desbloquear la gobernabilidad del país y aceptar su designación como candidato para evitar las terceras elecciones.

Con el globo sonda lanzado por su partido, Rajoy acusa el primer golpe de verse presidiendo un Gobierno sometido a un Parlamento en el que la Oposición supera en número de diputados al Partido Popular, que podrá enmendar y hasta rechazar sus leyes. Un obstáculo que el Presidente en funciones pensaba sorteado con el pueril No es no defendido por Pedro Sánchez y su equipo, que avocaba indefectiblemente a una nueva cita con las urnas, en la que -así lo vaticinan los primeros sondeos publicados- el PP aumentaría sus diputados, acercándose, con o –incluso- sin el apoyo de su socio ideológico Ciudadanos, a la mayoría absoluta.

Si, como ahora parece posible, el PSOE optara por aceptar el fatídico resultado electoral obtenido por Pedro Sánchez, por la izquierda en general, y facilitar mediante la abstención que Mariano Rajoy –u otro candidato popular– sea investido Presidente con los apoyos de su partido y de Ciudadanos, cuando el líder popular acuda a La Zarzuela escuchará del Rey que ha constatado que el candidato del PP está en condiciones de ser investido y puede darse por comenzada la XII Legislatura.

Si por el contrario, Felipe VI aceptara el chantaje y decidiera no encomendar la investidura al candidato popular, estaría participando en la estrategia política del partido ganador de las elecciones generales, y excediendo, hay que insistir, las atribuciones que le otorga la Carta Magna. Si Rajoy rechazara el encargo real, la única salida del monarca sería pedir del PP un nuevo candidato que administre la mayoría parlamentaria de la que dispone, antes que aceptar sin más una nueva disolución de las cámaras legislativas.

El Gobierno resultante tendrá que presentar sus proyectos de Ley de Presupuestos Generales y otros, y admitir que los grupos parlamentarios podrán aprobarlos, enmendarlos o rechazarlos. Porque así es la configuración de Las Cortes que han decidido los españoles para esta Legislatura. Será difícil para un partido poco acostumbrado por sus propios orígenes a prácticas democráticas, pero así son las cosas. Son las reglas del sistema establecido por la Constitución, y, mal que le pese, les son también de aplicación al Partido Popular.

El PP parece dispuesto, empero, a secuestrar el Gobierno y el Parlamento hasta que las condiciones le sean más favorables. Evitarlo está en manos de Felipe VI, del que se espera que no acepte semejante chantaje antidemocrático.

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