El pasado 10 de octubre, el Diario Oficial de la Generalitat publicó la creación de la “Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña”.

El objetivo de la Comisión era investigar “documentar, determinar y difundir las violaciones de derechos fundamentales de las personas que se hayan producido en Cataluña” durante el referéndum ilegal. La Generalitat se arrogaba la competencia para investigar “de forma particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de aclarar los hechos y evitar la impunidad de los órganos y las personas que sean responsables de los mismos”. El objetivo de la comisión es elaborar un informe que permita elevar una demanda de la Generalitat contra el Gobierno español en el Tribunal de Estrasburgo.

La primera reacción a la creación de esta Comisión viene de parte de todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales que la consideran un grave ataque a la separación de poderes. En un comunicado, muestran su “rotundo rechazo” a la creación de esa comisión porque “pretende nítidamente interferir” en la actuación judicial concluyendo en que “Nadie debe quebrar la necesaria separación de poderes públicos”.

Así mismo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha pedido a la Abogacía del Estado que recurra el acuerdo de la Generalitat para “restablecer el ordenamiento constitucional y legal que mediante el citado acuerdo se ha visto conculcado”.

Así las cosas, este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado que requerirá a la Generalitat de Cataluña que “deje sin efecto” el acuerdo de creación de la Comisión Especial, “específicamente en lo que atiene a la investigación de los órganos judiciales y la depuración de las eventuales responsabilidades”.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado, por unanimidad y a propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, “poner en conocimiento del Ministerio Fiscal cualquier actuación que pudiera realizar la Comisión Especial sobre la violación de los derechos fundamentales en Cataluña que suponga supervisión o injerencia de cualquier tipo en la labor realizada por jueces o magistrados, por si pudiera ser constitutiva de delito”.

La Permanente fundamenta su requerimiento en que el acuerdo del Gobierno catalán es “contrario a la Constitución Española y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, normas en las que se proclama el principio de independencia judicial” y contraviene además “lo previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”.

El requerimiento tiene carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Generalitat por parte de la Abogacía General del Estado. La Comisión Permanente también ha acordado instar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que comunique a los jueces y magistrados del territorio que pongan en conocimiento del órgano de gobierno del Poder Judicial “aquellas comunicaciones, requerimientos o solicitudes que se les dirijan por la referida Comisión Especial creada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a los efectos oportunos”.

Además, el Consejo denunciará el acuerdo de la Generalitat ante la Red Europea de Consejos de Justicia “al suponer una muy grave injerencia en la independencia de los jueces y magistrados que sirven en los órganos judiciales de Cataluña” y se dirigirá a la Cumbre Judicial Iberoamericana para poner en conocimiento de los Poderes Judiciales de los países miembros “la gravedad de la situación que se está produciendo en la Comunidad Autónoma de Cataluña de atentado a la independencia judicial”.

La Permanente elevará al Pleno del CGPJ el acuerdo de la Generalitat para que pueda pronunciarse sobre la existencia de la Comisión Especial y la finalidad perseguida en la misma.

Por otra parte, La Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado este jueves por unanimidad una declaración institucional en la que exige el máximo respeto a la independencia judicial ante las críticas recibidas por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y señala que las decisiones adoptadas por ésta “responden exclusivamente a los motivos recogidos” en sus resoluciones.

La declaración se ha producido “ante las reiteradas manifestaciones de responsables públicos relativas a que la decisión de adoptar la medida cautelar de prisión provisional de los señores Cuixart y Sánchez obedece a motivos políticos, incluso llegando a calificarles como presos políticos”.

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