“Las empresas y los ciudadanos se enfrentan a un nivel de regulación muy elevado, que dificulta que las empresas se centren en lo que sabemos y debemos hacer, que es crear riqueza y generar empleo”, ha manifestado La secretaria general de CEOE, Ana Plaza, en la presentación del informe “La producción normativa en 2015”

En el informe se indica que en 2015, se aprobaron 884 normas de distinto rango a nivel estatal, un 25% más que en 2014 y ha añadido que aumentar el número de leyes es ir en la dirección equivocada. Se resaltó también el número de páginas dedicadas a las normas. En 2015 se editaron casi 176.500 páginas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que representa un aumento del 3,9% respecto a las de 2014.

En cuanto a las normas con rango de Ley aprobadas por las comunidades autónomas, ascendieron a 304 en 2015, con un incremento del 29,9% sobre las de 2014. El volumen de páginas publicadas por sus respectivos boletines fue de casi 800.000 páginas. En suma, el conjunto de páginas publicadas por los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico ascendieron a 961.291 páginas en 2015.

En el plano europeo, se adoptaron 2.057 actos legislativos, (1.255 Reglamentos, 38 Directivas y 764 Decisiones), lo que supuso un descenso del 14% respecto del año anterior. En este sentido, Plaza ha señalado que la legislación vigente en el ámbito de la Unión Europea, se sitúa en torno a 20.000 normas, pero se amplía hasta las 100.000, si tenemos en cuenta los acuerdos internacionales, la jurisprudencia y los estándares de normalización.

Según ha explicado Ana Plaza, una de las consecuencias de un entramado legislativo tan denso y una regulación ineficiente es el alto grado de litigiosidad. Así, ha citado que en España entraron en los órganos judiciales 8.376.311 nuevos asuntos en 2015, y el número de asuntos pendientes al finalizar el año se situó en 2.411.905.

Propuestas

En este contexto, en las jornadas se debatieron las propuestas de CEOE para mejorar el marco normativo. Propuestas que se centran en reducir la complejidad del entramado legislativo; promulgar normas claras, simples y en un número reducido; trasponer la normativa europea sin introducir requisitos adicionales; evitar la profusión y la dispersión legislativa que fragmentan la unidad del mercado nacional y aumentar y mejorar los procesos de consultas a los representantes de los operadores económicos durante la elaboración de normas. Se concluyó que si queremos convertirnos en polo de competitividad en la economía globalizada hemos de contar con una administración y una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas y los ciudadanos.

La clausura de la jornada corrió a cargo de José Vicente González, vicepresidente de CEOE y presidente de la Comisión de la UE de CEOE. Insistió en la necesidad de legislar menos y con más eficacia, añadiendo que la Administración Española tiene una cultura de hiperregulación que debería cambiar. Criticó también la falta de estudios previos del impacto económico que trae la aplicación de nuevas normativas y puso como ejemplo a Bruselas donde si se hace.

Para José Vicente González sería importante llevar a cabo un estudio de los costes que supone para las empresas las consecuencias de la hiperregulación y concluyó señalando que los partidos políticos ya están recogiendo algunas de estas propuestas pero que falta que las apliquen.

En la jornada, hubo un debate moderado por José María Campos, director del departamento de Legal de CEOE, y en el que intervinieron: José Carlos Cano, presidente del Foro Europa Ciudadana; Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB; José Antonio Moreno, director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA); Álvaro Mazarrasa, director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), y Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos y del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid.

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