El próximo 21 de diciembre las fichas del tablero catalán volverán a fijar una nueva senda en el debate de un territorio, un asunto de estado que, lejos de superarse, parece que volverá a retomar a la escena política con fuerza en las postrimerías de un año turbulento en lo que al debate territorial se refiere.

Y es que el asunto catalán ni es solo regional ni es un mero asunto, así debajo del choque de trenes entre el constitucionalismo y el nacionalismo ensoñado de un independentismo irreal se esconde un debate mucho más profundo que en buena medida afecta al conjunto de España. Una cuestión que toca resolver y que no es otra que el encaje territorial de las regiones en un estado de las autonomías tal vez superado en un marco constitucional que tiene entre sus éxitos el de la estabilidad dada a nuestro país. Un marco que hoy requiere de un nuevo replanteamiento que permita ajustar la maquinaría de la convivencia hacía el progreso y la unidad de un proyecto de país llamado España.

Es aquí, por debajo de las soflamas independentistas y el amor patrio generado a raudales con la compra permanente de banderas rojas y gualdas, donde surge un choque de calado profundo en lo que a la política nacional se refiere en el seno del denominado bloque constitucionalista.

Un choque que tarde o temprano enfrentará a quienes han visto la oportunidad de reformar nuestro marco constitucional hacia un federalismo en igualdad y por el contrario quienes creen que el estado autonómico descentralizado ha sido culpable de las tensiones que hoy afloran por Cataluña y que en el futuro podrían enquistarse en otras regiones, son estos quienes ubicados principalmente en el ala conversadora de la política española podrían ahora aprovechando la crisis catalana, defender esa necesaria reforma de la constitución hacia un modelo de centralización del Estado en pos de una limitación de competencias autonómicas en un claro retroceso en lo que a la autonomía como concepto en sí se refiere y un paso al pasado que anclaría el progreso de una España que debería apostar por el federalismo leal antes que el centralismo férreo.

Y es que la reciente intervención en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid en relación al control de su techo de gasto por parte del gobierno de la nación no deja lugar a dudas de la decisión y camino marcado por el gobierno del PP en relación al control férreo de las administraciones, aun cuando la intervención en Madrid ha venido a reflejar cierta incoherencia a tenor de la no intervención en esa misma línea de otros ayuntamientos o regiones de nuestro país en manos del gobierno del PP y con mayor nivel de gasto público y superación de los límites establecidos al respecto por el propio Montoro de manera reiterada.

Con todo, el debate catalán no viene en definitiva nada más que a presentarnos en primera escena un asunto de mayor calado, el de la reforma constitucional en su cruce de caminos hacia la centralidad o el federalismo que tarde o temprano tomara forma en la carrera de san Jerónimo, un cruce que hoy parece de imposible tránsito en un tablero político en donde las mayorías necesarias para la reforma de la Constitución parecen prácticamente inalcanzables llegado el momento de tomar una senda u otra.

Solo el pacto de las fuerzas mayoritarias haría posible por el contra avanzar en un escenario que hoy parece condenado a la inacción, al menos hasta la celebración de unas próximas elecciones generales que pudieran traer cambios significativos en el reparto de escaños en el Congreso y el Senado. Lo contrario sería un anclaje y enroque en una reforma constitucional impracticable a priori por las diferentes posiciones del PP y el PSOE hoy en lo que al federalismo se refiere.

No por menos, el escenario catalán ha venido a traer una polarización de la política española en donde a ninguna fuerza política se le escapa que el mal paso en un debate tan profundo como el de la reforma constitucional les llevaría de cruces a una pérdida de apoyos significativos en unos comicios electorales. El tiempo dirá si la política en mayúsculas es capaz de superar a esa que hoy se escribe en minúscula en muchas ocasiones.

Nos jugamos en ello el interés general de un país que quiere convivir y progresar juntos frente a los retos y desafíos que tenemos por delante y que no son pequeños.

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1 Comentario

  1. Ser demócrata es ante todo convencer y no imponer. Hay que asumir plenamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que podéis buscar en el BOE (1977), y el de Derechos Sociales y Económicos, e implementarlos totalmente en la Constitución (1978), compromisos de Derechos Humanos que España ya debería haber cumplido. La imposición de unas leyes injustas bajo amenazas, y el no reconocimiento de los pueblos nunca llevarán a buen puerto a un Estado.​ La solidaridad y la colaboración nunca pueden ser impuestas, sino fomentadas. Una reforma federal ya se queda corta a estas alturas, tras el colapso antidemocrático de todas las instituciones y espacios españoles. Si se quiere salir del pozo, solo cabe ya una reforma Confederal centralizada al mínimo, que sí pondría a España entre las mejores naciones civilizadas. Os aseguro que ya nadie querría irse, hoy día nadie es independiente, sino interdependiente. Los españoles deberían echarle valor y ganas.

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