CCOO defiende que el crecimiento de la actividad económica debe servir para recuperar los salarios tras la fuerte devaluación interna sufrida durante la recesión. Para el sindicato es necesario que el crecimiento y los mayores beneficios se repartan ahora en forma más justa, a través de más puestos de trabajo, de empleo más estable, y de salarios que ganen poder de compra. Las subidas salariales negociadas en 2017 deben garantizar una mejora del poder adquisitivo, con un rango de incremento de los salarios entre un 1,8 y un 3%.

Los precios no variaron en marzo de este año (0,0% mensual) frente a las subidas de años anteriores. La bajada mensual de electricidad, carburantes y legumbres y hortalizas compensa el alza en prendas de vestir, calzado y hostelería. La subida interanual del IPC se modera siete décimas en marzo hasta el 2,3%, por la bajada de los carburantes y la electricidad en marzo. La inflación subyacente (sin energía ni alimentos frescos) cae una décima hasta el 0,9% interanual y se mantiene en valores moderados, 1,4 puntos porcentuales por debajo del índice general, con independencia de factores coyunturales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se sitúa en marzo en el 2,1% anual en España, tras bajar nueve décimas respecto a febrero, pero sigue por encima del dato en la Eurozona (1,5% anual, tras moderarse cinco décimas). El IPCA subyacente (sin energía y alimentos frescos) se situaba en el 1,05% interanual en España en febrero, ligeramente por encima del dato de la UE (0,9%) o de la Eurozona (0,86%) y muy por debajo del 2% referencia del Banco Central Europeo. La baja inflación y la debilidad del crecimiento económico a nivel europeo justifican mantener la política monetaria expansiva del BCE y aplicar una política presupuestaria expansiva en el conjunto de la UE que abandone las políticas de austeridad como objetivo prioritario, e impulse el crecimiento y el empleo, para reducir los 16,2 millones de desempleados de la Eurozona, de los que más de la cuarta parte reside en España.

El crecimiento económico en España se mantuvo en el 3,2% en 2016, aunque se desaceleró según avanzaba el año y se prevé que se modere hasta el 2,5% en 2017. Mientras, suben ingresos y beneficios empresariales (en 2015 ya se había recuperado el excedente empresarial previo a la crisis) debido a que las empresas no trasladan a precios toda la caída del precio del petróleo y de las materias primas, al recorte de sus costes de financiación, la bajada del impuesto de sociedades y la devaluación de los salarios provocada por la crisis y la reforma laboral. Es necesario que el crecimiento y los mayores beneficios se repartan ahora en forma más justa, a través de más puestos de trabajo, de empleo más estable, y de salarios que ganen poder de compra. La creación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de salarios y pensiones son los dos factores que más hacen por consolidar el crecimiento y su sostenibilidad, gracias a la rebaja de la desigualdad que generan. Con los datos provisionales de 2016, 8,3 millones de trabajadores han dispuesto de un convenio colectivo, con una subida media del 1,09%, inferior a la referencia del AENC (1,5%) pero muy superior a la inflación media (-0,2%) por lo que los salarios ganaron poder adquisitivo en 2016. Los convenios colectivos con efectos económicos en 2017, cubren a 3,9 millones de trabajadores hasta marzo, con una subida salarial del 1,26%.

CCOO defiende que el crecimiento de la actividad económica debe servir para recuperar los salarios tras la fuerte devaluación interna sufrida durante la recesión. España ha acumulado varios años con una inflación por debajo de la media, ganando competitividad vía precios, lo que proporciona un margen que debe ser utilizado para recuperarnos de los durísimos efectos de la devaluación salarial. Las subidas salariales negociadas en 2017 deben garantizar una mejora del poder adquisitivo, con un rango de incremento de los salarios entre un 1,8 y un 3 por ciento. En el área pública, CCOO insta a que se convoque la Mesa General de Negociación para abordar la negociación de los aspectos retributivos, de empleo y jornada para 2017; la rectificación de todos los recortes sufridos por los empleados públicos durante la crisis y la convocatoria de una oferta de empleo público excepcional.

En esta salida de la recesión no debemos permitir que sigan aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. Se debe garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en 2017 con una subida según la inflación prevista (que ha sido rechazada por el Gobierno). Urge incrementar los salarios más bajos mediante la mejora sostenida del SMI (más allá de la insuficiente subida aprobada) que le permita alcanzar los 800 euros en 2017 y aproximarse al objetivo del 60% del salario medio, y concentrar en los parados de larga duración los incentivos a la contratación, para evitar que la mejora salarial recorte sus oportunidades de empleo. Hay que promover un Plan de Choque por el Empleo para crear puestos de trabajo, aumentar la protección social, en particular de las personas desempleadas (la tasa de cobertura está en mínimos), poner en marcha un “Plan de Choque para la Recuperación de los Parados de Larga Duración”, redefinir el hasta ahora muy insuficiente programa de Garantía Juvenil e implantar una Renta Mínima Garantizada, promovida por CCOO a través de la ILP admitida a trámite en el Congreso de los Diputados.

Hay que incrementar los ingresos públicos y de la Seguridad Social de forma estructural para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones en el corto plazo, al tiempo que a medio plazo se siguen desarrollando medidas en el marco del Pacto de Toledo. Algunas de las medidas que plantea CCOO para incrementar los ingresos y la sostenibilidad de las pensiones pasan por incrementar los ingresos por cotizaciones (destopando las bases máximas de cotización por contingencias comunes, equilibrando las bases medias de los distintos regímenes, incrementando las bases mínimas a través de la subida del SMI, actuando sobre los tipos; el fraude a la Seguridad Social,…) y financiar con cargo a los presupuestos del Estado, las políticas activas de empleo, gastos de gestión y administración de Seguridad Social, y, al menos temporalmente, garantizar transferencias que contribuyan a financiar parcialmente prestaciones, como las de muerte y supervivencia, con impuestos directos y progresivos sobre la renta, el patrimonio y los beneficios empresariales.

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