La Federación de Enseñanza de CCOO ha impugnado ante la Audiencia Nacional la vigencia y aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012, que supuso unos recortes muy amplios en el sistema educativo español. Para la Federación del sindicato las medidas recogidas eran temporales, transitorias y con un fin socioeconómico concreto. Y argumentan que seis años después, y en un contexto de crecimiento económico “su aplicación habría dejado de tener justificación”.

Entre otras medidas de carácter excepcional, en la enseñanza no universitaria el Gobierno del PP aumentó el número de estudiantes por aula, incrementó la jornada docente, amplió a dos semanas el plazo para la sustitución temporal del profesorado y demoró la implantación de los planes de reordenación de la Formación Profesional.

Según los datos que ofrece Comisiones Obreras la ampliación de la jornada lectiva y la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública, que quedó reducida al 10%, provocaron la destrucción de 32.801 plazas de trabajo en apenas un año y medio; las jornadas parciales crecieron un 30% y la temporalidad se disparó, haciendo que en la actualidad, uno de cada cuatro docentes se encuentre en situación de interinidad.

En el ámbito universitario, se condicionó el número de horas de docencia a la actividad investigadora evaluada positivamente. La dedicación docente puede incluso duplicarse en función de la actividad investigadora, lo que repercute negativamente en la carrera y promoción profesional de un elevado número de docentes funcionarios y, consecuentemente, en sus retribuciones.

Desde CCOO entienden que transcurridos seis años desde la implementación de esta Ley, que estaba motivada por razones económicas que ahora han desaparecido, es el momento de que resulte derogada. Una derogación que aseguran ya debería haberse producido con la Ley Presupuestaria.

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