El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO ha remitido un escrito al Ministerio de Justicia y a todas las Administraciones Autonómicas con competencias transferidas, solicitándoles que pasen de las palabras a los hechos y pongan en marcha los planes de formación específicos para el personal de Justicia contra la violencia de género que contempla el Pacto de Estado y que es además una de las 26 medidas que, a bombo y platillo, anunció la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad del pasado 27 de diciembre.

A través de sendas proposiciones no de ley de los grupos Popular y Socialista, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a “garantizar la formación especializada y acreditada que permita valorar el aprovechamiento de conocimiento de los magistrados al frente de órganos jurisdiccionales especializados, así como de los abogados, procuradores, fiscales, letrados y empleados públicos de la administración de justicia, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer” y a “incrementar la formación específica en violencia machista de todo el personal especializado que intervenga en la atención integral a las mujeres y sus hijos e hijas”. Asimismo, el Congreso instó al Gobierno a “dotar suficientemente las partidas presupuestarias”.

El Pacto de Estado posteriormente alcanzado en el Congreso de los Diputados recoge diversas medidas sobre la necesaria formación del personal de los juzgados que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia. El pacto, literalmente, dispone en su introducción que “para ofrecer a las víctimas de violencia de género la mejor asistencia posible es necesario que se amplíe la formación especializada de todos los profesionales que intervienen en la prevención, seguridad y ayuda psicosocial a las víctimas”, formación que se establece en el pacto como obligatoria, homologada y evaluable.

Finalmente, entre las 213 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se establece la de “ampliar la formación especializada que reciben los y las profesionales de la Administración de Justicia (…) en materia de prevención de la violencia de género”, formación que debe ampliarse a los juzgados “de familia y de menores, además de a los juzgados especializados en violencia de género”, disponiendo la necesidad de una formación “transversal, estable, multidisciplinar y evaluable”.

Para CCOO todo el trabajo está por hacer en materia de formación del personal de la Administración de Justicia (cuerpos funcionariales de Letrados, Gestión, Tramitación, Auxilio Judicial, Medicina Forense y categorías profesionales de Psicología y Trabajo Social) en materia de violencia sobre la mujer y ya no hay ninguna excusa para poner en marcha los planes formativos contemplados en el Pacto de Estado.

No hacerlo, constituiría para el sindicato un engaño inaceptable a las víctimas y a la opinión pública, y también para las trabajadoras y trabajadores de los juzgados, hartos ya de escuchar grandes discursos sobre la necesidad de adoptar medidas que, hasta la fecha, al menos en el ámbito judicial no se han visto concretadas.

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