De nuevo el pueblo gallego ha demostrado su capacidad de reacción ante los desastres de diferentes naturalezas que han sufrido en los últimos años.

Así, en el desastre del Prestige (2002) los gallegos se volcaron con decisión para colaborar en las ayudas de limpieza del fuel vertido en la costa; en 2013 el accidente ferroviario de Angrois mostró cómo los vecinos y todo el pueblo gallego se aplicó el mismo día del accidente y, posteriormente en el apoyo a las víctimas y familias reclamando desde entonces sin descanso la apertura de comisiones de investigación por parte del Gobierno Autonómico y Central para la depuración de responsabilidades políticas y, ahora en 2017, con la oleada de incendios que asoló los montes gallegos, de nuevo ha quedado en evidencia el valor y coraje de este pueblo que de nuevo ha sido azotado por la catástrofe.

Una vez apagados los fuegos, las Instituciones están en la fase de valoración de daños y posibles ayudas a las zonas y personas afectadas, pero es también necesario analizar el porqué.

UGT informa del despido de unos 936 efectivos en Galicia pocos días antes de declararse los incendios al igual que en Asturias y Castilla y León, dejando el Noroeste de la Península totalmente desprotegido con el agravante de la fuerte sequía que se estaba sufriendo, conocida por todos, con el consiguiente riesgo que esto suponía.

El sindicato continúa exigiendo a las empresas o administraciones que gestionan el sector que coticen por los trabajadores encargados de la extinción de incendios dentro del CNAE correspondiente a la ley como personal de los servicios de emergencia, y no como vienen realizando la mayoría en los correspondientes a silvicultura.

Por su parte, CCOO denuncia la falta de planificación del medio rural y forestal y la ausencia de un auténtico plan de estrategia territorial. La falta de compromiso de los poderes públicos, agravado por el recrudecimiento del calentamiento global, arrasa miles de hectáreas de montes y terrenos.

CCOO viene reclamando desde hace años planificación, ordenación de montes, prohibición de cambio de uso del suelo en terrenos incendiados, acotación al pastoreo en ellos, prohibición de cazar hasta recuperación de los mismos, operativos públicos de lucha contra incendios que estén activos todo el año realizando todas aquellas labores necesarias para, la obtención de recursos de los que proveen los montes.

Afirma que se deben preparar y adaptar a los terrenos forestales a la nueva realidad climática y ecológica, considerando fundamental la investigación de las causas a través de las brigadas de investigación de los agentes forestales —dotándoles de mayor capacidad legal y de actuación—, persecución de los incendiarios, que se pongan sobre la mesa los conflictos de intereses sobre los usos de los montes, y asumir que los incendios no se apagan en verano si no durante todo el año.

CCOO también insiste en que sí hay posibilidades de generar empleo reivindicando que el sector forestal forme parte de ese otro modelo de desarrollo que este país necesita.

El Sindicato Labrego Galego (SLG), analiza desde un prisma mucho más duro las causas de los incendios afirmando que existe un plan para que Galicia sea “un puro eucaliptal” y que “no existe una coordinación ni una ordenación del territorio y los pueblos están cercados por eucaliptos”, algo que aumenta el riesgo para la población en caso de incendio.

Xosé Ramón Cendán, miembro de la ejecutiva del SLG, afirma que la falta de control y el fomento del cultivo de eucalipto para la industria papelera han hecho que el uso del suelo se haya modificado profundamente en apenas unas décadas, copando áreas de uso agrario con este tipo de árbol -“gasolina para el monte”, como Cendán lo denomina-, de rápido crecimiento pero devastador para la prevención del fuego.

 

Además de las reivindicaciones de los Sindicatos, en Galicia otras voces explican que además de las malas políticas que los gobiernos aplican en materia forestal, abundan en el problema planteando soluciones que tienen que ver con la ordenación del territorio.

En Galicia, el territorio está muy fragmentado, hay cerca de 400 parcelas por Km2 (minifundio), en el resto del Estado la media es de aproximadamente 50, al no existir una ordenación del territorio la Ley de la improvisación impera.

Galicia tiene 27.000 núcleos de población, algunos con muy pocos habitantes, el rural se abandona y todo indica que es una tendencia imposible de reconducir.

Con el gobierno bipartito de PSOE y BNG en la Xunta de Galicia se intentó poner en funcionamiento el “Banco de tierras” con el que se pretendía regular el uso y aprovechamiento de fincas con vocación agraria, con el doble objetivo de evitar su abandono y de ponerlas a disposición de todas aquellas personas que necesiten tierra para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de conservación de la naturaleza y patrimonio u otros usos de interés social.

La función principal del Banco de Tierras es la de dinamizar y mediar entre las personas propietarias y aquellas que precisan tierras, así como dar garantías, confianza y seguridad en la gestión y el uso de las fincas.

El Banco de Tierras, duramente criticado por Núñez Feijoo en su momento, se mantiene, pero una vez el Partido Popular alcanza el Gobierno de la Xunta se modificó la Ley y se eliminó el carácter obligatorio perdiendo así la vocación con la que había nacido.

Si se impulsa de manera seria y efectiva, los expertos aseguran que el Banco de Tierras podría suponer una de las soluciones o paliativo para más de uno de los problemas que sufre la sociedad gallega: La despoblación de las zonas rurales, los incendios y el paro.

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