El espacio donde Rajoy y su gobierno han ubicado la crisis catalana supone elevar a considerables atmósferas la “conllevancia” de Ortega, “Después de todo, no es cosa tan triste eso de conllevar”, dijo el metafísico madrileño tras dar por irresoluble “el problema catalán.” Rajoy, elevando el tono orteguiano, ha situado el descontento de Cataluña en el ámbito de la delincuencia. Es una derrota más de la política a manos de una derecha que reduce el formato polémico de la vida pública a una cuestión de orden público. El adversario político delinque por su discrepancia y la expresión del malestar ciudadano es el sesgo de una actitud sediciosa.
Después de cinco años en los que Rajoy se ha negado a plantear la crisis catalana en el plano estrictamente político como corresponde a la etiología del problema, la situación ha llegado a un punto de degradación democrática que hoy se pretende sustanciar mediante la acción de un desprestigiado Tribunal Constitucional, la Fiscalía del Estado y la policía como si se tratara de una operación contra la delincuencia común. La envergadura rupturista que supondría el procesamiento penal del gobierno catalán y de la mesa del parlamento representa esclerotizar el papel del Estado español en Cataluña como mero instrumento represivo luego de la renuncia del Gobierno a cualquier tipo de conciliación política sobre el encaje de Cataluña en el Estado.
Y, pase lo que pase el 1 de octubre, incluso con la imagen de la Guardia Civil o los Mossos retirando urnas y sellando locales de votación, ¿qué ocurrirá al día siguiente? ¿Qué se podrá negociar? ¿Cómo evitar una definitiva ruptura? ¿Habrá lugar para un encaje de Cataluña en el Estado español? Es muy difícil buscar equilibrios políticos y sociales cuando se platean los asuntos públicos en términos de vencedores y vencidos, como hacen los conservadores. Subyace sobre la crisis catalana una grave desvertebración del régimen del 78, que ha eclosionado a través del ámbito con mayor capacidad de movilización como es el nacionalismo catalán, pero cuyos déficits democráticos se extienden al conflicto social, la destrucción del mundo del trabajo o la marginación y pobreza de las clases populares.
La esclerosis política impuesta por el régimen de poder que consolidó la transición ha mantenido el ascua mortecina de un nacionalismo español anclado en los tópicos retardatarios de siempre, que tanto mimó el franquismo, fermentados en un espacio político donde el debate ideológico se ha diluido ante un pragmatismo ad hoc al establishment que expulsa de su formato polémico elementos sustanciales de la vida pública. Esto conlleva la ruptura de todo diálogo social y la imposición de una sola realidad que implica un revisionismo fáctico de lo posible y de lo opinable. El ecosistema conservador siempre ha mostrado poca comprensión para todo aquello que no fuera concebir la verdad como coincidente con sus deseos e intereses lo que le lleva a una visión restrictiva y reduccionista de los problemas y que las soluciones sean cada vez más exóticas ya que lo menos que podemos hacer, en servicio de algo, es comprenderlo.
