El titular del juzgado de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tiene previsto cerrar, este otoño, tres de las doce piezas en que ha dividido el Caso Púnica. La primera de ellas será la que afecta directamente al ex consejero del gobierno regional de Madrid, Francisco Granados, encarcelado en Estremera. La segunda investiga irregularidades en la Diputación de León, y la tercera tiene como principal implicado al presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Lo que ocurre es que, en esta última pieza, el juez Velasco deberá remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia murciano debido al aforamiento del “sospechoso”, antes “imputado”

Si Velasco no ha cerrado la pieza que implica a Pedro Antonio Sánchez, se debe a que debe tomar declaración como testigo, el próximo día 13, a un funcionario de la Consejería de Educación de la que fue titular el ahora presidente autonómico. Dicho funcionario, en cartas enviadas al juez, denuncia a Pedro Antonio Sánchez, de malversación de caudales públicos, y fraude a la administración entre otros delitos relacionados con la corrupción. La UCO de la Guardia Civil, encargada de las investigaciones, ha confirmado los hechos expuestos por este testigo. De ahí que haya sido llamado a declarar formalmente.

Pedro Antonio Sánchez, está siendo investigado por haber contratado al experto en “reputación on line”, vinculado a Púnica, Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen en las redes sociales. Nada ilegal de no ser porque a Alejandro de Pedro se le pagó con dinero público en lugar de haberse hecho cargo de esos gastos el propio Sánchez o el Partido Popular.

Se da la circunstancia de que Pedro Antonio Sánchez se encuentra aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por su condición de presidente autonómico por lo que Eloy Velasco tan sólo puede agotar las pesquisas en torno a él y enviarlas al tribunal competente, pero no puede proceder a procesarlo.

En lo que a la pieza separada que investiga presuntas irregularidades en la Diputación de León, el juez Velasco quiere convertir el sumario en procedimiento abreviado antes de las navidades. Aquí se investigan los trabajos de Alejandro de Pedro para mejorar la reputación en las redes sociales del presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón.

Según se desprende del sumario, lo que en principio fue este tipo de relación mencionado, con el tiempo pasó a convertirse en la concesión de contratos de servicio público en la estación de esquí de San Isidro. Estos proyectos fueron alterados para que se ajustaran a las necesidades políticas de Martínez Barazón, y se garantizara su adjudicación al entorno de De Pedro. El ex dirigente popular llegó a instar a la modificación de los pliegos de contratación para favorecer a las empresas del experto en posicionamiento en las redes sociales.

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