La Audiencia Provincial de Palma decidió conceder a Samantha Romero, la ponente de la sentencia del Caso Nóos, una prórroga hasta el 31 de marzo para acabar de elaborarla por un motivo: una compañera de, tribunal, la jueza Rocío Martín, discrepaba del primer borrador presentado. No estaba de acuerdo con el fallo y amenazó con presentar un voto particular si dicho borrador se tornaba en definitivo.
Esta actitud es la que provocó la petición de prórroga. La sentencia del Caso Nóos debía haberse hecho pública a primeros de este mes, pero la discrepancia de la jueza Martín obligó a retrasar dicha publicación. Ahora, las tres magistradas intentan consensuar un texto. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares cree que “es totalmente necesaria” la unanimidad en el fallo en un juicio de tal trascendencia. No se contemplan votos particulares a pesar de que la ley lo permite en el caso de que un miembro del tribunal se muestre disconforme con el fallo elaborado encargado por su compañero ponente. Fuentes judiciales señalan que las tres juezas han mostrado su malestar por esta información negando mantener las “fuertes discrepancias”
La sentencia debía haberse hecho pública a primeros de este mes
En el borrador propuesto inicialmente, las penas impuestas se ven rebajadas sensiblemente respecto a la petición del Fiscal y de las acusaciones. En el caso de Iñaki Urdangarín, la ponente elimina el delito de malversación de caudales, uno de los aspectos con los que la jueza Martín se muestra radicalmente en desacuerdo. La pena que se le impone se reduce de los 19 años y medio que pide el Fiscal, Pedro Horrach, a siete años por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública. Para su mujer, Cristina de Borbón, se suprime la calificación de “actora de delito fiscal”, y queda, simplemente, en “participe a título lucrativo” de los delitos cometidos por su marido. Se le impone una sanción de 160.000 euros y nada más.
Al resto de los 17 acusados que se sentaron en el banquillo también se les rebajan las penas pedidas por el fiscal y los acusadores porque se tiene en cuenta su “colaboración con la Justicia”. Incluido el ex ministro y ex presidente balear, Jaume Matas, ya condenado por otros asuntos.
Cristina de Borbón queda, simplemente, en “participe a título lucrativo”
Según este borrador, las penas impuestas por el tribunal rondarán los dos años de cárcel para los principales imputados de la rama valenciana: el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, el ex secretario de Turismo de la Comunidad Valenciana, Luis Lobón, el ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, José Ángel Aguilar, y Jorge Vela, el ex director del Instituto Valenciano de Finanzas. Las penas que la Fiscalía solicitaba para cada uno de ellos rondan los 11 años de cárcel.
Los hermanos Tejeiro, contables del Instituto Nóos, se les impone multas y evitan la cárcel. La ex consejera delegada de la candidatura olímpica de Madrid, Mercedes Cohen, tampoco tendrá que pasar por prisión a pesar de que el fiscal Horrach pidió para ella pena de 4 años y seis meses. Sólo el socio de Urdangarín, Diego Torres, es el que sale más perjudicado en este borrador. Para él, la ponente asume las peticiones del Ministerio Público.
