La Asociación Down España ha denunciado varios casos en su página web. Foto: Down España.

El caso del niño de cinco años con síndrome de Down rechazado por un campamento de verano en el municipio de Hazas de Cesto (Cantabria) ha puesto de manifiesto, una vez más, la discriminación que sufren las personas que padecen esta alteración genética. Los padres del pequeño Alejandro han denunciado el caso en los medios de comunicación tras asegurar que su hijo cumplía “todos los requisitos para apuntarse a las convivencias, que no eran otros que tener entre 4 y 12 años, rellenar un formulario e ingresar en el banco el pago correspondiente”. La familia afirma que cuando realizaron la inscripción nadie les puso objeción alguna, por lo que dieron por hecho que Alejandro podía participar en las actividades con total normalidad, como cualquier otro niño. Sin embargo, cuando llegaron a las instalaciones una monitora les informó de que no podían aceptar a un menor con síndrome de Down porque no disponían de personal formado para hacerse cargo de él, algo que a los padres les sonó a excusa para salir del paso, ya que acto seguido los organizadores les advirtieron de que el niño no podría realizar actividades comunes como “andar en bicicleta” o “nadar”.

En los últimos años se han sucedido los casos de discriminación hacia personas que padecen el síndrome

El Ayuntamiento de la localidad se ha apresurado a admitir la posibilidad de que se haya podido cometer un error al no tenerse en cuenta las plazas para niños con discapacidad y porque se trata de una localidad pequeña en la que generalmente no se apuntan más de 25 chavales a los campamentos de verano.

El de Alejandro no es el primer caso de discriminación contra personas que sufren síndrome de Down en nuestro país. El pasado mes de junio una familia de la localidad sevillana de Lora del Río inició una campaña de recogida de firmas en el portal digital change.org para lograr que Lola Torralbo, una niña de tres años con la alteración genética, pudiera ser escolarizada el próximo curso 2018-2019 en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de los Reyes del citado municipio, el mismo centro educativo público donde recibe clases su hermano mayor. La familia de la menor aseguró que la Consejería de Educación quiere privar a Lola “del derecho a estudiar en el mismo colegio que su hermano”.

Por su parte, la Asociación Down España ha denunciado al menos tres casos similares. El pasado 13 de febrero Juliana Josefa Leal, una mujer con síndrome de Down de 49 años, acudió con sus dos hermanas, Ascensión e Irene, a un hotel en Motilla del Palancar (Cuenca) para asistir a la charla organizada por una empresa valenciana dedicada a la mejora de la salud y el bienestar personal. “Cuando entramos al recinto, quedaban ya muy pocos sitios libres, así que pedimos a un chico de la organización que nos diera una silla. Al ver a mi hermana se negó a dárnosla”, asegura la familia. “El chico nos dijo: ella no puede estar aquí, puede interrumpir la charla y molestar al resto de clientes”, explica.

A su vez, en abril del pasado año, los responsables de la Fundación Catalana Síndrome de Down presentaron una denuncia ante los Mossos d’Esquadra en la que ponían al descubierto un supuesto nuevo caso de discriminación ocurrido el pasado 13 de abril en un hotel de Vinaròs que negó el alojamiento a un grupo de personas afectadas. El establecimiento hotelero se opuso a “comprobar el documento de reserva e ignoró cualquier solicitud de una explicación, llegando incluso a denegar el acceso a una hoja de reclamaciones”, según consta en la página web de Down España. Además, los responsables equipararon a las personas con este síndrome con “minusválidos”.

En el año 2013 una trabajadora de Down Almería organizaba un viaje de fin de curso para un grupo de jóvenes del centro educativo concertado de la asociación cuando solicitó a una agencia de viajes que pidiese presupuesto de alojamiento a tres hoteles cercanos a la ciudad andaluza. Según Down España, uno de estos establecimientos hoteleros contestó a la agencia que no podía pasarle el presupuesto, alegando que “no admitimos grupos de personas con discapacidad psíquica”. La asociación que defiende los derechos de los afectados por el síndrome se hizo eco del caso y lo condenó públicamente. Los expertos consideran que estos ejemplos son solo la punta del iceberg, ya que muchas situaciones de discriminación nunca llegan a denunciarse.

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