Tras quedar absolutamente demostrado que la JUR intervino a un banco solvente por una crisis de liquidez provocada en el segundo trimestre de 2.017 y que el FROB se lo regaló al Santander por un euro arruinando a más de 305.000 familias, la Justicia debería demostrar si existió un pacto entre Emilio Saracho y el Santander (con la presunta connivencia del Estado y del Banco Central Europeo) o fue una operación diseñada por la entidad cántabra para quedarse con el Popular por un euro. Existe mucha documentación y muchos indicios de que pudo haber sido una de las dos opciones descritas o ambas, porque no son excluyentes.

Los correos electrónicos cruzados entre Emilio Saracho y Antonio del Valle durante meses previos al acceso a la presidencia del ex vicepresidente mundial de JP Morgan muestran que pudo existir un presunto engaño del Santander y del propio Saracho al accionista mexicano puesto que Saracho, al acceder a su cargo en el mes de febrero, organizó dos equipos de trabajo —tal y como reconoció él mismo en su comparecencia en el Congreso de los Diputados—, uno dirigido por Miguel Escrig encargado de la ampliación de capital, en principio para que Del Valle se hiciera con el control del Popular, y el otro encargado de la operación corporativa de venta dirigido por Miguel Ángel Moral. Este posible engaño se deduce del contenido de la demanda interpuesta por Antonio del Valle en los juzgados de Nueva York.

El mero hecho de que el Santander ponga en marcha el plan de Uría y Menéndez contra los derechos económicos y de jubilación de todos los anteriores gestores, achacándoles la responsabilidad de la intervención, ya muestra una estrategia predeterminada por parte del mejor cliente de este despacho de abogados para hacerse con el Popular. Este plan diseñado por Uría fue uno de los elementos facturados al Banco por los servicios contratados por Saracho el día 17 de febrero cuando Ángel Ron aún era presidente. Los conceptos por los que fue contratado este bufete de abogados (cuarta línea de defensa, remuneraciones, Proyecto Noya), además del pago de esas facturas con posterioridad a la intervención resulta, cuanto menos, sospechoso, ya que la autorización del pago se produjo cuando el Santander ya había comprado el Popular por un euro, en concreto, los días 8, 13 y 26 de junio.

Existen otros elementos que demostrarían que todo fue una operación diseñada con anterioridad como el propio Rodrigo Echenique reconoció en el Congreso de los Diputados al afirmar que el Popular era un objetivo muy importante para el Santander. Uno de esos elementos es la ocultación por parte de la entidad cántabra de sus datos de liquidez y, en base al mismo concepto, el retraso por parte de Saracho de la solicitud de liquidez al día 5 de junio cuando, en primer lugar, tenía activos para vender y, en segundo término, sabía a la perfección que la maquinaria de la resolución ya había sido puesta en marcha por el FROB el día 3 de junio. Todo indica que estos movimientos de Saracho obedecían a una clara intención de crear urgencia y alarma, tanto en los mercados como en los reguladores.

En el acta del día 6 Saracho no hizo referencia alguna a las ofertas recibidas, ni de ampliación de capital, ni de venta de activos estratégicos.

Finalmente, la connivencia entre Saracho y el Santander se ve reflejada en dos hechos: la entrevista concedida a Antonio San José una vez que el banco ya había sido vendido por un euro, donde Saracho se muestra exultante, llegando a afirmar que se había realizado una gran operación. Por otro lado, el correo electrónico publicado por Diario16, donde el propio Saracho y Joaquín Hervada (secretario del Consejo) hablan de la ampliación de su seguro de responsabilidad y que no habría ningún problema en dicha ampliación porque la aseguradora es la misma que la del Santander refleja un alto grado de complicidad.

Por tanto, ¿hubo un acuerdo previo entre el Santander y Saracho, algo que se puede colegir de su anuncio a finales de verano en una cena en El Escorial, o se trataba de una operación diabólica preparada desde hacía meses o años? La respuesta está en los hechos y en los documentos publicados por Diario16.

11 COMENTARIOS

  1. el plan para que el santander se quedara con el popular debe de ser muy antiguo de la epoca de emilio botin .emilio botin estaba obsesionado con el banco popular .la gestion de taberner era modelica .emilio queria destruirlo a toda costa ,saracho trabajo a las ordenes de emilio botin antes de estar jp morgan.
    lo que esta claro es que buscaba una minima oportunidad que no pudo encontrar en vida.
    este plan para cargarse es muy complejo donde han intervenido muchos complices necesarios ,se ha necesitado una sincronizacion que no se improvisa de la noche a la mañana.
    el pasado delata a los culpables ,Echenique parece que habla con palabras de emilio botin.
    igual le pasaba a saracho .cuando luksic metio dinero apoyando el banco popular y una ampliacion de capital y pidio explicaciones a saracho de lo que iba a hacer este no contesto y se salio de
    la tangente con una frase de emilio botin «las operaciones no se anuncian se ejecutan»
    le delato su subconsciente .
    el plan final de la operacion fue una chapuza y dejo en evidencia a todos los culpables porque no estaba planeado que sucediera como sucedio.
    simplemente el santander hubiera comprado al santander a un precio bajsimo de saldo de 1,21 a 1,26 euros la accion .eso de que le regalaran el banco como sucedio .nunca se lo hubiera imaginado el propio emilio botin.
    pero ese euro la va a costar mas caro que si lo hubiera comprado a precio de ganga .
    la publicidad ultranegativa que esto supone .el quedar como un banco impresentable.la ilegalidad de la presidencia de ana botin que esta de presidenta por un golpe de estado van a pasar factura al santander.
    bilderberg y de guindos han hecho un flaco favor al santander .
    que si hubiera seguido el plan de emilio botin se hubiera comido la presa abatida y robada a precio de saldo como era el plan incial sin que nadie le molestara .
    el enriquecimiento ilicito del santander esta mas que demostrado.
    la jur el frob la cnmv ,el estado español ,el BDE la union europea y el BCE regalaron el popular al santander . la justicia se hace la sueca.
    hasta cuando vamos a mantener los bancos españoles en la ilegalidad?

  2. la estafa del banco popular va destruyendo a los complices del robo .
    el pp hundido en las encuestas ,mariano rajoy acabado y ahora su lugarteniente soraya ya esta fuera de la lucha por el poder .
    soraya la mas bilderberg del pp y que metio en la cabeza de mariano la idea de participar en el robo .esperemos que el pp vuelva a ser un partido de derechas y deje de ser ese engendro de corrupcion ,un partido que no se sabia que era.
    que el gobierno anterior que estaba en el poder permitiera este robo y dejara a su ministro de economia actuar a sus anchas, le señala como el maximo culpable de lo que sucedio ,y ya esta fuera del gobierno.
    muchos de sus seguidores rompieron su carnet.y sus votantes mas fieles le han dado la espalda.

  3. Además del partido popular está el psoe y ciudadanos, cómplices son también Podemos, quién calla y sabe la verdad es peor que los anteriores.

  4. El grupo inversor mexicano MIG, afectado por la venta de Popular, ultima los preparativos para iniciar el arbitraje contra España

    El MIG está compuesto por cuarenta y cuatro particulares y diez sociedades y fondos de inversión que tenían, en términos agregados, en torno al 4% del capital de la entidad.
    El grupo inversor mexicano autodefinido como MIG y liderado por Antonio del Valle ultima los preparativos para proceder a activar el arbitraje internacional contra España, al considerar que el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy «violó» el tratado bilateral de inversión con México en relación a la resolución y posterior venta de Banco Popular a Banco Santander al precio de un euro, según fuentes financieras.
    El MIG está compuesto por cuarenta y cuatro particulares y diez sociedades y fondos de inversión que tenían, en términos agregados, en torno al 4% del capital de Popular, por valor de unos 470 millones de euros. El grupo de mexicanos denuncia que la forma en la que se resolvió la entidad resultó en «la destrucción completa» de sus inversiones.
    El pasado 22 de enero, estos inversores enviaron una carta al Ejecutivo español en el que notificaban su intención de iniciar un proceso de arbitraje internacional por su papel en la resolución del banco. A partir de dicha notificación se abrió un periodo de reflexión de seis meses, que culmina este domingo 22 de julio, durante el que el grupo mexicano y el Gobierno español debían discutir y potencialmente resolver la disputa entre las partes.
    El MIG se había comprometido a iniciar el arbitraje de conformidad con el Tratado México-España si, una vez expirado el periodo de negociación, no se hubiera llegado a ningún acuerdo. «El inicio del arbitraje internacional avanza al margen del nuevo Gobierno», han asegurado las mismas fuentes.
    El grupo liderado por Antonio del Valle necesita ahora encontrar un ‘foro’ para iniciar el arbitraje. En este sentido, uno de los órganos que podrían estar valorando como espacio para proceder es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
    El pasado mes de junio el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aprobó un instrumento de ratificación para confirmar el acceso de su país a la Convención de CIADI. El Gobierno deberá ahora depositar este instrumento en el CIADI, «que se espera pronto» y, una vez llevado a cabo, la adhesión de México se hará efectiva a los 30 días.
    «Esta adhesión es una consideración, pero no un factor determinante. Es un posible foro para el arbitraje, pero no el único», han aclarado fuentes cercanas a los denunciantes.
    Pérdida de confianza
    El MIG considera que el Gobierno español «incumplió sus obligaciones» bajo el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España (Tratado México-España), que entró en vigor en 2006.
    Concretamente, el grupo de inversores aztecas denuncia que el Gobierno de Mariano Rajoy participó activamente en el diseño y proceso de toma de decisiones que llevaron a la venta de Popular por un precio «muy por debajo de su valor justo de mercado», una institución que consideraban financieramente «solvente y que había cumplido de forma consistente con sus requisitos de capital sin asistencia pública».
    El marco de implementación, que se llevó a cabo a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), violaba el Tratado entre ambos países al no proporcionar a los inversores ningún aviso u oportunidad de ser escuchados y al no actuar de forma transparente incluyendo el rechazo continuado a revelar el contenido completo de la decisión y sus fundamentos, según el MIG.
    Del mismo modo, Del Valle y el resto de inversores aseguran que España ignoró soluciones alternativas existentes propuestas por la iniciativa privada que hubieran evitado la resolución, incluyendo el compromiso de inversores institucionales y hasta del propio MIG para inyectar capital en Popular o la venta de algunos activos para reforzar su posición de liquidez.
    También consideran que se llevaron a cabo medidas activas que dañaron la condición financiera de la entidad antes de su resolución y que condujeron a una retirada «abrupta y sin precedentes» de miles de millones de euros, así como los anuncios públicos que perjudicaron la reputación y que causaron la repentina salida de depósitos.
    En este orden de cosas, el MIG recuerda la intervención del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, el 18 de mayo de 2017, diciendo que «no se inyectarían recursos públicos» en Popular, y su rechazo «arbitrario» a proporcionar la provisión de liquidez de emergencia que el banco le había solicitado para superar la crisis que, según los inversores, había sido causada de forma sustancial por el propio Gobierno.
    Subasta
    Por otro lado, el MIG asegura que la subasta puesta en marcha por el Gobierno y el FROB para determinar el comprador de Popular se inició en unas condiciones «inadecuadas».
    «Se invitó sólo a unos cuantos bancos españoles a ofertar y luego se proporcionó a las partes interesadas información y horas inadecuadas, por lo que, predeciblemente, Santander quedó como único ofertante y ganador menos de 24 horas después», subraya el grupo en un documento escrito en el que se detallan los hechos denunciados.
    El propio FROB sugirió un euro como la oferta inicial mínima para Popular, que Santander «rápidamente» ofreció, un precio que se sitúa «muy por debajo del valor justo de mercado». De hecho, el grupo mexicano considera que la expropiación de su inversión no se realizó por un motivo de interés público, sino para beneficiar a Santander.
    Documentos clave
    Además del proceso de arbitraje internacional contra España, el grupo liderado por Del Valle presentó una petición el pasado mes de marzo para obtener documentación del Banco Santander en virtud de las leyes federales estadounidenses.
    El banco presidido por Ana Botín, como adquiriente y único propietario de Popular, fue un participante activo y clave en el proceso de venta, por lo que el MIG considera que está en posesión de documentos e información «altamente» relevante para entender la base sobre la que se ordenó la resolución.
    Mediante esta vía, el grupo busca obtener acceso a documentos relativos a información financiera de Popular necesaria para preparar cualquier valoración del banco; a peticiones de provisión de liquidez de emergencia, incluyendo las comunicaciones del Banco de España y el rechazo de éste a garantizar las provisiones de emergencia solicitadas; y los relativos a la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) y el FROB, así como el análisis de las medidas privadas disponibles que habrían evitado su resolución.
    De igual modo, pretende tener acceso a documentos que reflejen la implicación de España en la resolución, que demuestren las comunicaciones entre Santander y el Gobierno en relación a la adquisición de Popular por parte del banco cántabro.
    Por último, el MIG busca tener la oportunidad de tomar la declaración oral de uno o más testigos del Santander. En caso de que el tribunal conceda la petición, se emitirá una citación y una orden requiriendo a Santander la presentación de los documentos y la testificación de los testigos requeridos.

  5. Banco Santander apura la vigencia de los créditos fiscales para pedir los de Popular
    Santander va a pedir un crédito fiscal de 1.000 millones por Popular. Hacienda revisará ahora si cumple los requisitos para su abono. La entidad que preside Ana Botín podría ser una de las últimas beneficiarias de estos regalos fiscales si el Gobierno decide acabar con ellos.
    Banco Santander, o mejor dicho Banco Popular, va a solicitar a Hacienda 1.000 millones de euros en créditos fiscales. Lo anunció Rodrigo Echenique, presidente de Santander en España, la semana pasada.
    A la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez decida qué hacer con los créditos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades, susceptibles de ser eliminados como han manifestado en reiteradas ocasiones aunque no de manera oficial, el de Popular podría ser entonces uno de los últimos. Según comentan expertos fiscales, la solicitud se realizará antes del 25 de julio, fecha en la que termina el plazo de presentación del impuesto. Y lo hará Banco Popular por el ejercicio impositivo de 2017, año en el que todavía no entra en la consolidación fiscal con Santander.
    Y como cualquier norma de relevancia fiscal, la existencia y aplicación o abono de un crédito fiscal está sujeta a los habituales controles de la Agencia Tributaria (AEAT).
    Llegado por tanto el momento de ‘poner el cazo’, “no se trata de una discrecionalidad de Hacienda con el Santander, sino que es lo que permite la ley”, indican los expertos.
    Para poder pedir un crédito fiscal a la Administración, no solo los bancos sino cualquier empresa, primero hay que tener un activo fiscal diferido, los conocidos DTA. Cuando Santander compró Popular ya sabía que la entidad tenía 2.000 millones en DTA y que no los podía haber compensado puesto que no había logrado presentar beneficios.
    La Agencia Tributaria explica que dentro del género de los créditos fiscales, los DTAs son un tipo de crédito fiscal que surge por: provisiones por insolvencias de los deudores (deterioro de créditos) o por dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, cuando no se paguen a una entidad externa y se queden dentro del activo de la sociedad.
    En la actualidad, estos DTAs podrán convertirse en un crédito exigible frente a la Administración Tributaria por importe igual a la cuota líquida positiva correspondiente al período impositivo de generación, siempre que cumplan ciertos requisitos. Entre ellos, que el contribuyente registre pérdidas contables en sus cuentas anuales, auditadas y aprobadas por el órgano correspondiente. En este supuesto, el importe de los activos por impuesto diferido objeto de conversión estará determinado por el resultado de aplicar al total de esos activos el porcentaje que representen las pérdidas contables del ejercicio sobre la suma de capital y reservas. El otro requisito es que la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia judicialmente declarada, explican en la AEAT.

  6. ¿ Arbitraje contra España ?. Más bien cabría decir » arbitraje contra las ratas de alcantarilla que integran la estructura político – administrativa ( dicho lo de estructura en el sentido más peyorativo del término) «.

  7. ESPAÑA ES UN PAIS FALLIDO, CORRUPTO HASTA LA MEDULA. NO SE PUEDE INVERTIR EN ESPAÑAM, CON GARANTIAS .¿HAY ALGUNA FIRMA DEL IBEX 35 , QUE NO TENGA LAS CUENTAS FALSEADAS?. DE LA PRENSA FIABILIDAD CERO. HASTA DONDE LLEGA LA MENTIRA , QUE HAY MEDIOS QUE DAN UN VALOR DE FUTURO AL SANTANDER DE 8 EUROS, CUANDO MEDIOS FIABLES AL 100%, EXTRANJEROS POR SUPUESTO, DAN UN VALOR MAXIMO A LA ACCION DEL SANTANDER DE 0,5/0,8 EURO. E INCLUSO HAY MEDISO QUE LE DAN CERO, DADO QUE SU SITUACION PATRIMONIAL ES NEGATIVA.

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