Las querellas jurídicas que presentaba Manos Limpias contra poderosas personalidades, tanto de la vida política como económica y social, son las que realmente centran las investigaciones llevadas a cabo por la UDEF que se incluyen en los ocho tomos, unos 3.200 folios, del sumario del Caso Ausbanc. En un segundo plano quedarían las famosas extorsiones a bancos y empresas de las que tanto se ha hablado.
Del análisis del contenido del sumario se desprende que un tema ocupa la casi totalidad de las investigaciones: el caso Noos y la imputación de la hermana del Rey, Cristina de Borbón. Las declaraciones de las partes no aclaran la pregunta del millón: ¿Fueron Pineda y Bernard los que pidieron dinero por retirar la acusación o fueron otros los que ofrecieron los famosos tres millones?

En el sumario hay un importante documento: la carta que el juez José Castro, instructor del Caso Noos, envió, a través del decanato de los juzgados de Palma de Mallorca, a Santiago Pedraz, el instructor de la Audiencia Nacional. En dicha misiva, Castro revela que “el abogado que trabaja con Miguel Roca en Palma de Mallorca, Javier Riutort, a finales de 2013, le trasladó el encargo de reunirse con él. “Lo extraño, -dice Castro-, es que pedían que la reunión se llevase a cabo en una finca de Barcelona o Mallorca garantizándose que estaría al abrigo de periodistas y fotógrafos, asegurándose, en definitiva, la más completa intimidad”.

Castro les dijo que no habría ningún problema en celebrar la reunión siempre y cuando fuera en su despacho. Nunca obtuvo respuesta. Le preguntó al fiscal Horrach si había recibido una propuesta semejante y éste le contestó con un escueto no.
Y el instructor del Caso Noos acaba con una reflexión, por lo menos inquietante: “ al conocer los hechos no pude evitar que, al tiempo que este supuesto proceder me generara una gran vergüenza, me asaltara, también, la duda de si no se le habría hecho a la acusación popular ejercida por Manos Limpias un ofrecimiento similar al mío y que, al contrario que éste, aquél sí llegara a ser aceptado por su destinatario y que fuera en el seno de esas reuniones donde tuvieran lugar las ofertas o exigencias que luego denunció quien precisamente pudo haberlas propiciado”.

En el sumario, lo que sí parece claro es que los directivos Caixa Bank lucharon lo indecible para intentar arreglar el asunto. El director general de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, llevó el peso de las conversaciones con Pineda y Bernard. Por tal motivo, la UDEF intervino su teléfono durante tres meses, cuando la unidad investigadora dice que comenzaron y terminaron los contactos, entre primeros de febrero y finales de marzo. Sin embargo la UDEF llevaba investigando este asunto desde un año antes.

Comenzaron en febrero de 2015 cuando llegó una denuncia “anónima”. En el sumario apenas constan interrogatorios por otros hechos. En lo que se refiere a las extorsiones, destacan las declaraciones de Ignacio Moliner y Javier Ayuso, ex directores de comunicación del BBVA, del ex presidente de Nova Caixa Galicia, José María Castellano y de algún directivo bancario más.

Es sintomática la ausencia de documentación escrita, y de análisis de la contabilidad de las empresas investigadas a pesar de que en los registros llevados a cabo se incautaron numerosos discos duros de ordenadores. Casi todas las pesquisas se basan en conversaciones obtenidas a través de pinchazos telefónicos y se centran mayoritariamente en lo ya dicho: la exculpación de Cristina de Borbón a cambio de 3 millones de euros.
En ese mismo sentido, en el sumario se hacen eco de conversaciones telefónicas como la mantenida con la secretaria de Estado de Comunicación, Consuelo Sánchez Vicente, por parte de Luis Pineda, cuando ya le habían avisado de que estaba siendo investigado. En la misma, pide entrevistarse con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En otra conversación con un periodista, colaborador de sus publicaciones, le pide que confirme en la Audiencia Nacional, una semana antes de ser detenido, si lo están investigando.

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