El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a Carmen Lamela Díaz nueva magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que ocupará la plaza –correspondiente al turno de especialistas- convocada por el fallecimiento del miembro de la Sala, mientras ejercía como fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín.

Lamela ha obtenido 13 de los 21 votos del Pleno. El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega y el de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez Valcárcel han recibido dos cada uno, y han conseguido uno la magistrada de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado y los presidentes de las Audiencias Provinciales de Tarragona, Javier Hernández García; de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano; y de Gipuzkoa, Ignacio Subijana Zunzunegui.

La nueva magistrada de la Sala Segunda ingresó en la Carrera Judicial, por oposición, en 1986 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Orihuela, para servir posteriormente en Juzgados mixtos de Manzanares y de Badalona, donde fue juez decana.

En 1991 se incorporó como magistrada a la Audiencia Provincial de Barcelona y dos años más tarde se convirtió en titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, donde permaneció hasta 1997, fecha en la que obtuvo destino en la Audiencia Provincial de Madrid. En este órgano judicial fue primero magistrada de la Sección Decimosexta y, desde 2011, presidenta de la Sección Decimoséptima.

En 2014 fue destinada en comisión de servicio a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde un año después ocupó el Juzgado Central de Instrucción número 3 tras la declaración en la situación de servicios especiales de su titular. En noviembre de 2017 se le adjudicó en propiedad ese Juzgado.

Carmen Lamela fue durante dos años, entre 2009 y 2011, asesora de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, etapa en la que participó en el desarrollo del expediente judicial electrónico y en la elaboración de distintas leyes, como la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal; o la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia.

Además, desde noviembre de 2015 es corresponsal nacional de Eurojust con funciones de coordinación.

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