“El Gobierno está firmemente comprometido con la eliminación de todas las barreras para la prestación de servicios de prevención y tratamiento del VIH”, ha asegurado este martes la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, durante el acto de presentación del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, en el que también ha participado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El Gobierno recoge así el desafío que supuso la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada en junio de 2016 en la que señala claramente que hacer frente a la discriminación y al estigma es un elemento fundamental en la respuesta a la infección.
Según ha anunciado María Luisa Carcedo, el Gobierno también asume el compromiso de generar marcos jurídicos, sociales y normativos con un objetivo doble: por un lado, se busca la eliminación del estigma y la discriminación. Y por otro lado, “esta resolución está dirigida a preservar y construir entornos que favorezcan la igualdad de trato y de oportunidades para las personas con VIH”.
Además, el Gobierno ha asumido el compromiso común y universal de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. “La plasmación de este compromiso”, ha asegurado la ministra, “tiene un horizonte temporal: poner fin en 2030 a la epidemia de VIH y sida”.
Por su parte, el ministro del Interior ha apuntado que la lucha contra los prejuicios y el estigma “es una cuestión de carácter transversal en la que todas las Administraciones e instituciones tenemos un papel que desarrollar”.
“Soy consciente de lo que nos corresponde para garantizar un ámbito social donde la igualdad de trato sea algo efectivo”, ha añadido Fernando Grande-Marlaska. “Desde suscribir una hipoteca, un seguro o en el ámbito laboral donde el VIH sigue siendo discriminatorio”.
El ministro ha apelado a la formación como instrumento para combatir esa situación, empezando por los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Es un objetivo prioritario de mi ministerio”, ha manifestado. “Cuando una persona sufre discriminación al primer lugar al que acude es a la policía y ese profesional debe tener conocimiento y sensibilidad clara sobre los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico ofrece para combatir esa situación”.
Grande-Marlaska, que ha hecho un reconocimiento expreso a Instituciones Penitenciarias por las políticas de salud pública que se llevaron a cabo en los años 90, ha abogado por romper estigmas en el acceso al empleo público “y en determinados ámbitos como el de mi ministerio, teniendo siempre como objetivo que no nos podemos mover en parámetros de diagnóstico porque sería caer en el estigma sino en parámetros clínicos”.
El Pacto Social es uno de los objetivos del Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, actualmente vigente y prorrogado hasta 2020. “No dejar a nadie atrás es un objetivo de la Agenda absolutamente compartido por el Gobierno de España. Ha sido un largo proceso que comenzó en 2011 y que se ha materializado en el Pacto que hoy nos convoca”, ha señalado Carcedo.
Favorecer la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con VIH; trabajar en favor de la aceptación social; reducir la estigmatización en las personas con VIH; y generar conocimiento que oriente las políticas y acciones frente a la discriminación, son algunas de las líneas de actuación establecidas en el Pacto Social para lograr los objetivos marcados.
Para ello, el documento establece una serie de acciones en el ámbito sanitario, laboral, educativo y científico. Entre otros, vigilar las situaciones de discriminación; asegurar que los certificados médicos no incluyan el estado serológico como un indicador del padecimiento de enfermedad infecto contagiosa; ampliar las garantías de protección legal; promoción de políticas para evitar la discriminación laboral; dar respuesta a las situaciones de discriminación producidas desde el ámbito sanitario; garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida y a la adopción; favorecer la libre circulación de personas con el VIH y con sida, y prevenir el estigma y la discriminación en el ámbito educativo.
Una de las primeras actuaciones que se desarrollarán será la solicitud de adhesión de los diferentes agentes sociales e institucionales implicados. Para ello, se presentará en la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, que se celebrará en enero de 2019.
El estigma y la discriminación hacia las personas con el VIH constituyen una vulneración de derechos y persiste como barrera para acceder a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento, empeorando la calidad de vida y la salud de las personas afectadas.
Los avances en los tratamientos y en la atención sanitaria han mejorado la esperanza y la calidad de vida de las personas con el VIH convirtiendo la infección en una enfermedad crónica. Sin embargo, las personas con VIH siguen experimentando un trato discriminatorio en ámbitos como el sanitario, el laboral y en el acceso a prestaciones y seguros.
Los prejuicios acerca de algunas enfermedades infecciosas y, en particular, las de transmisión sexual, así como la información errónea sobre las vías de transmisión del VIH, provocan desigualdad en el acceso a servicios sociales, jurídicos y sanitarios, al mercado laboral o a la vivienda.
Esta situación requiere una respuesta multisectorial e intersectorial, consensuada y estable, como resultado de las aportaciones acordadas por todos los agentes clave a través de un proceso abierto y participativo. El pacto social constituirá un importante avance en la protección de los derechos de las personas más vulnerables frente a la discriminación.
El Plan Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH es una iniciativa impulsada en el año 2011 desde la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida.
A lo largo de 2017 y 2018 se ha actualizado el texto y se ha remitido para su revisión a profesionales del ámbito del VIH, representantes de los Planes de Sida de las CC.AA., ONG, sociedades científicas, sindicatos y universidades y Administración General del Estado. En el Pacto Social están implicados doce ministerios.
