El Comisionado de Transparencia en Canarias, Daniel Cerdán, ha rendido cuentas en su informe anual, en función del cumplimiento de la Ley 12/2014 por parte de las instituciones públicas en el Archipiélago, a través de sus Portales de Transparencia, y aunque “ha señalado un esfuerzo institucional mejorable, pues en el año anterior casi nadie se ocupaba de este tema”, de los 96 requerimientos que se hicieron durante el año 2016, respondieron sólo 38 instituciones, destacando la “opacidad en la información” del Servicio Canario de Salud (SCS), en algo tan serio para la opinión pública como son las “listas de espera”.

Canarias ha suspendido los “ítems” de Transparencia, que Daniel Cerdán explicó en su comparecencia ante los medios de comunicación en el Parlamento. Cada año, el Comisionado da habida cuenta de los datos obtenidos de las instituciones, en su obligación de vigilar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, –Ley 12/2014-, así como el Derecho al Acceso a la Información Pública, y ha destacado que “las Consejerías del Gobierno de Canarias, han facilitado sus datos en torno a una calificación de un 7,6 con un baremo nada comparable a otros”, pero ha añadido que “las empresas públicas y organismos autónomos, en torno a 81 entes públicos, al no ser sometidas a esta investigación, podría verse alterada esta puntuación final del Gobierno”.

El método consiste en enviar una carta con un formulario que las instituciones deben contestar, hecho que Cerdán calificó de “atrevido”, en un ejercicio de “echarse al monte” para calificar a esta Comunidad Autónoma, sin tener experiencia previa. Se estableció un baremo en una línea de repuesta en poblaciones inferior y superior a 20.000 habitantes, en los que ayuntamientos como Adeje, gobernado por el alcalde socialista, José Miguel Rodríguez Fraga, no ha respondido a esta demanda del Comisionado, ni el municipio de Granadilla, objeto de una reciente moción de censura, y posterior motivo de ruptura del Pacto Regional CC-PSOE tampoco se ha sometido a este acto de Transparencia.

Los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria superaron un 5 en su “nota final”, pero el Cabildo de El Hierro, ni siquiera tiene Portal de Transparencia. Los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, respondieron favorablemente, pero La Orotava, o Icod de los Vinos, no fueron tan transparentes. El Comisionado subrayó, que “en un futuro van a ser más exigentes con la información requerida a las instituciones, aunque hay más o menos coherencia en las respuestas”, pero “se sienten obligados en este equipo de Transparencia a echar un vistazo de forma seria a los entes públicos”.

El Portal del Gobierno de Canarias tiene registros de visitas de 1 millón de personas, sin embargo, solo un 0,9% visitan el Portal de Transparencia del Gobierno, cerca de 20.000 canarios se asomaron en 2016 a este Portal, solo uno de cada 100 canarios, acude en busca de este tipo de información, destacó el Comisionado, y propuso “publicar de una manera más accesible esta información para el público, y que las instituciones amplíen su nivel de transparencia”.

En 2016 se interpusieron 91 reclamaciones ciudadanas por denegación de información, aunque Canarias se encuentra dentro de la media en solicitud de  información pública, pero muy por debajo de Cataluña, “una sociedad muy preguntona” y “muy reclamadora”, según explicó Daniel Cerdán.

Un punto álgido en cuanto a transparencia se refiere, es la rendición de cuentas de la publicidad institucional, pero el Comisionado sostuvo que la eficaz herramienta de la Transparencia, somete al sistema a responder a los periodistas por esta vía, mientras que ante preguntas de parlamentarios sin contestar por estas u otras cuestiones, -alrededor de 9.000 cuestiones pendientes-, ahora es de obligado cumplimiento responder en el plazo de un mes a cualquier ciudadano que lo requiera, y por tanto, a los profesionales de la comunicación que soliciten el acceso a este tipo de información tan específica, “obteniendo los medios un abanico de análisis muy grande”, apostilló Cerdán, “aunque ninguna ley obliga a declarar a los cargos públicos sobre sus agendas”.

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