Canarias ha firmado una declaración conjunta con otras diez Comunidades Autónoma para solicitar la implicación del Gobierno de España y de la Unión Europea en la acogida de personas refugiadas. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, quien declaró que «lo cierto es que el Gobierno del Estado ha mirado para otro lado y está paralizado ante una situación muy grave».
El documento hace alusión, por un lado, a la actuación de los Estados miembros de la Unión Europea, señalando que «se está poniendo en cuestión algunos de los valores más básicos sobre los que se asienta la propia construcción europea: la solidaridad entre sus miembros, la búsqueda de la paz, el compromiso con la promoción de la democracia y la garantía y protección de los derechos humanos».
Y por otro, a la propia posición del Gobierno español, al consignar «la reiterada negativa a contar con las CCAA, que han ofrecido su plena colaboración, tanto en la toma de decisiones como en la coordinación de esfuerzos para responder responsablemente a esta crisis humanitaria».
«A pesar de ser una competencia del Estado, desde el minuto cero Canarias se ha caracterizado por su eficacia a la hora de organizar la posible llegada de refugiados. Hemos realizado un inventario de recursos y estamos trabajando en los protocolos necesarios para la atención de los refugiados cuando estén en las islas. En estas cuestiones no se puede improvisar», comentó la vicepresidenta del Gobierno.
En la visita de la representante en España del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (ACNUR) el pasado febrero, Hernández ya mostró la disponibilidad de Canarias para acoger a refugiados sirios y ha ofrecido la colaboración del Gobierno canario para establecer de forma conjunta protocolos y estar preparados ante la llegada de refugiados».
No obstante, la vicepresidenta mostró su preocupación por la paralización del Estado en esta materia y la falta de coordinación con las Comunidades Autónomas. «Estamos preocupados e incluso escandalizados por la falta de acción por parte del Gobierno de España que no nos ha comunicado nada desde las primeras reuniones que tuvimos el pasado año», subrayó.
El refugio es un derecho que deriva de los tratados internacionales suscritos, en particular la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra y, por consiguiente, un deber de los estados que han suscrito dichos tratados.
