Un informe pericial de la Dirección General de Intervención de la Generalitat concluye que las obligaciones adquiridas en julio de 2011 por el Gobierno autonómico, entonces presidido por Francisco Camps , al firmar un contrato por el que se convirtió en avalista en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en València se hicieron sin la cobertura legal necesaria para ello y hubieran requerido de una ley de las Cortes Valencianas.

De acuerdo con este análisis, la actuación material de firma de contrato, de fecha 19 de julio, careció de la decisión administrativa previa que sirviera de fundamento, de modo que se desarrolló sin ningún tipo de soporte, habilitación o cobertura jurídica necesaria. Así consta en un informe de este mes de junio, realizado por la Viceintervención General de Control Financiero y Auditorías de la Generalitat, a petición del Juzgado de Instrucción número dos de València, que investiga presuntas irregularidades en relación con los premios de la F1 celebrados en el circuito urbano de València entre los años 2008 y 2012. En la causa se investigan las actuaciones de Camps, de la exconsellera de Turismo Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, realiza un informe pericial sobre el procedimiento seguido en la constitución de un aval por parte de la Generalitat respecto a Valmor Sports en sustitución de la entidad financiera Bancaja, un contrato que se celebró el 19 de julio de 2011, un día antes de la dimisión de Camps.

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