La gravedad de la crisis de un régimen se manifiesta cuando los problemas políticos se encastillan de tal manera que la solución parece insólita, todo se convierte en un callejón sin salida. Es como la aparente paradoja que nos planteaba Eugenio Montale sobre el individuo del siglo XX: el ser humano abrió los ojos como jamás lo había hecho antes, ni siquiera en el tiempo de Pericles, pero sus ojos abiertos no veían nada. Porque en el fondo puede ocurrir que un problema no lo sea o la solución no resulte extravagante si aquello que lo causa no transcurriera bajo la esclerosis de un sistema cuya sicología se sustenta en las enramadas del autoritarismo.

Los désorientateurs, que dice Fanon, tienen la ardua tarea de sembrar la confusión. El mismo Fanon nos advertía que ser colonizados es perder un lenguaje para absorber otro, aquel en que no podemos reconocernos. Es la implantación de esa cultura estática de las sociedades paralizadas y que, por ello, son, antes que nada, cultura oficial, es decir, repetición, mecánica y autoritaria de unas creencias que, salvo en la parálisis absoluta, la cultura cerrada se diferencia más y más, cada día, de lo real y donde el diálogo que se explicita como cauce para la solución de los conflictos es simplemente atrezzo.

La psicología autoritaria, inclusive cuando parte de la aceptación teórica del diálogo, plantea, de inicio, la imposibilidad práctica de su realización. En efecto, el diálogo abierto –en su sentido socrático o mayéutico- supone la aceptación de la autoridad racional, es decir, la premisa de lo revisable, opinable. El patrón de la conducta autoritaria propende a considerar toda revisión como una debilidad –centro medular de la autoridad inhibitoria y represiva- como una representación pública del fin del derecho. Más aún: el derecho es asimilado y transferido a lo puramente repetible y mecánico por el sólo hecho de estar codificado y que hace imposible la organización racional del debate por una constante apelación a la ley y el orden.

La constricción del ámbito de lo opinable y lo revisable propicia que hechos entendidos como revisión del régimen de poder, se aborden como imposibles y su negación los convierta de imposibles o improbables por la cultura oficial en inevitables desde la visiva de la realidad política de la sociedad. La crisis de la monarquía, las tensiones territoriales, el conflicto social, son planteados por el sistema como inexistentes en cuanto a su contextura en que han derivado como problema y sólo admite a modo de  solución la vuelta al estado anterior a la polémica. Es la negación de aquella realidad advertida por Albert Einstein de que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos.

Es el caso de Cataluña, en el contexto territorial, donde el revisionismo restrictivo de la derecha con respecto a las autonomías, supuso el acoso en todos los frentes del Estatuto de 2006. El rechazo de un Estatuto aprobado en referéndum por los catalanes fue una negación manifiesta del reconocimiento y la posibilidad, por tanto, de que Cataluña se sintiera cómoda e identificada en el ámbito de una España plural. Ahora la derecha pretende que la marea independentista se cauterice  por la recurrente apelación a la ley y el orden y la vuelta al debate ante un balance contable.

La negación del conflicto social, por su parte, la invisibilidad de las clases sociales inducidas no a una cultura de liberación sino de consumo, conducen de una u otra forma a un final simple: enriquecer a alguien mientras se empobrece a amplios sectores de la sociedad y el individuo, como escribía Montale, cuenta poco; no puede organizarse y si lo hiciese, se convertiría en un hombre de subcultura. Es la consecuencia de una economía cuya esencia es el contraste permanente entre lo superfluo y accidental y la escasez apremiante –dramática y violenta- de los bienes sociales y culturales no persuasivos. Un escenario para la alienación y la desigualdad donde las élites económicas y sus cognados políticos, aprovechando la crisis económica, han procedido a una voraz transferencia de las rentas del trabajo a las rentas del capital y unas reformas estructurales que sea cual sea el futuro ciclo económico las clases populares seguirán soportando la pobreza y la exclusión.

El diálogo social también es separado de la organización racional del debate en virtud de un orden objetivo de las cosas inamovible que facilita que la riqueza pública pase a la órbita privada y se abrogue el control democrático sobre los poderes fácticos que actúan autoritariamente en la vertebración del modelo social. Como en todas las guerras, los perdedores siempre son los culpables, en este caso los pensionistas, los funcionarios, los parados, los inmigrantes, criminalizados perversamente por aquellos cuya avaricia causó la crisis y que ahora se benefician también de ella.

En este contexto, los ciudadanos y los territorios comprueban como sus problemas no tienen solución en un sistema cuyo régimen de poder vertebra una sociedad cerrada. Toda esta toxicidad de la vida pública ha producido que la crisis económica metastice en una crisis moral,  institucional y política. Por ello, es difícil que la campaña electoral que ahora comienza trascienda del eslogan y el marketing político en esa superficialidad impuesta que huye de la versión estructural de los problemas que tiene el país. La política como espectáculo y sombras chinescas tiene poco de auténtica política y sí mucho de contrafigura que la oculta.

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