Todos sabemos que segundas partes nunca fueron mejores, sin embargo alguien insiste en volver a empezar con el PSOE y el Café para todos. ¿Será Europa que ha empujado a la moción de censura? ¿O por alguna extraña alineación de los astros da la casualidad que todos los partidos se han hartado por fin de la deriva nacionalista, antidemocrática y de bloqueo del PP? Hay varias operaciones de maquillaje en marcha por parte del PSOE, pero vamos a hablar de la principal que podría afectar a Catalunya: el cambio de status en relación al estado español, es decir pasar del estado del estado de las autonomías a un supuesto estado federal.

Antes de todo, aclarar que España no es una nación, es un conglomerado de naciones sin ningún fundamento democrático, jurídico ni económico. No es de recibo recordar que la Constitución se aprobó por mayoría, porque ya sabemos el contexto en el que se escribió y votó: se escribió sin ningún proceso constituyente que emanara del pueblo, sino que un puñado de diputados se encerraron para redactarla envueltos en tensiones y con el ejército por en medio. También sabemos que una semana antes el censo se engrosó con un millón de personas más por decreto ley. Si estos hechos ocurrieran hoy todo el mundo estaría de acuerdo en definirlo como un proceso no democrático y no aprobaría el beneplácito de observadores internacionales. Y la alternativa a la Constitución ¿cuál fue? ¿Y la monarquía quién la decidió?

Jurídicamente, pues, las naciones que conforman el estado español no lo están por razones democráticas, aún menos cuando el pacto Constitucional se rompió en 2010 al recortarse el Estatut de Catalunya sin legitimidad desde el Tribunal Constitucional. Es importante señalar que Catalunya es la única región de Europa donde su Estatuto no ha sido refrendado por sus habitantes. Y como colofón, la  represión por el referéndum del 1 de Octubre. En otras palabras, la situación de Catalunya en España no puede defenderse desde el punto de vista democrático.

Todos hemos vivido la mutación del estado de las autonomías a lo que conocemos como “Café para todos”, que fue inventado para intentar tener a todos contentos y engañados. Porque ¿sabemos que el llamado estado de las autonomías no tiene nada que ver con un sistema federal? Alemania, por ejemplo, sí es un estado federal, lo dice ya el nombre Bundesland= país federal. Todo surge de abajo, desde el sentido más democrático que se pueda pensar. Incluso el sistema educativo es diferente en cada Land y, de hecho, si una familia con hijos se muda a otro Land, el problema es suyo para homologar los estudios en primaria y/o secundaria. La justicia es federal, lo hemos visto ahora con el tribunal de Schleswig-Holstein, que posee la potestad de juzgar extradiciones, porque está al nivel de país. Porque Land quiere decir país. La televisión también es federal, cada región tiene su canal, el número 1 y luego el órgano directivo de la televisión central, el canal 2 está formado por los miembros de los Land. Y en cuanto a política: la segunda cámara está formada por representantes de los 16 Land en proporción a sus habitantes. El primer ministro de cada Land es el líder que los representa, a diferencia de España, donde se usa un sistema mixto que favorece los partidos más votados.

En relación a las balanzas fiscales interregionales la pérdida de ordinalidad fiscal está tajantemente prohibida en Alemania. Es decir, es obligatorio mantener el mismo ránking económico en el sistema federal antes y después del reparto, para así no perder el poder adquisitivo de los habitantes de cada Land.

Sin embargo, en cuestión de equilibrio fiscal interregional, Catalunya está entre las tres primeras en aporte fiscal y, después del “equilibrio” marcado por Madrid, Catalunya se queda en décimo puesto en cuanto a recursos recibidos para su financiación. El principio de ordinalidad fiscal brilla por su ausencia. ¿Y el FLA, el Fondo de liquidez Autonómica? ¿Cómo puede ser que los catalanes aporten más dinero del que les toca por ordinalidad fiscal y además tengan que pagar intereses del dinero que el estado central les adelanta? ¿Esto es solidaridad o expolio? ¿Y este dinero, dónde va? Cómo puede ser que España esté en el top ten del ranking de desempleo y corrupción después de años de recibir centenares de millones de euros de Catalunya y de Europa? Pero bien que se construyen trenes de alta velocidad que van vacíos, autopistas y aeropuertos ruinosos, se indemniza a la banca y al fracking del Castor con dinero público. Economistas de renombre defienden la postura que Catalunya es viable económicamente, de hecho es el motor de España y forma parte del conocido Sun Belt o Golden Banana europeo. No obstante, se oyen pocas voces diciendo que España sin Catalunya no podrá pagar la deuda.

Veamos más ejemplos de países federales: en Bélgica la separación aún es mayor: en las escuelas se escoge francés, flamenco o alemán como primera lengua. La mayoría escoge inglés como lengua extranjera y se puede llegar al extremo que los adultos no se entiendan y tengan que hablar inglés entre ellos. Por ley, el parlamento belga tiene que estar compuesto de un porcentaje fijo según criterios lingüísticos para evitar la preponderancia de una de las partes.

¿Y qué decir de Suiza? Otra república federal, el país más próximo a la democracia directa, donde hay 4 lenguas oficiales pero sólo ciertas regiones son bi o trilingües y cada cantón tiene su propia Constitución.

Otro ejemplo de país federal fue Serbia y Montenegro, que en su carta constitucional reconocían la capacidad de deshacer la federación por parte de cualquiera de sus miembros y que las leyes y condiciones del referéndum de autodeterminación a seguir eran las propias del estado federado en cuestión. Cabe decir que Javier Solana, en nombre de Europa, impuso la condición antidemocrática que los independentistas tenían que llegar a ser el 55%, lo que finalmente ocurrió en el referéndum del 2006. Hoy en día Montenegro es reconocido como país independiente por la comunidad internacional, incluso por Serbia.

Si lo comparamos con la relación entre Europa y sus estados miembros: cada país tiene sus leyes pero Europa puede intervenir legislando a un nivel superior si se cumple el principio de subsidiariedad, es decir si se demuestra que la legislación europea será más beneficiosa para el conjunto de los países Europeos que las políticas de cada país.

Pero seamos sinceros, en los últimos años, la política española es un constante ir y venir del Tribunal Constitucional, no sólo ahora con el derecho a decidir. Madrid interpreta la Constitución del 78 como la ley a obedecer y no deja legislar a las comunidades autónomas. Y cuando libera las competencias, tampoco da el presupuesto necesario, con lo que condiciona las políticas de las autonomías. Y la guinda: el objetivo de déficit de las comunidades lo decide unilateralmente el gobierno central. Hay más de treinta leyes catalanas impugnadas por el TC. Mientras que, por el contrario, hay decenas de demandas catalanas al TC cuyas sentencias han sido desobedecidas sistemáticamente por el gobierno español, como por ejemplo la ley para la financiación de programas innovadores en favor de la integración de inmigrantes, sin comentar los pagos inconstitucionales del Castor a Florentino Pérez. Y en Valencia van por el mismo camino. De hecho, todo esto es una lucha de poder entre dos maneras de hacer política. ¿Hace falta recordar que la última ley catalana impugnada es la de la Sanidad Universal?

Los cantos de sirena hablan también de una posible modificación de la Constitución para encajar no se sabe bien qué cambio: observemos pues cómo se puede reformar: en el título X de la misma Constitución, se formulan dos posibles vías de reforma: una sencilla y otra más compleja. En la primera, el referéndum es optativo y debe ser solicitado expresamente mientras que en la segunda, la consulta  ciudadana es estrictamente obligatoria. La elección de uno u otro trámite depende de la materia que se pretenda reformar.

Si la reforma constitucional no afecta a las Instituciones Básicas del Estado, ni a los derechos fundamentales ni a la Corona, se aplica la reforma más sencilla, que se describe en el artículo 167 de la Constitución. La modificación se aprobaría si 3/5 ( 210 diputados y 156 senadores) votaran a favor en ambas cámaras (actualmente. hay 350 diputados y 260 senadores). En el caso de que una décima parte del Congreso (35 diputados) o el Senado (26 senadores) lo solicitaran expresamente 15 días después de su aprobación, se convocaría un referéndum. En caso contrario, la reforma estaría ya aprobada.

En el caso de que no llegasen a la mayoría de 3/5 prevista a favor de la reforma constitucional, se formaría una comisión paritaria compuesta por diputados y senadores y se presentaría un nuevo texto al pleno de ambas Cámaras. Incluso, si no se pudiera aprobar por el procedimiento anterior y la reforma obtuviera una mayoría de 3/5 en el Congreso, se podría aprobar sin la mayoría específica en la Cámara alta, si se consiguiera aquí la mayoría absoluta.

Por el contrario, si la reforma constitucional afecta a las Instituciones Básicas del Estado, los derechos fundamentales o la Corona, el procedimiento de aprobación es aún más duro y complicado, según lo previsto en el artículo 168 de la Constitución.

En este caso, las Cámaras no sólo deberán conseguir  2/3 a favor de la propuesta, sino que además, deberán disolverse y convocarse nuevas elecciones. Si las nuevas cortes, decidieran ratificar el texto, deberá someterse inmediatamente a un referéndum obligatorio. Además, al abordar la reforma de la Constitución se debe consultar al Consejo de Estado sobre los artículos a modificar.

En contraposición con el número de reformas constitucionales de otros países europeos (Alemania (60), Irlanda (27), Francia (24), Bélgica (13) o Portugal (12)) a lo largo de las últimas décadas, la constitución española es el paradigma del estancamiento porque se ha modificado solamente dos veces a lo largo de la historia. En 1992 se incluyó el derecho de los ciudadanos europeos extranjeros a votar en las elecciones municipales del país donde residen. La modificación se hizo por la vía más simple y sólo se añadió la fórmula “y pasivo” al artículo 13.2 de la Constitución  referido al derecho de sufragio. Esta fue una exigencia del Tratado de Maastricht aprobado en el seno de la Unión Europea en ese mismo año, donde se proclamaba el derecho de todos los ciudadanos europeos a “elegir y ser elegidos” en los comicios municipales.

El 2 de septiembre de 2011 el Congreso de los Diputados aprobó la primera reforma constitucional de una ley fundamental pero sin referéndum, incumpliendo así la propia Constitución. La modificación fue  promulgada por la UE para introducir de forma urgente el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. Se superaron con creces los 3/5 de la Cámara pero la modificación no fue refrendada ni se convocaron elecciones. El artículo 135 fue reescrito completamente, estableciendo el concepto de estabilidad presupuestaria para que el pago de la deuda pública sea lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible.

En resumen, se ha demostrado que la modificación del texto es prácticamente imposible mediante el procedimiento constitucional estipulado. Además ninguno de los 2 cambios realizados provienen de la democracia directa, sino que han sido promulgados e impuestos desde la Unión Europea.

Por último, para tocar con los pies en el suelo: todos sabemos cuál es el equilibrio de fuerzas en las cámaras y cómo se resolvería cualquier votación en contra o a favor de Catalunya. Y lo mejor de todo es que los catalanes saben muy bien cuál sería el resultado de esta supuesta votación en el Congreso y en el Senado. Hoy y en las siguientes elecciones, y en las otras, y en las de años por venir también. Catalunya ha aprendido que no puede depender del gobierno de turno de España. Y el gobierno de España lo votan los españoles:

En 2016 se colocó en el centro de Barcelona una estatua decapitada del dictador Franco como acompañamiento de una exposición. A los pocos minutos, los habitantes de Barcelona reaccionaron echándole huevos, hortalizas, pintura, entre otros adornos, y, al cabo de 4 días, derribándola. Como experimento sociológico, se podría proponer colocar una estatua del dictador en las principales ciudades de España. ¿Reaccionaría la gente como en Barcelona o como en el Valle de los Caídos? ¿Es un problema del gobierno de España o de España? De su monarquía, de su Iglesia, de su ejército, de su policía, de sus políticos, de sus tribunales…

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

cinco × 1 =