Fotos: Diario16.

Una veintena de funcionarios de prisiones han resultado heridos de distinta consideración este jueves 17 de mayo en Morón de la Frontera (Sevilla) tras una violenta carga policial de fuerzas antidisturbios cuando intentaban disolver la protesta de un grupo de trabajadores en la entrada del centro penitenciario Sevilla II. La carga se ha producido poco antes de las ocho de la mañana después de que los antidisturbios no permitieran a los manifestantes ocupar los carriles de acceso al recinto.

Uno de los heridos, con una impresionante contusión en su ojo derecho, como muestra la imagen, ha tenido que ser ingresado en un hospital de Sevilla para que los médicos le analicen los daños recibidos, que según testigos directos “puede perder la visión”.

Más de 600 funcionarios de prisiones procedentes de diferentes puntos del país se han concentrado en la cárcel de Morón pese al intento de la policía de dispersar la concentración a primera hora de la mañana “a porrazo limpio”, explica a Diario16 José Luis Pascual, dirigente del sindicato Acaip, mayoritario en el sector.

Cabezas abiertas, camisas ensangrentadas y rotas, moratones en las espaldas y otras partes del cuerpo. Es el balance de los daños de la violenta carga policial de esta mañana en Morón, que según el dirigente de Acaip tiene una rápida lectura: “Las órdenes del Ministerio del Interior son tajantes: no quiere permitir que ejerzamos nuestro derecho a una manifestación completamente legal”. Pascual ha lamentado la “brutal represión” ejercidas por las fuerzas policiales sin que mediara provocación alguna ni los manifestantes entorpecieran la entrada de nadie en el recinto puesto que a esa hora de la mañana ya había entrado todo el personal al mismo. “Los policías han obedecido órdenes directas del Ministerio del Interior, que si cree que la represión es el camino nos tendrá enfrente”, denuncia el portavoz de Acaip a este diario.

Aspecto de la protesta de Morón a primera hora de este jueves 17 de mayo. Fotos: Diario16.

Miles de funcionarios de prisiones de toda España han vuelto a concentrarse masivamente a las puertas de las prisiones del país a primera hora de este jueves, convocados por los sindicatos Acaip (mayoritario en el sector), Comisiones Obreras y UGT.

Las protestas, que se están extendiendo a todas las prisiones del país, se producen después de que los empleados hayan comprobado que el Gobierno de Mariano Rajoy “está hurtando cientos de millones de euros a los trabajadores penitenciarios”, informa Acaip en una nota informativa.

Los convocantes han decidido intensificar las movilizaciones y las medidas de presión y auguran que esta situación “supondrá un incremento del conflicto laboral existente”. La contundente y violenta respuesta de la policía este jueves a las puertas del recinto penitenciario de Sevilla 2 así lo atestigua.

Los antidisturbios han cargado contra los manifestantes de forma violenta. Fotos: Diario16.

En los próximos diez días se desarrollarán al menos una veintena de concentraciones por prisiones de todo el país, comenzando por las de este jueves 17 de mayo en los centros penitenciarios de Morón de la Frontera (Sevilla II), Badajoz y Villena (Alicante), con inicio a las 8 de la mañana.

En los siguientes días, los manifestantes las extenderán a la totalidad del país, tanto en la península como en las islas, con concentraciones de protesta que pretenden paralizar los centros de Tenerife, Jaén, Logroño, Valdemoro (Madrid III), Castellón, Puerto de Santa María (I, II y III), Villabona (Asturias), Valencia, Albolote (Granada), Teruel, Topas (Salamanca), Arrecife de Lanzarote y Aranjuez (Madrid).

Los funcionarios pretenden “obligar” al Gobierno a asumir “la imperiosa necesidad de abrir una mesa de negociación que ponga fin a la insostenible situación que atraviesa la institución penitenciaria”, y todo el colectivo, que considera que atraviesa “la etapa más decadente de prisiones de toda la democracia”.

Funcionario de prisiones herido en un ojo tras los golpes de la policía este jueves en Morón (Sevilla). Fotos: Diario16.

Los manifestantes culpan al ejecutivo de Rajoy de “degradar el servicio público penitenciario y orientarlo a su privatización, deteriorando condiciones laborales, privando de derechos al personal penitenciario y desmantelando el servicio público, dejando sin cubrir miles de plazas presupuestadas, para provocar que prisiones sea un servicio público inviable”.

Los manifestantes acusan directamente al ministro Zoido de querer impedir “a porrazo limpio” sus reivindicaciones de dignidad laboral

Los funcionarios de prisiones denuncian que, de forma sistemática, el Gobierno incorpora en los Prepuestos Generales del Estado las cantidades para remunerar todas las plazas de trabajadores penitenciarios, tanto ocupadas como vacantes, “a sabiendas de que mantendrá miles de ellas vacantes y por lo tanto ahorrará cientos de millones de euros que destinará a otras cuestiones, mientras a los trabajadores que sí están se les incrementa la carga de trabajo sin mejorarle sus retribuciones”.

Concretamente, en los Presupuestos actuales, el Gobierno pretende ahorrarse, según los funcionarios, más de 115 millones de euros, al dejar vacantes 3.393 plazas, es decir, al no cubrirlas y por lo tanto no tener que pagar sus retribuciones. Esta práctica se viene repitiendo a lo largo de los últimos años, según los manifestantes, ya que en los tres últimos años siempre se ha mantenido por encima de las 3.000 plazas vacantes sin cubrir.

En relación con el personal laboral de los centros penitenciarios, las plazas sin cubrir se aproximan al 30% del total, es decir, uno de cada cuatro empleados que debería estar presupuestado, “ni está ni lo piensan contratar”, denuncian.

El sindicato Acaip cree que el coste económico que la Administración necesita para eliminar las categorías de los establecimientos penitenciarios, y así garantizar la igualdad salarial entre puestos de trabajo iguales, es inferior al importe que está ahorrando con la no cobertura de plazas vacantes presupuestadas, y también inferior a lo que la Secretaría de Estado de Seguridad ya lleva gastado en la privatización de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios.

Esta reivindicación salarial ha sido apoyada por más de 16.000 firmas de empleadas y empleados públicos penitenciarios, que le han sido entregadas a la totalidad de grupos parlamentarios, para que procedan, en la fase de enmiendas a los Presupuestos Generales, a incorporar el montante total para asumirlo. El debate de las enmiendas se está celebrando esta semana en el Congreso de los Diputados y finalmente los Presupuestos se votarán, con o sin la incorporación de las mismas, la próxima semana.

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