La Comisión Europea ha remitido un escrito al Gobierno español en el que se le informa de la apertura de un expediente informativo en el cual se pregunta sobre las medidas adoptadas para solucionar el problema del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña cuyas tres cuartas partes de superficie viene ardiendo desde la madrugada de este viernes. La CE cree que se ha podido incumplir la directiva 1999/31/CE que prohíbe el depósito en vertederos de neumáticos usados para “prevenir la inestabilidad de los emplazamientos en los que se depositan, y reducir el riesgo de incendios”. Por otra parte, la Fiscalía de Medio Ambiente, cuyo titular es Antonio Vercher, ha ordenado al Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil, la apertura de una investigación por la posible comisión de un delito económico. Así pues, el asunto va a tener sus repercusiones mientras que los expertos dejan claro que también habrá consecuencias ecológicas “graves”.
El Ministerio de Medio Ambiente ha contestado a la dirección general de Medio Ambiente de la UE señalando que pocos días antes de declararse el grave incendio, el departamento y los responsables de la Junta de Castilla-La Mancha, y Madrid, habían llegado a un acuerdo para limpiar la zona. Adjunta, además, el proyecto de limpieza solicitado a las empresas Tragsa y Emgrisa, con un presupuesto de 5,6 millones cuya financiación se estaba tramitando a través de los FEDER, fondos europeos para desarrollo regional.
Este vertedero es un auténtico despropósito. Desde 2010 no tiene licencia municipal. Surgió a finales de los noventa del siglo pasado. La familia Villadangos García alquiló los terrenos con el propósito de gestionar un cementerio de neumáticos. El Ayuntamiento de Seseña concedió la licencia de actividad en el año 2003 pero “con el objetivo de que fuese un centro de reciclaje y nunca un almacén”, señalan fuentes del Consistorio.
No fue así. Los terrenos fueron convirtiéndose en un gigantesco almacén de neumáticos y en 2005 comenzaron a llegar las primeras denuncias.
En enero de 2009, el administrador de Disfilt, la empresa explotadora, fue condenado a tres meses de prisión por delito ecológico. Tres meses que no llegó a cumplir. En 2010 los propietarios del terreno no renovaron el contrato de alquiler. Se debería proceder al vaciado de los neumáticos, Pero el dueño de Disfilt desapareció aunque la empresa sigue activa según datos del Registro Mercantil. Los propietarios de los terrenos pidieron ayuda al ayuntamiento de Seseña para vaciar el enorme volumen de neumáticos que cada día iba creciendo debido a nuevos vertidos totalmente ilegales.
El problema es que el vertido ya no era cosa de una sola administración, sino que se había invadido terrenos del colindante municipio de Valdemoro, perteneciente a la Comunidad de Madrid. Ya eran dos las administraciones autonómicas que debían hacerse cargo del problema: la castellano manchega y la madrileña.
El gobierno madrileño dice que ellos se enteraron de ‘la invasión’ en 2009. Es a partir de ahí cuando empiezan las reuniones para buscar una solución que, como siempre, pasa por saber quién paga la broma. En 2013 se encargó el trabajo de limpieza a una empresa valenciana que, finalmente renunció. Y así hasta ahora. Los ecologistas advierten del peligro de una zona que, ni siquiera cuenta con vigilancia. “Entre las sustancias que se emiten a la atmósfera en grandes cantidades están las partículas PM10, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los cancerígenos benceno y benzo(a)pireno, dioxinas, furanos e importantes cantidades de metales pesados», señalan desde Ecologistas en Acción.
El desastre es más que evidente
