El informe de la Agencia Ferroviaria Europea, encargado por la Comisión Europea, sobre el accidente de tren de Angrois (en el que fallecieron 80 personas y hubo más de un centenar de heridos en 2013) concluye que la investigación realizada en España por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue independiente y que en ella no se abordaron «elementos clave».

Bruselas ha hecho público este jueves el informe sobre el accidente en una reunión con representantes de las víctimas y con el BNG. En este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se relatan a lo largo de diferentes puntos «las debilidades» que la Agencia Ferroviaria Europea identifica en la actuación de la CIAF, dependiente del Ministerio de Fomento, en cuestiones como la falta de multitud de análisis sobre la línea, seguridad y el porqué de decisiones tomadas.

En otras cuestiones, se indica que Renfe y Adif son parte del equipo de investigación, lo que provoca «un conflicto de intereses», mientras «la investigación de la CIAF fue realizada por un equipo que incluía a personal de organizaciones directamente implicadas en el accidente». También pone en duda la neutralidad de Ineco, empresa encargada de revisar la seguridad de la línea.

«La composición del equipo de investigación de la CIAF no aseguró la independencia de la investigación», desautoriza en su escrito de 16 páginas este organismo, que destaca que se incumplió así la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria. «El requerimiento de que la CIAF sea independiente de cualquier administrador de infraestructuras, empresa ferroviaria y de cualquier parte cuyos intereses puedan entrar en conflicto con el trabajo en encargado al equipo investigador no estuvo asegurado», prosigue.

Por todo ello, la Agencia Ferroviaria Europea, teniendo en cuenta la naturaleza «muy seria» del accidente y debido a las «debilidades» relacionadas con la independencia de la investigación, aboga por abrir una nueva en la que se garanticen estas cuestiones.

Así, reprocha que se centre únicamente en la causa directa del siniestro, «un error humano», pero no ahonde en las «causas fundamentales y subyacentes» del siniestro, ocurrido en Santiago en julio de 2013, ni tampoco en «elementos clave» relacionados con la línea y el propio tren que pudieron influir.

Precisamente, las víctimas de Angrois han rechazado durante todo este tiempo las conclusiones emitidas por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), al criticar que «no se puede ser juez y parte» y, por tanto, niegan a este órgano la independencia que le exige la normativa europea, tal y como ahora subraya la Agencia Ferroviaria Europea.

Asimismo, apunta que la investigación de la CIAF se centra en el propio descarrilamiento, pero la colisión, fuego e impacto que le siguieron «no están suficientemente descritas» ni «analizadas críticamente», a la vez que no se aporta ninguna conclusión.

Además, el informe del órgano dependiente de Fomento «también fracasa al identificar qué vagones o vehículos descarrilaron primero», lo que puede dar lugar a una «mejor comprensión del accidente y sus causas».

Del mismo modo, la CIAF no analiza ni establece conclusiones «suficientemente» sobre las decisiones acerca del diseño de la línea, de la locomotora y vehículos, ni de «cómo fueron evaluados los riesgos» en los sistemas de seguridad.

Sobre Renfe, lamenta que no se informa sobre los criterios en los que se basa el equipo de alta dirección para operar a alta velocidad a pesar de haber un «riesgo claro» de que hubiese consecuencias por un error humano sin medios técnicos que lo impidiesen. Aquí, afea que no se aportan los razonamientos sobre «cambios operacionales», como los que atienden al sistema de seguridad del ERTMS.

En lo tocante a las responsabilidades de ADIF, echa en falta profundidad en el análisis de medios que puedan paliar las posibles consecuencias de un descarrilamiento provocado por un error humano.

También ve insuficiente la información aportada acerca de la autorización de la línea, incluidas sus modificaciones, su trazado, radio de las curvas y velocidades, las evaluaciones de riesgo, así como revisiones de seguridad, entre otras.

Sobre la Dirección General de Ferrocarriles (DGF), dependiente de Fomento, censura que falta una análisis sobre los criterios en los que se basó para autorizar a ADIF poner en servicio la línea sin los medios que mitigasen un error humano.

En uno de los epígrafes se pone el foco sobre que en la investigación no se incluye el documento que elaboró en 2011 el jefe de maquinistas de la provincia de Ourense en el que alertaba del brusco descenso de velocidad que había que realizar en la curva de Angrois.

«No hay descripción de cómo el peligro informado fue tomado en cuenta por aquellos que tenían la responsabilidad de gestionar y garantizar la seguridad en todos los niveles de la organización, incluido el equipo de alta dirección», avisa. A renglón seguido, llama la atención sobre cómo en todas las investigaciones de la CIAF de los seis accidentes con descarrilamientos ocurridos en España entre 2008 y 2013 siempre se centran en los riesgos derivados del comportamiento de los maquinistas.

En este estudio, se recuerda además que «la complejidad de las tareas (del maquinista) durante la ruta se incrementa con la combinación de diferentes modos de control automático del tren, cada uno con diferentes reglas para el conductor». También falta la evaluación de seguridad del diseño de tareas del conductor –incluido la comunicación por teléfono– y el diseño de la maquinaria con algunas modificaciones antes de que la línea fuera puesta en servicio.

El informe llega a asegurar que no hay «evidencia» de cómo y cuándo las víctimas y sus familiares fueron informadas a lo largo de la investigación, ni de que se les diese la oportunidad de realizar aportaciones. Además, «no hay investigación sobre el tipo de heridas y las causas de las muertes en relación con el diseño de la infraestructura y del tren». Tampoco «se investigó la actuación de los servicios de rescate».

«Teniendo en cuenta que casi la totalidad de los pasajeros resultaron afectados, debe considerarse una posible contribución del diseño de la infraestructura y de la alta velocidad del tren a la disminución de las consecuencias en caso de descarrilamiento», agrega sobre lo ocurrido.

Todo ello, después de que a finales de mayo la Audiencia Provincial de A Coruña ordenase reabrir la instrucción que investiga las causas del accidente del tren Alvia, tras haberse cerrado la investigación judicial con el maquinista Francisco Garzón como único imputado.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha asegurado que el nombramiento de los participantes en la investigación se realizó «cumpliendo» con la ley y ha destacado que los componentes tenían «completa independencia» y eran profesionales «de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional».

Así, tras insistir en que todos los miembros de la investigación» acreditaron por escrito ante la Agencia Ferroviaria Europea su completa independencia en el desarrollo de sus funciones», la CIAF asegura que su informe «fue remitido a la ERA en julio de 2014, no habiendo objeción alguna al mismo por parte de esta agencia» hasta este jueves.

«El informe bianual de la ERA correspondiente a ese mismo año 2014, que examinó por primera vez la investigación realizada por la CIAF con relación al accidente de Santiago, no mostró ninguna objeción al mismo, aunque sí a alguno de los que se realizaron en otros países durante ese periodo», sostiene.

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