Érase una vez un país imaginario en el que súbitamente y sin explicaciones o razones perceptibles a unos cuantos individuos les dio por suicidarse. Tal asunto comenzó a inquietar a las autoridades, quizás más por la posibilidad de una demanda de responsabilidades de parte de la ciudadanía que por otra cosa. Es conocido que este tipo de fenómenos provocan el pánico entre los comunes y que el pánico colectivo viene a significar una de las peores epidemias. Ante esta desconcertante situación los gobernantes consultaron con los funcionarios de mayor relieve a los que inquirieron una rauda solución. Uno de ellos expuso que en todos los casos los suicidas habían elegido la soga como medio para lograr sus desgraciados fines. Y por ello propuso a la jerarquía que se prohibieran las sogas y así, estimaba el servidor público, se acabaría con esta macabra tendencia. Tal cosa se hizo, se retiraron todas las sogas existentes, y se celebró el final de la crisis. El desconcierto vino cuando comenzaron a llegar noticias de que los suicidios continuaban con la diferencia de que ahora se elegía para inmolarse el saltar desde la torre del castillo.

“Pues ahora no quiero”

Viene a cuento esta fábula a propósito del nuevo “un pasito pa´lante un pasito pa´tras” del gabinete Sánchez relacionado con unas bombas de segunda mano cuya venta España tenía apalabrada con Arabia Saudí. El material en cuestión ni es nuevo ni ha sido fabricado en España. Sí adquirido por la Fuerza Aérea española, pero que no utilizó. Por cierto, España es el séptimo exportador mundial de grandes armas y el cuarto europeo.

De todo este lío ha brotado una derivada que viene con un riesgo en la mochila: en el ámbito de las relaciones internacionales está feo acordar algo con otro país y luego, en mitad del proceso, decir que no se va a concluir lo acordado. El país incumplidor pone en el borde de la cornisa su prestigio y su respeto y provoca que ante posibles operaciones futuras con otras naciones se le aplique la cláusula de prevención.

Arabia Saudí es un buen cliente de España tanto en productos militares como en tantos otros. “Las exportaciones españolas a este país (Arabia Saudí) se encuentran bastante diversificadas, con una amplia gama de productos y más de 4.000 empresas exportando a dicho mercado. Los principales productos españoles exportados en 2015 fueron aeronaves (15,3% del total), máquinas y aparatos mecánicos (10,3%), material eléctrico (7,1%), cerámica (5,8%) y material de fundición de hierro y acero (5%)”. Fuente ICEX.

Y es conocido de todos el caso del AVE a La Meca, que conllevaba la construcción de la infraestructura, los trenes, el mantenimiento y la operación del servicio, habiendo intervenido en el macro proyecto las empresas Renfe, Adif, Talgo, OHL, Copasa, Cobra, Consultrans, Imathia, Inabensa y Ginovart, Dimetronic e Indra.

Ahora está en proceso el Metro de Riad (Consorcio internacional liderado por FCC y en el que también participa Typsa para construir tres de las cinco líneas previstas) y el contrato de las corbetas, en construcción por parte de Navantia en su planta de San Fernando (Cádiz). Más otros muchos contratos no tan exuberantes pero que juntos todos ofrecen cifras muy importantes.

Hipocresía

Al margen del sí pero no gubernamental que ha sido profusamente tratado por los medios de comunicación y por esas que se llaman a sí mismas redes sociales, sí que parece oportuno tratar acerca del uso indeseado de ciertos productos que fueron creados para otros fines, así como una aparentemente indebida atribución de responsabilidad a los fabricantes por el uso inadecuado de los mismos por parte de algunos individuos.

Por ejemplo, en ocasiones se ha intentando culpabilizar a los fabricantes de automóviles de la alta siniestralidad en las carreteras. También por parte de algunos se culpabiliza a los fabricantes de bebidas alcohólicas de las enfermedades provocadas por un  excesivo consumo y así otros casos como el azúcar, las grasas e incluso los videojuegos. Cierto es que algunos productos, como cigarrillos de determinadas marcas de tabaco elaborado, contienen sustancias adictivas añadidas y que el alcohol activa mecanismos cerebrales igualmente adictivos. Y también que se han puesto a la venta productos no suficientemente testados o que carecían de una información necesaria para el consumidor.

Pero en una sociedad libre cada uno es responsable de sí mismo y de sus actos. La lejía no se elabora para asesinar a nadie pero sí se utiliza para ello. Y la cuestión no radica en prohibir todo aquello que pudiera ser utilizado para producir daños a los demás o a sí mismo, como en el caso de la fábula de la soga que abre este artículo. En ese caso se trataría de un Estado que establece e impone lo que deben hacer y no hacer los ciudadanos tratándolos como seres menores e irresponsables.

Hace unos años un ministro del Interior reunido con un grupo de padres muy malhumorados a causa de la violencia juvenil les dijo: “No pretendan que la policía haga su trabajo como padres”.

Francia no tiene tantos prejuicios a la hora de vender lo que sea a quien sea.

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