La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado esta mañana un escrito de denuncia, ante la Fiscalía General del Estado, al conocer que en el Boletín Oficial del Estado de hoy ha aparecido el inicio del trámite para la sucesión del título de Ducado de Franco, concedido a la hija del dictador por Juan Carlos de Borbón, el 26 de noviembre de 1976.
En este sentido, la ARMH relata en su denuncia que se trata de un título concedido a la familia del dictador por Juan Carlos de Borbón, el 26 de noviembre de 1975, con la siguiente justificación:
“Deseando dar una muestra de mi Real aprecio a doña Carmen Franco Polo, Marquesa de Villaverde, y en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren, Vengo en concederle la Merced- Nobiliaria de Duquesa de Franco, con Grandeza de España, para sí, sus hijos y descendientes, exento de derechos fiscales en su creación y en la primera transmisión”.
Los denunciantes consideran que desde cualquier punto de vista democrático es intolerable un reconocimiento que se concede “en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos”, que no son otros que el haber dado un golpe de Estado el 18 de julio de 1936, haber asesinado a 114.226 personas que fueron hechas desaparecer, haber violado y humillado a decenas de miles de mujeres, haber enviado al exilio a medio millón de personas, haber encarcelado a homosexuales e ingresado en centros psiquiátricos a lesbianas, haber robado a punta de pistola cientos de miles de propiedades, que hoy no están en manos de sus legítimos dueños, haber utilizado esclavos políticos hasta 30 años después de terminada la guerra, y haber sido parte de una familia que se aprovechó de cuarenta años de terror y de corrupción política y económica para obtener una fortuna construida desde el saqueo y la violencia.
Por todas esas razones, ARMH entiende que la colaboración de las instituciones del Estado con el proceso por el que los descendientes del dictador tratan de constituir una dinastía nobiliaria puede ser constitutivo de delito, por tratarse de un acto de enaltecimiento de la dictadura, de la violencia política, del terrorismo de Estado; así como por considerar ejemplar el secuestro de una democracia durante cuarenta años, o de sus miles de asesinatos, violaciones y torturas.
Además, los denunciantes entienden que es una forma de humillación y maltrato a las víctimas de los delitos más graves que pueden cometerse contra un ser humano, como son las desapariciones forzadas; compuestas por una detención ilegal, seguida de torturas, del asesinato y de la ocultación del cadáver para provocar más daño y dolor a sus seres queridos. Nadie imagina la concesión de un título nobiliario a un asesino terrorista o machista “en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en él concurrieran”.
