El gabinete de Gobierno de Bangladesh baraja este lunes la posibilidad de impartir la pena de muerte a quienes sean responsables de un accidente de tráfico. El funcionario del Ministerio de Asuntos Legales anuncia esta posible medida mientras miles de estudiantes realizan protestas por noveno día tras la muerte de dos adolescentes en un autobús a alta velocidad en Dhaka.

De este modo, decenas de miles de estudiantes han ocupado las calles para exigir cambios en la regulación de transito de vehículos en Bangladesh. La atestada capital ha estado paralizada desde que un grupo de adolescentes fue atropellado por un autobús privado el pasado 29 de julio que supuestamente es propiedad de un pariente de un ministro de gobierno.

Shahzahan Khan, el ministro en cuestión, lejos de apaciguar las tensiones echó más leña al fuego. Cuando los periodistas le preguntaron sobre las muertes causadas por dos autobuses de carreras, sonrió y dijo: “Un choque vial se ha cobrado 33 vidas en el Maharashtra de la India; pero ¿hablan de eso de la manera que nosotros lo hacemos?”.

Tales comentarios sin complejos alimentaron la ira de los estudiantes y empujaron al movimiento a un punto de inflexión, a medida que más y más manifestantes inundaron las calles del país.

Desde el Ministerio del Interior confirman que “esta enmienda se ha propuesto otorgar el máximo castigo alto si se está matando por un accidente” afirmando la posible pena impuesta para los responsables de este tipo de siniestros.

Ahora mismo, las actuales leyes del país contemplan una pena máxima de tres años de cárcel. Aplicar la pena de muerte a aquellos responsables de un accidente de tráfico es una práctica poco habitual en todo el mundo.

Bangladesh que se enfrenta además a un problema de saturación de tráfico han enumerado las distintas penas dependiendo del país de origen para evaluar su enmienda. Reino Unido y la India presentan las mayores diferencias, el país anglosajón establece una pena de hasta 14 años para los casos más extremos mientras que en la India la pena máxima es de dos años.

En varias ocasiones, colectivos de estudiantes, han denunciado que la problemática reside en que los autobuseros no tienen un salario fijo mensual garantizado, si no que su salario depende del número de pasajeros y horas dedicadas. El sistema basado en la comisión provoca que la seguridad pase a un segundo plano.

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