La Confederación Intersindical de Crédito, asociación impulsora de procesos judiciales económicos, ha registrado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Banco de España.  Concretamente, señalan al ex gobernador Luis Linde y la actual cúpula del Banco por presunta prevaricación en una presunta operación de blanqueo de capitales en la Torre Foster de Madrid.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Diario16, responsabiliza al Banco de España de obstaculizar la investigación al mantener informado a Bankia de las pertinentes averiguaciones que hacían los investigadores. Se trata de la venta del edificio Torre Foster en Madrid que hizo Bankia al multimillonario ex presidente de Cepsa, Khadem Al-Qubaisi, en septiembre de 2016 por el valor de 397,9 millones de euros.

“Es nuestro deber trasladar toda la información que actualmente disponemos a la Fiscalía Anticorrupción por, si lo estima oportuno, abrir diligencias”, recoge el escrito.

La organización, presidida por Gonzalo Postigo, ha interpuesto este documento dirigido al gobernador Luis María Linde y al resto de miembros del consejo, donde exponen que la Ley sobre Disciplina e Intervención, vigente hasta 2014, contemplaba la dotación del Banco de España de imponer sanciones a las entidades que no cumplieran las normas de carácter monetario o alteraran su solvencia.

Además de a Linde, acusan al actual subgobernador, Javier Alonso, a los consejeros Vicente Salas y Fernando Eguidazu, al secretario general, Javier Priego y al ex director general de Supervisión, Mariano Herrera. Se les responsabiliza de haber comunicado al equipo de Bankia, las averiguaciones de la investigación y de tardar más de un año en enviar el resultado de la investigación al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Tal y como recoge el informe, Alberto Montero, en representación del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ya señaló que había indicios de que desde “la dirección del banco” se instó a “los inspectores a que pusieran en conocimiento de la institución que estaba siendo investigada” con la consiguiente consecuencia “del retraso de un año en que el informe no es puesto en conocimiento del servicio de prevención de blanqueo de capitales”.

 

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