La Comisión de Verificación de las Familias Desalojadas de Laguna Larga, en el Petén, ha denunciado una nueva estrategia del gobierno guatemalteco contra ellas. Como se ha venido contando en Diario 16 Mediterráneo, 490 personas fueron desalojadas de sus casas prefabricadas en Laguna Larga por el ejército y la policía guatemalteca, y echadas al monte, en una trocha entre Guatemala y México. Sin ninguna alternativa habitacional, estas familias viven como pueden, tal y como ha narrado la senadora de En Comú Podem, Sara Vilá, y en condiciones infrahumanas en ese espacio de nadie.
Los denunciantes destacan que esas personas están sufriendo nuevas formas de intimidación, a sumar al ejército y la policía que se encuentran acampados donde antes era su comunidad, como la utilización de aeronaves de rastreo sobre la zona que ahora ocupan. Según los antiguos habitantes de Laguna Larga primero fue un helicóptero y posteriormente una avioneta de color azul y blanco las que realizaron esos vuelos bajos, tanto sobre el antiguo asentamiento de Laguna Larga como sobre la trocha en la que se encuentran actualmente las familias.
Para quienes no conozcan la historia de Guatemala, cabe recordar que hasta hace pocos años se vivió una cruenta guerra civil, y la utilización de estos medios de control hacen revivir a muchas de las personas desalojadas esa guerra. Les hace recordar el miedo a que puedan hacerles algo desde el aire. Lo curioso del caso es que estos vuelos se produjeron justo tres días después de haber estado en la zona la delegación de la Comisión de Investigación, lo que hace aumentar las sospechas de una forma de instigación del gobierno guatemalteco.
Para Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas, “los vuelos de las aeronaves son una muestra de fuerza para amedrentar y generar miedo a las personas afectadas”. A pesar de sobrevolar una zona en la que podrían tener un conflicto diplomático con México, el gobierno guatemalteco sigue con su campaña de expulsión de la comunidad de la zona desalojada. Parecen no quererles en la zona y así poder proteger los distintos intereses que les mueven a poner en peligro la vida de estas personas. Muestran poco respeto por los derechos humanos, aun cuando la Comunidad Internacional ya les ha advertido que su actuación supone una vulneración del trato más fundamental a los seres humanos, como ha dicho el portavoz del Alto Comisionado de la ONU.
Cadena ha solicitado a las autoridades militares que expliquen la presencia de esas dos aeronaves en la zona. Recuerda que, si el ejército no tuviese explicación, tanto las autoridades del Petén como la Aeronáutica Civil deberían conocer y poder explicar la presencia y el porqué de esos vuelos y esa presencia. “Hay formas para conocer pero es el gobierno quien debe dar las explicaciones” ha afirmado el jurista.
Robert Mercatante, de Human Rights Defenders Project, tampoco ha escatimado la denuncia hacia el gobierno guatemalteco: “El actuar del Gobierno es lamentable y vergonzoso”. Al contrario, afirma, que la respuesta del Estado mexicano y la solidaridad internacional que sí han dado respuestas a las necesidades mínimas de estas personas. En especial los y las mexicanas que les han apoyado dándoles ropa, agua potable y comida tanto a los que permanecen en la montaña como los que han llegado al propio México.
Denuncia Mercantante que el gobierno guatemalteco no ha hecho gran cosa por sus propios conciudadanos. Tan sólo tres días después de haber sido desalojados enviaron una delegación para ver qué tal estaban, pero sin llegar a cubrir las necesidades mínimas vitales de esas personas. Sin embargo, ha sido la comunidad internacional la que sí ha reaccionado a esta catástrofe humanitaria.
Cadena solicita al gobierno de Guatemala una reanudación del diálogo bajo tres premisas claras. La primera es regresar al diálogo entre las distintas partes implicadas como se venía haciendo y sobre la que parece que sí existe consenso. Se trata, como destaca Cadena, de “definir cuál es la mejor solución para todas las comunidades”. Porque no sólo es Laguna Larga sino que existen más comunidades amenazadas de desalojo. La segunda, que las personas desalojadas puedan regresar a Laguna Larga temporalmente, algo sobre los que “no hemos visto señal de respuesta positiva por parte del Gobierno”. A este respecto, los comisionados han podido comprobar como CONAP se niega a esta vuelta, la cual se entiende como una “solución humana”. Y tercera, que cesen los desalojos y las amenazas a las distintas comunidades hasta que se enceuntre una solución consensuada.
También solicitan los comisionados que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que den respuesta a las medidas que se les solicitaron. Así como han pedido presteza al Constitucional guatemalteco sobre la apelación presentada y el amparo provisional que deberían tener las comunidades, en especial la de Laguna Larga que es la que se encuentra viviendo de forma inhumana.
