Semana decisiva para la buena conclusión del proyecto de tren de alta velocidad de La Meca a Medina. Pablo Vázquez, el presidente del Renfe, el principal socio del consorcio Al Shoula, va a intentar, primero, que el consejero delegado dimitido, Santiago Ruiz, reconsidere su decisión y vuelva a trabajar a Arabia Saudí. En segundo lugar, Vázquez, esgrimiendo su condición de socio más relevante, va a intentar lo hasta ahora imposible: poner de acuerdo a todos los socios para que acaben, de una vez por todas, con las diferencias que han estado a punto de acabar con el negocio más importante alcanzado por España en toda su historia.

No va a ser fácil. OHL, “l´enfant terrible” de Al Shoula, no quiere oír hablar de hacerse cargo de los sobrecostes. Así lo hizo saber en la reunión que mantuvieron, la semana pasada, 12 altos directivos de las empresas que participan en el consorcio. Pablo Vázquez explicó que los pormenores del acuerdo alcanzado con la Saudí Railways Organization, SRO, mediante el cual se prorroga el plazo de entrega de la infraestructura hasta marzo de 2018, supone un ahorro de 420 millones de euros ya que la clausula de penalización por retraso suponía un millón por cada día de tardanza.
Aunque es difícil establecer el sobrecoste total, todo parece indicar que rondará los 1.000 millones de euros. El presupuesto inicial era de 6.750 millones. Las reclamaciones de los contratistas podrían elevar la cifra a 8.000 millones. Pablo Vázquez señala que, si se tiene en cuenta el ahorro de los 420 millones de penalización, quedarían del orden de 500 a 600 millones de desfase que es lo que va a intentar negociar con las autoridades saudíes en concepto de sobrecostes.

Vázquez va a intentar, también, que el Ministerio de Fomento se implique en las gestiones que hay que llevar a cabo. En un principio, el departamento de Ana Pastor se volcó en este asunto cuando empezaron a surgir las primeras complicaciones. Pero, desde que el Gobierno está en funciones, el nivel de actuación ha bajado sensiblemente. Y en un momento en el que se necesita más que nunca el “empuje político”.
Convencer al ex consejero delegado, Santiago Ruiz, de que reconsidere su decisión es, también, fundamental. Por si fueran pocas las diferencias surgidas en el seno del Consorcio, la cuantía de la indemnización a que tiene derecho Ruiz en el caso de que finalmente se marche divide a los socios.

Lo que sí parece claro es que si la autoridad ferroviaria saudí, el cliente, no acepta hacerse cargo de los sobrecostes, el Gobierno tiene claro que no acudirá a los tribunales internacionales de arbitraje, tal y como hizo con el canal de Panamá. Está claro que, al final, el contrato más emblemático firmado por España puede llegar a salir caro, muy caro.

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