Cuesta creer el desprecio por los trabajadores autónomos que han mostrado los principales partidos políticos españoles desde hace décadas. Cuesta creer las difíciles circunstancias legales, burocráticas o impositivas que han tenido que superar para poder salir adelante y crear empleo y riqueza. Yo mismo lo fui durante diez años antes de ser parlamentario vasco y sé perfectamente de lo que hablo. O casi. Porque yo ejercí en el País Vasco, donde las circunstancias que afectan a la cuestión son distintas de las del resto de España, por aquello de que este país adora el fetiche de la diferencia a ultranza, la parcelación del Estado y el mantenimiento de los privilegios territoriales (y además coloca el cartel de “progresista” a tamaños dislates). 

En todo caso, conocemos bien las difíciles circunstancias y las barreras de todo tipo que los autónomos han tenido que superar o las que directamente les han impedido progresar o incluso los dejaron tirados en el camino. Ahora, en parte, las cosas han comenzado a cambiar, y por fin se plantea abiertamente y parece que mayoritariamente la necesidad de introducir cambios muy sustanciosos que faciliten al autónomo abrirse camino y crear riqueza, sin otra premisa que disponer de una buena idea y voluntad de trabajo. 

Sin embargo, las nuevas medidas dirigidas a los trabajadores autónomos que se han puesto encima de la mesa son buenas pero insuficientes. Es necesaria una reforma seriamente planificada e integral en lugar de pequeños cambios superficiales que no atacan los problemas de raíz. En las últimas semanas parte de la actividad parlamentaria la ha ocupado el debate sobre la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo aprobada por el Congreso. Las medidas que, presumiblemente, entrarán en vigor en los próximos meses afectan a la extensión de la conocida como “tarifa plana” para nuevos autónomos, al cálculo de la cuota de autónomos en base a los días efectivos en que se está de alta, al reconocimiento de un mayor número de gastos deducibles o a las bonificaciones en supuestos como el de maternidad.

Sin duda, este conjunto de medidas ayuda a mejorar la situación de muchos trabajadores autónomos pero son  insuficientes (no digamos ya que llegan tarde para miles y miles de ellos), porque no solucionan los verdaderos problemas o al menos algunos de los principales problemas que dificultan la supervivencia económica de los autónomos o impiden el crecimiento de las pequeñas empresas en el medio y en el largo plazo. Por no recordar que todas estas medidas no compensan los grandes perjuicios indirectos que van a sufrir en 2017 si el Gobierno no actúa para evitarlo, como el incremento de la cuota de autónomos en más de 250 euros anuales que van a tener que soportar los autónomos societarios así como los que tengan más de 10 empleados como consecuencia del incremento en un 8% del Salario Mínimo Interprofesional aprobado para 2017, medida está última que en todo caso apoyamos y que tendrá efectos positivos para los trabajadores peor remunerados. 

Es prioritario que las medidas prometidas se cumplan pero también que la base de cotización a la Seguridad Social por parte de los trabajadores autónomos se calcule en base a sus rendimientos netos reales para evitar que cientos de miles de personas tengan que asumir unos costes sociales superiores a lo que les debiera corresponder. Además, deben equipararse mucho más los derechos sociales de este tipo de trabajadores con los de los trabajadores por cuenta ajena, especialmente en lo que a la prestación por cese de actividad se refiere. Además, debe terminarse con la discriminación negativa que sufren los autónomos societarios y con más de 10 trabajadores, equiparando sus cuotas a las del resto de autónomos. 

Y todo ello porque la mejor política de empleo consiste en que España tenga empresas estables que puedan crear riqueza. Luego será el Estado el que deberá desplegar políticas ambiciosas para lograr la distribución de la misma y una mayor justicia social. Pero éste es otro cantar. Y lo trataremos en otra ocasión. 

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Nací el 11 de noviembre de 1974: tengo, por tanto, 42 años. Soy Diplomado en Ciencias Empresariales, Técnico en Gestión Fiscal y Técnico Especialista en Administración y Dirección de Empresas. Milité desde muy joven en diversos movimientos sociales que se enfrentaron al terrorismo de ETA, como Denon Arten-Paz y Reconciliación (durante los primeros años de los años 90) y Basta Ya (desde finales de los años 90). Milité posteriormente y durante unos tres años en el PSE, partido político que abandoné en 2006 al comprobar que dejaba de ser un partido nacional y de defender la igualdad y por su política en relación a ETA. Me afilié a UPYD el 29 de setiembre de 2007, el mismo día en que se presentó públicamente en Madrid. Desde el 1 de marzo de 2009 hasta el 20 de octubre de 2016 fui parlamentario vasco por UPYD. He estado en la Dirección de UPYD desde 2009 y soy exportavoz nacional del partido. Portavoz de la Plataforma Ahora

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