En los próximos días, Ausbanc presentará concurso de acreedores ante un juzgado mercantil de Madrid, después de haber llegado a un acuerdo con los trabajadores para la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo de la totalidad de la plantilla, que este jueves han empezado a recibir las cartas de despido.

Entre los sueldos que han dejado de cobrar, tres en total, las indemnizaciones establecidas en el despido colectivo, y las facturas que se deben a colaboradores y proveedores, la asociación debe algo más del millón de euros. Una cantidad que no puede abonar porque las cuentas están bloqueadas por orden del juez Santiago Pedraz. Este ha dejado claro, además, que el patrimonio paralizado, que consta de varias fincas, inmuebles y dinero en efectivo, se destinara a hacer frente a eventuales indemnizaciones derivadas de las responsabilidades penales del Caso que instruye. Desde que ordenara la detención del principal responsable de la asociación, Luis Pineda, Pedraz sólo ha liberado pagos para hacer frente a los compromisos contraídos con Hacienda y la Seguridad Social.

No obstante, con la presentación del concurso de acreedores, la situación puede desbloquearse parcialmente. Se supone que el juez que se encargará, por reparto, de gestionar lo que hace tan sólo unos años se llamaba “suspensión de pagos” nombrará a los administradores concursales encargados de gestionar lo que, casi con toda seguridad, será la quiebra del grupo. Lógicamente, estos tendrán que pedir a Pedraz que desbloquee algunos elementos patrimoniales, sobre todo para hacer frente a los compromisos con los acreedores que se presenten al concurso. Hay que tener en cuenta que una gran parte de los abogados y colaboradores al margen de la plantilla laboral, han presentado en los juzgados reclamaciones de cantidades en procedimientos monitorios. El problema reside en la imposibilidad de notificar, ya que los domicilios se encuentran cerrados. La inactividad es total y no hay nadie encargado de recoger ni la correspondencia ni las notificaciones.

Y mientras los que se han personado en la causa de la Audiencia Nacional, comienzan a hacer números del perjuicio causado, los trabajadores se preguntan quién les va a abonar los salarios dejados de percibir. El Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA, organismo público dependiente del Ministerio de Trabajo, está preparando dinero para hacer frente a sus compromisos legales. Pero ese dinero no sobrepasa el ochenta por ciento del salario real a percibir y, entre unos y otros trámites, puede tardar como poco los seis meses.

En cuanto a las indemnizaciones pactadas, todo dependerá de la liquidez que puedan obtener los administradores concursales. Y hay que tener en cuenta que entre los perjudicados que se personan en las diligencias de la Audiencia Nacional se encuentran algunas administraciones públicas que reclaman la devolución de las subvenciones indebidamente cobradas. Entre ellas, la de Madrid pide cinco millones.

Y eso quiere decir que, al final, y según las prioridades que establece la Ley a la hora de hacer frente a los créditos concursales, los trabajadores se quedarán, de hecho, sin su indemnización. Igual que ocurrirá con los abogados y colaboradores externos.

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ocho − 2 =