Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra este jueves 9 de agosto, Alianza por la Solidaridad ha denunciado un aumento de “la persecución, acoso, criminalización y muerte” a líderes y lideresas indígenas de Centroamérica y Colombia. Además la ONG exige que se redacten leyes para promover inversiones empresariales responsables con la naturaleza.

En el caso de Colombia, desde la firma de los acuerdos de paz a finales de 2016, ya son 65 los líderes indígenas que han perdido la vida en varias regiones del país, según los últimos datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Detrás de estos crímenes se encuentran grupos ilegales que impunemente llegan a las comunidades indígenas para asentar sus actividades ilícitas, en un contexto de desprotección por parte de las autoridades.

Los líderes indígenas que se enfrentan a su presencia, en defensa de sus tierra y sus recursos naturales, son perseguidos y asesinados, sin que lleguen a esclarecerse los casos. ONIC recuerda que “en Colombia coexisten 102 pueblos indígenas,  de los que 64 se encuentra en riesgo de extinción física y cultural”.

En el caso de países como Guatemala también aumenta el acoso a las lideresas y líderes que, en este caso, defienden los bienes naturales frente a la llegada de inversores empresariales, quienes apoyados desde estamentos oficiales, afectan directa y negativamente los derechos de los pueblos indígenas. Sólo entre enero y julio, han sido asesinados 13 personas defensoras de derechos humanos en el país centroamericano y ha habido 135 casos de agresiones y 76 de criminalización, según datos de la organización UDEFEGUA. De este total, 32 agresiones han sido contra mujeres líderes.

Alianza por la Solidaridad también exige responsabilidades a las empresas españolas que operan en latinoamérica. La organización pone el ejemplo de la empresa Ecoener-Hidralia, “cuyo proyecto de construir una presa en el río indígena Cambalán provocó graves conflictos: persecución, asesinatos, criminalización y encarcelamientos de los líderes indígenas que defendían los derechos de sus comunidades”.

Ante esta situación, Alianza Internacional pide apoyo a “la elaboración de un tratado jurídico internacional, la revisión de la política de apoyo a la internacionalización de la empresas y la puesta en marcha de un programa de protección de defensores de los derechos humanos, con un incremento de las partidas presupuestarias a ello a través de la AECID”.

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